Norma Piña, presidenta de la SCJN, sostuvo que «la independencia judicial es un pilar esencial de la democracia».
La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña. aseveró que no debe confundirse colaboración con subordinación en la relación entre los poderes Ejecutivo y Judicial.
Durante el 19 Congreso Nacional de la Barra Mexicana de Abogados (BMA), en Querétaro, Piña aseguró:
“La independencia judicial es la principal garantía de imparcialidad del Poder Judicial, siempre en beneficio de la sociedad, en beneficio de nuestro país y como sociedad debemos tener muy claro que en una recta interpretación de nuestra Constitución, no debemos confundir nunca la colaboración y el diálogo entre los poderes del Estado, con la subordinación del Poder Judicial Federal frente a los otros poderes”.
Además, sostuvo que “la independencia judicial es un pilar esencial de la democracia y de la protección de los derechos”.
“La independencia judicial, y tiene que quedar muy claro, no es un privilegio de los jueces, es un derecho de los justiciables, es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos”, anotó Norma Piña.
Y agregó que “una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, no tiene Constitución”.
Esto se suma a otros mensajes que desde el Poder Judicial defienden su autonomía.
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Ayer, el ministro Luis María Aguilar llamó “mandadero” al juzgador que atiende intereses ajenos a la Constitución.
El pasado 5 de febrero, el ministro Alberto Pérez Dayán -en representación de Norma Piña- señaló que “por encima de la Constitución no hay poder alguno, nada ni nadie. No permitamos que esto se olvide o se confunda”.
Todo esto ocurre en la misma semana que el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que el exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldívar le ayudaba al gobierno a influir en las decisiones de jueces para evitar que criminales salieran de prisión.