En 2019, TEPJF resolvió que las personas en prisión preventiva tienen derecho a votar como cualquier otra con ciudadanía.
REDACCIÓN DW
México permitirá por primera vez que casi 93.000 personas que están en prisión preventiva en 282 cárceles del país voten en las elecciones presidenciales de 2024, según decidió este viernes (03.11.2023) el Instituto Nacional Electoral (INE).
Hasta ahora, esto solo era posible a nivel estatal y en 2021 las personas reclusas votaron en las elecciones a congresistas federales.
«Con esta propuesta se contribuye a la promoción, respeto, protección y garantía de derecho al voto de las personas en prisión preventiva y en consecuencia se fortalece el ejercicio a sus derechos humanos”, dijo en la sesión el consejero Martín Faz, presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral.
Las personas que están privadas de la libertad podrán votar en las presidenciales, pero lo harán de forma anticipada -del 6 al 20 de mayo de 2024- y, en aquellas entidades que tengan legislado dicho ejercicio, podrán hacerlo también para cargos locales.
En el caso de Ciudad de México, podrán votar para la jefatura de Gobierno, diputaciones y alcaldías; en Chiapas por la gubernatura, diputaciones y ayuntamientos, mientras que en Hidalgo por gobiernos municipales.
El INE detalló que el escrutinio y cómputo de la votación se realizará en las mesas aprobadas por los consejos distritales, mientras que la incorporación de los resultados a los sistemas electorales lo realizarán el Instituto y los organismos públicos locales conforme a cada tipo de elección.
A las personas presas que quieran participar, se les incluirá en la Lista Nominal, pero no se les entregará credencial físicamente y se considerará como domicilio el Centro Penitenciario en el que estén recluidas.
Desde 2019, las autoridades electorales organizaron una primera prueba piloto para garantizar este derecho a esta población.
Esto por la solicitud del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que en 2019 resolvió que las personas en prisión preventiva tienen derecho a votar como cualquier otra con ciudadanía, aunque pierden esta garantía por su condición jurídica, según las leyes mexicanas.
En este sentido, el INE realizó una prueba piloto en 2021 para garantizar dicha prerrogativa, lo que tuvo un resultado de participación superior al 94 % en cinco centros penitenciarios mexicanos.
ama (efe, milenio, tv azteca)