Pese el despliegue militar y policial en el estado, Veracruz padece de nuevo la pesadilla causada por grupos criminales. Para colectivos de búsqueda de desaparecidos, este terror se entiende por la colusión de las autoridades con el narco.
FLAVIA MORALES / PROCESO
XALAPA, Ver. (Proceso).– Pese a la llegada de cientos de soldados, de agentes de la Guardia Nacional y de la policía estatal, los operativos para reforzar la seguridad pública en la región norte de Veracruz no han contenido la ola de violencia que ha causado al menos 70 asesinatos en los últimos meses.
El reciente hallazgo de más de 17 cuerpos desmembrados en congeladores en dos inmuebles en Poza Rica, donde también se liberó a personas privadas de su libertad, refleja una cara de la escalada violenta en el estado.
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Según el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, estos actos de terror son causados por la pelea por la plaza entre seis grupos de la delincuencia organizada, así como por la detención de jefes de cárteles.
La crisis de seguridad pública se agravó en diciembre de 2022, con el asesinato de José Luis Quinto, comandante de la policía de El Espinal, cuyo cuerpo fue abandonado con un narcomensaje. A ese episodio siguió un ataque a bares a unas horas de iniciado 2023, que dejó un saldo de ocho muertos; semanas más tarde se cometió el asesinato de Fernando Vega Pérez, alias el “Pino”, y su familia.
Desde entonces, la zona petrolera, que principalmente comprenden los municipios de Poza Rica, Tihuatlán, Coatzintla y Papantla, ha sido escenario de siete masacres, con 49 muertos; agresiones a bares, una media docena de hallazgos de restos humanos, ejecuciones y ataques con granada contra instalaciones de la policía.
En medio de este escenario de violencia el ayuntamiento de Poza Rica, que preside la leyenda del beisbol Fernando Luis, el “Pulpo” Remes, ha rotado cuatro veces la dirección de la policía municipal en los últimos ocho meses.
El cambio más reciente es el del comandante José Antonio Luna Hernández, quien apenas tenía dos meses en el cargo y fue relevado tras los hechos violentos en la región. Los mandos son designados desde la dirección operativa de la Secretaría de Seguridad Pública.
Luis Remes dijo en entrevista a medios locales estar “apesadumbrado” por los hechos de violencia en el municipio y reconoció una situación difícil con la policía local, pues “reciben invitaciones del mal para hacer compromisos, pero no los vamos a dejar”.
Muestra de la colusión de la policía local con grupos del crimen se demostró en mayo último, cuando la Fiscalía General de Veracruz detuvo a Francisco Arturo Cárdenas Cortes, director de Prevención del Delito y Seguridad Pública Municipal de Poza Rica – quien en marzo pasado había asumido el cargo–. Días antes de su captura fue señalado en narcomensajes por proteger al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Antes de asumir como jefe de la policía, Cárdenas era subdirector de Control y Seguimiento del Centro de Evaluación y Confianza, de la Secretaría de Seguridad Pública.
Junto con él fue detenido Alejandro Villegas Viveros, director de Prevención del Delito en Tihuatlán. Ambos acusados de estar vinculados a los hechos de violencia en la zona.
El gobierno del morenista Cuitláhuac García ha presumido la detención de al menos 22 personas relacionadas con estos crímenes, de los cuales cinco son policías municipales y están relacionados con el hallazgo de restos humanos en casas de seguridad.
Como parte de la estrategia para reforzar la seguridad también se instaló una base militar y otra de la Guardia Nacional en Tihuatlán. Pero su llegada de poco sirvió: a unos días del arribo del contingente, en abril último, fue atacado el bar Rommy, con saldo de seis muertos.
Las cifras oficiales del Sistema Nacional de Seguridad confirman el aumento de la inseguridad. Según la estadística oficial, entre enero y junio fueron reportados 55 homicidios dolosos en Poza Rica, Tihuatlán, Coatzintla y Papantla.
En seis meses la cifra rebasó ya la estadística anual de 2022, que registró 50 homicidios. De seguir así, la región romperá este 2023 el récord en homicidios dolosos de los últimos años.
También se incrementan las denuncias por desapariciones. De acuerdo con el registro nacional en la materia, Poza Rica duplicó las denuncias: de 25 en 2020 a 45 en 2023.
Mientras las cifras crecen, las organizaciones sociales alertan sobre el hallazgo de una mega fosa clandestina en Tihuatlán, con más de 70 cuerpos hasta la fecha.
Salir de noche, el error
En mayo último una llamada al 911 alertó a los elementos policiacos de movimientos sospechosos en un taller mecánico de la colonia Chapultepec, en Poza Rica.
Al realizar el cateo los elementos hallaron dos hieleras que contenían restos humanos. Entonces no se reveló la identidad ni el número de cuerpos encontrados.
La colonia se ubica a unos diez minutos de la colonia Jardines de Poza Rica, donde el lunes 14 de agosto se hallaron más de 13 restos en congeladores.
Pero antes de este descubrimiento, en mayo pasado, los grupos de la delincuencia arrojaron dos cuerpos embolsados en Papantla. Uno corresponde a la hija de un policía ministerial de la Fiscalía. Unas horas después dejaron cuerpos en bolsas en el centro de Poza Rica y dos granadas frente a las instalaciones de la policía municipal.
En total se contabilizaron siete hallazgos de restos embolsados en estos municipios que podrían sumar más de 20 cuerpos en los últimos meses.
La delincuencia también atacó a un par de elementos activos de la Delegación Regional de Transporte Público, con sede en Poza Rica, luego de una agresión armada en las instalaciones.
En abril pasado el agente de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial del Estado, Ernesto León Sánchez, fue privado de su libertad frente a las instalaciones de la corporación en Poza Rica.
El atentado en enero a tres bares, que dejó ocho personas muertas, no pudo evitarse pese a la promesa institucional de desplegar las Fuerza Armadas federales y colocar retenes de seguridad en las principales calles.
Entre enero y julio pasados, la Fiscalía General de Veracruz confirmó otros siete ataques a bares en los municipios de Poza Rica, Tihuatlán y Papantla, con una veintena de asesinatos.
Los grupos delincuenciales lanzaron advertencias en redes sociales sobre “limpias” en bares y enviaron mensajes a los dueños, quienes se autoimpusieron un toque de queda para establecer un horario y demandaron a la autoridad municipal seguridad y rondines en los lugares.
Salir de noche en Poza Rica resultó ser una aventura que podría causar la muerte. Las agresiones también hicieron merma en la comunidad estudiantil, que reconoció la suspensión de clases ante el hallazgo de restos en las principales calles de Papantla, catalogado como Pueblo Mágico.
En mayo último sicarios atacaron un bar en el centro de Papantla, que dejó un saldo de tres muertos y tres heridos. Los delincuentes utilizaron una cámara para videograbar el ataque.
La violencia toca a políticos
En enero pasado un ataque armado, donde murieron siete personas, entre ellas una familia completa, acaparó los titulares nacionales. Se trató de Fernando Vega Pérez, alias el “Pino” y su familia, quienes fueron agredidos cuando circulaban por la carretera Xalapa-Veracruz, a la altura de Las Bajadas, cerca del aeropuerto.
Vega Pérez fue candidato por la alcaldía de Coxquihui (al norte de Veracruz) abanderando a Fuerza Por México, pero perdió. El gobierno de Veracruz lo identificó como jefe de plaza de “El Espinal”, en el norte de Veracruz.
Entonces, el gobernador Cuitláhuac García dijo que el crimen se trató de un ajuste de cuentas. Vega Pérez estaba vinculado al ataque a bares.
En sus redes sociales el excandidato se había definido como lopezobradorista; y en su momento se deslindó de las acusaciones que lo vinculaban con la matanza de ocho personas en Poza Rica.
Apenas dos meses después, Everardo Rosales Espinoza, conocido como la “Cuca”, y una mujer identificada como su pareja fueron hallados muertos en un automóvil frente a una vivienda en el municipio de Coxquihui, al norte de Veracruz.
Everardo Rosales fue tesorero en el ayuntamiento durante la administración del exalcalde priista Reveriano Pérez Vega. En la pared de la vivienda, a unos metros del hallazgo, presuntos delincuentes dejaron un mensaje en el que advertían que las ejecuciones iban a continuar.
En mayo pasado una bomba molotov o explosivo casero fue lanzado contra la vivienda de la síndica del ayuntamiento de Zozocolco, Viviana Guerrero García, municipio ubicado en el norte de Veracruz, en la región del Totonacapan.
En julio Zayma Zoraya Zamora García, activista, empresaria y excandidata a la alcaldía de Poza Rica, fue asesinada a balazos cuando llegaba a su casa y negocio.
Unos días antes posteó en sus redes sociales que coordinó la visita del aspirante presidencial Adán Augusto López Hernández en su visita a la zona.
El gobernador Cuitláhuac García aseguró que hay seis grupos criminales que son escisiones de cárteles como Los Zetas, Cártel Jalisco Nueva Generación y Cártel del Golfo, que están en la pugna por controlar los territorios.
Sobre el hallazgo de 13 cuerpos en congeladores, dijo que se identificó a un grupo delincuencial que se autodenomina “Los Tercios” y días antes se detuvo a dos mandos delincuenciales, “El Hans” y “El Shrek”.
“Hay una disputa entre los grupos, un desequilibrio porque hemos agarrado a los jefes de plaza y eso ha generado acomodos, traiciones, venganzas entre los grupos (…) se están dando entre ellos”, explicó.
En una numeralia presentada en conferencia de prensa, el mandatario explicó que, de enero a mayo, la Fiscalía había detenido a 84 personas identificadas como responsables de actos de violencia de seis grupos delictivos, aunque no detalló nombres.
Pero los reportes policiacos detallan, por ejemplo, que el Grupo Escorpión (brazo armado del Cártel del Golfo) se atribuyó los ataques a bares en la región en enero.
Un reporte de la Secretaría de la Marina, en 2010, detalla que el Grupo Escorpión fue creado como guardia personal del exlíder del Cártel del Golfo Antonio Ezequiel Cárdenas Guillen, mejor conocido como Tony Tormenta, abatido por fuerzas federales en noviembre de ese año; y tras estos hechos, luego se alió con otro grupo delictivo en Tamaulipas.
También hay presencia del “Grupo Sombra” y “Gente Nueva”, este último se atribuyó el ataque a un bar en Papantla que dejó tres muertos.
Búsquedas en medio de la violencia
Los colectivos de familiares de desaparecidos en el norte de Veracruz denuncian que en el último año se ha recrudecido la violencia, y ahora realizan la búsqueda acompañados de policías para evitar agresiones.
“Esto de encontrar los cuerpos desmembrados en las calles parecía que ya se había calmado, pero estamos regresando a tiempos donde la violencia era muy fuerte y pone en riesgo a las familias que hacen búsqueda o investigación”, señalaron.
En el norte del estado, integrantes de la Red Unidos por los Derechos, AC, expusieron que, pese al despliegue militar y policial, la inseguridad no se ha logrado contener porque hay un contubernio.
Oscar Espino, asesor jurídico del colectivo María Herrera, advierte que, cuando la violencia se recrudece, hay un patrón de contubernio y una protección que se repite: “Si los grupos de la delincuencia ocupan los espacios como plaza, significa que no estás siendo eficiente como Estado para frenarlos porque esos espacios deben ser ocupados por la seguridad, no por los delincuentes. No es crimen organizado, es crimen autorizado”.
Tras los hallazgos de los restos en hieleras, los colectivos de desaparecidos dijeron que la Fiscalía Especializada en Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas se comprometió a entregar un informe de los indicios y hallazgos en las casas de seguridad, y a hacer con celeridad la identificación y confronta de los restos para conocer si corresponden con alguna denuncia por desaparición.
La inquietud de los colectivos tiene sustento. Apenas en mayo pasado la fiscalía veracruzana informó que, tras un enfrentamiento, se aseguró una casa de seguridad en la que se halló el cuerpo de Eduardo Herrera Pérez, quien fue reportado como desaparecido el 20 de abril pasado. Por los hechos hay tres detenidos.
Espino dijo que sospechan que la mayor parte de los hallazgos ubicados en dos casas de seguridad corresponden a casos recientes de desaparición.
En medio de este clima de inseguridad, el gobernador Cuitláhuac García informó la llegada de más de 700 elementos de seguridad de la Marina, Ejército y Guardia Nacional.
En ese contexto, Poza Rica será sede del torneo nacional del Street Soccer, “De la calle a la cancha”, de la Fundación Telmex, que congregará a equipos de todo el país del 17 al 19 de agosto.