Habitantes del municipio de Coatzingo, Puebla, recién expulsaron de sus tierras a un grupo de personas que el alcalde les presentó como “empresarios” sinaloenses que pretendían montar negocios legales. El lugar que supuestamente sería una granja se encuentra asegurada por la FGR.
GABRIELA HERNÁNDEZ / PROCESO
COATZINGO, Pue (Proceso).– Unidos y organizados, los pobladores de este municipio de la mixteca poblana lograron sacar de su territorio a supuestos empresarios sinaloenses que llegaron con la pantalla de que invertirían en una granja de cerdos, cuando en realidad instalaron y operaban un laboratorio para la elaboración de drogas sintéticas.
El paraje “La Cástula”, donde los supuestos empresarios dejaron 51 tambos de 50 litros y 28 toneles de 200 litros con químicos, dos básculas y 12 quemadores, está asegurado desde el 22 de junio último por la Fiscalía General de la República (FGR) y es vigilado por elementos del Ejército y de la Guardia Nacional.
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En esta localidad, en especial en la Junta Auxiliar de Zaragoza –donde se ubica el predio asegurado– se vive un clima de tensión.
Los pobladores dicen estar sorprendidos de que, pese a lo ocurrido, las autoridades federales no hayan instrumentado patrullajes en la zona, ni emitieran reporte alguno.
La noticia sobre el narcolaboratorio apenas se publicó como un trascendido en algunos medios locales.
En las desoladas carreteras y caminos vecinales sólo transitan patrullas municipales y estatales, pero los habitantes desconfían de esas corporaciones, pues dicen que el presidente municipal, Abel Chávez Orea, se mostró cercano con los dueños del predio asegurado y, estos mismos, presumieron ante ellos contar con “influencias” en el gobierno del estado.
“Nosotros en Puebla tenemos buena influencia con el gobierno, estamos bien (con ellos), gracias a Dios”, se escucha decir a uno de los sinaloenses en un audio proporcionado a Proceso.
Chávez llegó a la presidencia municipal por el partido Redes Sociales Progresistas, pero ahora busca reelegirse por Morena, con el apoyo de Julio Huerta Gómez, exsecretario de Gobernación de Puebla, aspirante a la gubernatura por ese partido y primo del fallecido gobernador Miguel Barbosa Huerta.
Fue el 17 de junio pasado, en una asamblea abierta, cuando más de 500 pobladores decidieron declarar personas “non gratas” a los supuestos inversionistas sinaloenses que tenían más de mes y medio de haber llegado al municipio. Les dieron de plazo al día 21 de ese mes para que se fueran.
Un día después de que esas personas se retiraron de Coatzingo –el 20 de junio último– los vecinos acudieron al paraje donde operaban los sinaloenses y descubrieron que habían dejado tambos que “olían muy feo”. Entonces dieron parte a las autoridades, que sólo acudieron para asegurar el lugar, sin que hubiera algún detenido.
A casi tres meses de esos hechos los habitantes dicen desconocer qué tipo de droga se elaboraba en el presunto laboratorio; afirman que sólo un elemento de la FGR, que vino hace unos días, les confirmó que las sustancias dieron positivo a precursores para la elaboración de estupefacientes. Oficialmente no les ha dicho nada.
Los pobladores tampoco tienen certeza si los sujetos a los que expulsaron de esa localidad pertenecían a un grupo delincuencial. Por inferencia, después que dos se identificaron como originarios de Culiacán, presumen que pueden ser parte del Cártel de Sinaloa. Pero, aunque han preguntado a las autoridades, perciben un silencio oficial sobre esos hechos.
A la fecha, los pobladores no tienen claro si los supuestos delincuentes dejaron esos químicos e instrumentos en el terreno porque ya no tuvieron espacio en el camión y la camioneta que usaron para desalojar “La Cástula” o si pretendían regresar para recuperar el material, pero ya no pudieron hacerlo por la presencia los militares.
Un grupo de vecinos ha pedido al alcalde y los regidores que, después de estos hechos, hagan un llamado a la federación para que refuerce la protección de la zona, pero no han tenido respuesta.
El presidente municipal, incluso, ha tachado de “chismosos” a los denunciantes y ha divulgado que los toneles –que custodia el Ejército y la Guardia Nacional– realmente contienen diésel y agua.
“El gobierno no le está dando la importancia que debiera, ya se metieron solicitudes, ya se habló con el gobernador y hasta ahorita no vemos nada”, declara uno de los vecinos entrevistados bajo la condición de anonimato y que señala que la mayor preocupación que tienen es por la seguridad de sus familias.
Los habitantes se han percatado que todos los días, alrededor de las diez de la mañana, una avioneta sobrevuela la zona y vehículos y motocicletas todoterreno circulan por las cercanías.
En la zona corren las versiones de que los mismos presuntos empresarios rentaron terrenos en San Mateo Mimiapan, municipio de Zacapala, y que podrían estar en la localidad de Patlanoaya, Ahuatlán, en la misma región.
Los vecinos refieren que entregaron un escrito a la 25 Zona Militar para solicitar que se instale de manera permanente un destacamento en esta localidad y hasta les ofrecieron un espacio, pero no han tenido respuesta.
Aunque hay militares y elementos federales en el terreno asegurado, éstos no realizan patrullajes. “Además, el problema mayor puede venir cuando ellos (los militares) se vayan”, dice uno de los entrevistados.
El Consejo Binacional de Organizaciones Comunitarias Mexicanas (CBOC), que integra a connacionales oriundos de Puebla radicados en el sur de California, Estados Unidos, entregó al gobernador Salomón Céspedes Peregrina un escrito para poner de manifiesto la preocupación por la situación de inseguridad que se vive en la región Mixteca, en especial de Coatzingo y Ahuatlán, “donde se presume existe la presencia de células del crimen organizado”.
“Estamos bien con el gobierno”
Había múltiples razones para sospechar de los fuereños que hablaban con un marcado acento norteño y tenían más de 15 “plebes” trabajando en el escondido terreno, en los límites con Ahuatlán y al margen del río Atoyac.
“¿Por qué venir desde Culiacán, Sinaloa, a instalar una granja de puercos en un paraje lejano y de muy complicado acceso?”, cuestiona uno de los vecinos, quien agrega que nunca vieron un solo cerdo.
Otra razón era que transitaban la mayor parte del tiempo después de la medianoche y, en lugar de usar la carretera, lo hacían por veredas, en vehículos todoterreno y con camiones de carga.
“El presidente municipal nos decía que era gente buena, de trabajo, que quería invertir en el pueblo”, recuerda. “Pero nosotros desde que vimos a esas personas nos dimos cuenta que no era gente de campo. Nos daban mala espina”.
Además, los trabajadores de los supuestos empresarios empezaron a tener conductas de prepotencia con la población, como “quemar llanta” frente a una escuela o amenazar a quien se acercara al terreno donde estaban instalados.
El 13 de junio pasdado un grupo de pobladores se reunió en la presidencia municipal con tres de ellos: uno nacido en Tijuana, pero con familia en la vecina localidad de Tenango, y los otros dos de Culiacán, que dijeron ser los dueños de la granja.
Luego de ser presentados por el presidente municipal, los sujetos les ofrecieron que podrían también rentarles sus tierras. “Venimos nosotros a trabajar”, se escucha en la grabación que tiene este medio, “queremos sembrar maíz y tomate y meter ganado y lo de los puercos, y hacer fertilizante”.
–¿Y por qué eligieron Coatzingo? –preguntaron los pobladores.
–Como dijo el presidente (municipal), a veces buscamos las tierras por vía satélite y muchas veces nos guiamos nosotros porque ya nos ha pasado que nos han querido extorsionar, ¿sí me entiendes?, hay problemas donde sea; entonces buscamos áreas tranquilas para poder trabajar.
–Pero ¿quién les dijo que aquí es tranquilo? Aquí tenemos problemas de inseguridad y más por esa zona donde se instalaron –les rebatieron los vecinos.
–Es lo que ya nos han dicho, pero nosotros en Puebla tenemos buena influencia con el gobierno; estamos bien gracias a Dios, o sea que cualquier cosita podemos, o sea, que le pongan atención al pueblo y mandar traer, que ande el gobierno o algo así, cualquier detallito. Ahí tenemos buena influencia, estamos bien nosotros ahí.
Y todavía, como para acabar de convencerlos, los empresarios agregaron: “Traemos buena cultura, pues como le digo, alguien que le diga ‘pues vengo de Jalisco, van a decir, pues me va a cobrar piso’, yo soy sinaloense y gracias a Dios los sinaloenses donde nos paramos estamos bien y somos trabajadores y somos fuente de ingreso para mucha gente”.
El grupo de pobladores propuso a los empresarios que se presentaran en una asamblea pública y que fuera el pueblo el que decidiera si podían quedarse.
Uno de los vecinos narra que en esa ocasión les pidieron credenciales de elector para identificarlos, pero sólo uno de ellos llevaba, y los otros quedaron de presentarla al día siguiente, cosa que ya no ocurrió.
Al día siguiente de esa reunión Chávez Orea convocó a los integrantes del Sistema de Riego y les ofreció mil 500 litros de diésel como un apoyo por parte de los “empresarios”, pero la agrupación no los aceptó.
Aunque el edil se negó después a convocar a la asamblea abierta, los pobladores lo hicieron por cuenta propia.
La reunión se realizó el 17 de junio pasado y se publicó íntegra en Facebook. Unos 500 vecinos confrontaron al edil y le reclamaron por no haberlos consultado para permitir que esos sujetos se instalaran en la comunidad.
El alcalde Chávez Orea negó cualquier vínculo o interés con los inversionistas y argumentó que ellos se presentaron cuando ya habían contactado al dueño del terreno para rentarlo.
“¿Les digo una cosa? Un delincuente nunca se presenta ante las autoridades”, justificó el presidente municipal para convencerlos de que estaban haciendo “un gran alboroto”.
No obstante, el presidente del comisariado ejidal, Gilberto Rodríguez Orta, reveló públicamente que estuvo presente cuando el edil llamó al dueño del paraje para gestionar que lo rentara a los empresarios.
Por votación mayoritaria, los vecinos elaboraron un acta para ordenar a la “gente de Sinaloa” que “sacaran sus cosas” y se fueran de ese municipio.
El 19 de junio último pobladores, autoridades municipales de Coatzingo y del vecino Ahuatlán, así como los propios empresarios fueron citados en la Secretaría de Gobernación del estado, en la ciudad de Puebla, para mediar una solución al conflicto.
Sin embargo, para ese día Chávez Orea comunicó a los asistentes que los sinaloenses no se presentarían porque ya habían decidido retirarse del lugar.
“Nos dijo el presidente (municipal) que lo único que pedían es que no les tocáramos sus cosas porque entonces sí habría problemas”, relata uno de los testigos.
Agrega que el director de Delegaciones de la Secretaría de Gobernación del estado, Edgar Alejandro Gómez Ríos, recriminó a los vecinos que, por su posición conflictiva, se había perdido una importante inversión para esa comunidad.
El 20 de junio pasado las personas vinieron a Coatzingo a sacar sus cosas en un camión y una camioneta. Al día siguiente los lugareños fueron al predio donde encontraron los tambos y denunciaron a las autoridades.
Rondas comunitarias
Aquí los lugareños han organizado desde hace años rondas comunitarias, junto con sus vecinos de Huehuetlán el Grande y de San Juan Epatlán, para contrarrestar la inseguridad que asola a la Mixteca poblana, una región estratégica para la delincuencia por contar con múltiples carreteras, veredas y caminos que son poco vigilados y comunican a Guerrero, Oaxaca, Morelos y la Ciudad de México.
En 2012 decenas de pobladores, incluidos paisanos radicados en California, se agruparon para combatir, junto con las autoridades, a una banda de secuestradores que operaba en estos municipios.
Antes la inseguridad provenía de grupos delictivos locales. Pero ahora, en la mayoría de los municipios de esta región operan los cárteles nacionales, en particular Los Rojos –por las cercanías con Guerrero– y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Así, los descuartizados, embolsados y las ejecuciones masivas se han convertido en nota diaria en la región Mixteca.
No obstante, la presencia de la Guardia Nacional es casi nula. Según los habitantes, había una base en el cruce Las Palomas, entre Telcingo y Acatlán, y otro más en el municipio de Jolalpan, pero fueron retirados hace años.
Los patrullajes comunitarios, llamados Fuerza Territorial Poblana, permitieron detectar los vehículos de los supuestos empresarios sinaloenses, dicen los entrevistados; de otra forma podrían ser que aún estuvieran operando en “La Cástula”. También, añaden, tuvo que ver la reacción firme que asumieronen la asamblea.
Y es posible que los “seudo empresarios” temieran acabar como víctimas de un linchamiento, fenómeno muy presente en Puebla.
En la Mixteca las autodefensas llegaron a agrupar a más de 700 pobladores armados, pero el 21 de julio de 2022 el líder de Fuerza Territorial Poblana, Eloy Merino Mendoza, y cinco integrantes más fueron asesinados en una emboscada, presuntamente por el grupo delincuencial Los Rojos.
Al mismo tiempo el entonces gobernador Miguel Barbosa Huerta acusó al grupo de actuar “en la ilegalidad”, lo que debilitó y dividió a la organización.