La Cancillería mexicana descarta que la detención esté relacionada con la visita del presidente Biden a México
ELÍAS CAMHAJI / EL PAÍS
Tráfico de cocaína, metanfetaminas y marihuana. Esas son las sustancias en el centro de la acusación contra Ovidio Guzmán, alias El Ratón, en Estados Unidos. La única causa conocida contra el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, fundador y líder histórico del Cartel de Sinaloa, está abierta ante una corte de Washington D.C. y se centra en un cargo por narcotráfico, aunque las autoridades afirman que Guzmán también está detrás de varios asesinatos. La captura del capo ha desatado una espiral de caos y violencia en el Estado de Sinaloa, bastión de la organización criminal, y se ha producido a tan solo cuatro días de que el presidente estadounidense, Joe Biden, aterrice en Ciudad de México para acudir a la Cumbre de Líderes de América del Norte. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, ha señalado este jueves que existe una solicitud de extradición desde septiembre de 2019, pero ha descartado que el arresto tenga relación con la visita de Biden la próxima semana.
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“No tiene qué ver, este operativo se mantuvo en extrema reserva por parte de las autoridades encargas de hacerlo y no hubo ninguna consulta política en el Gabinete”, ha asegurado Ebrard, cuestionado sobre si la detención de Guzmán se trataba de un “regalo” para la Casa Blanca. El secretario ha comentado que es poco probable que el hijo de El Chapo sea extraditado en los próximos días porque el proceso de extradición toma tiempo y porque también hay procedimientos judiciales abiertos en México. La captura se produjo por una orden en el país y no por la solicitud de detención emitida por Washington, ha señalado. “Al día de hoy, yo esperaría un proceso aquí en México”, ha advertido. Ebrard ha dicho que las autoridades estadounidenses no tuvieron participación en el operativo contra Guzmán, al menos en el terreno.
EL PAÍS adelantó hace unos meses que Estados Unidos pidió a México aumentar el número de extradiciones cada año como parte de los acuerdos bilaterales de Seguridad, hasta alcanzar una cifra de 60 acusados cada año, de acuerdo con una masiva filtración de documentos confidenciales del Ejército mexicano. El Ratón se suma a una lista de deseos de las autoridades estadounidenses para juzgar a narcotraficantes de alto perfil como Rafael Caro Quintero, detenido en julio del año pasado en la sierra de Sinaloa. Caro Quintero, por ejemplo, aún no ha sido trasladado gracias a que sus abogados han logrado retrasar el proceso.
El hijo de El Chapo fue identificado por las autoridades mexicanas como líder de Los Chapitos, una escisión del Cartel de Sinaloa con amplia presencia en el noroeste del país. No han dado a conocer, sin embargo, los delitos que se le imputan. Del otro lado de la frontera, la historia es diferente. La Fiscalía del Distrito de Columbia lo acusa directamente de traficar una tonelada de marihuana y al menos cinco kilogramos de cocaína, un delito grave, según la justicia estadounidense. El historial criminal del capo se expande desde hace más de una década, desde abril de 2008, cuando apenas tenía 18 años.
La acusación en Estados Unidos data precisamente de julio de 2017, pero se mantuvo clasificada hasta enero de 2019. Fue hasta septiembre de ese año, sin embargo, cuando Washington presentó la solicitud de extradición a México. Prácticamente, un mes después, el 17 de octubre de 2019, las autoridades mexicanas capturaron por primera vez a Guzmán en Culiacán, la capital de Sinaloa. Los narcobloqueos, tiroteos y motines que se registraron en la ciudad hicieron que Andrés Manuel López Obrador diera la orden de liberarlo. El fiasco pasó a la historia como el Culiacanazoy significó uno de los puntos más bajos del actual Gobierno.
La orden de detención de Estados Unidos es un documento de apenas cuatro páginas y está acompañada de una solicitud de confiscación de todos los bienes de Guzmán en Estados Unidos, financiados supuestamente por sus actividades criminales. Incluye la agravante de “incitación al crimen”, una figura legal en ese país que castiga cuando una persona convence a otras de que cometan un delito. No se identifica a Guzmán con ningún abogado que lo defienda en el escueto sumario judicial. Es posible que otras acusaciones presentadas ante cortes en otros Estados estén clasificadas. El Departamento de Estado ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por información que facilitara la captura de El Ratón.
Las autoridades de EE UU han revelado que tienen más información sobre el poder de Guzmán de la que se ha hecho pública en los tribunales. Ovidio y su hermano Joaquín Guzmán López son señalados como los herederos de El Chapo y de su hermano Édgar Guzmán López, asesinado en mayo de 2008 en medio de una refriega de más de 500 disparos en un centro comercial de Culiacán. “Tras la muerte de Édgar, Ovidio y Joaquín heredaron buena parte de las ganancias del narcotráfico y comenzaron a invertir grandes cantidades de efectivo para comprar marihuana en México y cocaína en Colombia”, se lee en un perfil del Gobierno estadounidense.
“También empezaron a comprar grandes cantidades de efedrina desde Argentina, gestionaron el contrabando del producto a México para incursionar en la producción de metanfetaminas”, dice el informe. En la capital estadounidense se le acusa de importar al menos 500 gramos de metanfetaminas. En cambio, el Departamento de Estado asegura que los hermanos Guzmán supervisaban 11 laboratorios clandestinos en Sinaloa, con una capacidad de producción de hasta casi 2.500 kilos al mes. “La metanfetamina es vendida al mayoreo a otros miembros del cartel y a distribuidores en Estados Unidos y Canadá”, asegura la Casa Blanca. “Otras fuentes indican que Ovidio Guzmán López ha ordenado el asesinato de informantes, un narcotraficante y una famosa cantante mexicana que se negó a cantar en su boda”, se agrega.
El momento de la detención, en las vísperas de la primera visita de un presidente estadounidense a México en casi 10 años, ha levantado dudas. La versión oficial es que es una coincidencia. La captura se dio, de hecho, en un mar de coincidencias. El juicio en Nueva York contra Genaro García Luna, jefe de la Policía durante el Gobierno de Felipe Calderón, está programado para el próximo 17 de enero. El exsecretario de Seguridad Pública es acusado de narcotráfico y de haber mantenido nexos con el Cartel de Sinaloa. Es el caso de más alto perfil contra un exfuncionario mexicano en Estados Unidos, solo comparable con el proceso contra el exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos en 2020, que no llegó a los tribunales.
Más coincidencias: el exgobernador priista César Duarte fue detenido por corrupción el 8 de julio de 2020 en Miami, justo el mismo día que López Obrador se reunió con Donald Trump en Washington. Antes, en febrero de 2017, El Chapo fue extraditado a Estados Unidos, poco más de un mes después de la toma de posesión de Trump, en lo que se leyó en México como un intento de apaciguar el discurso antimexicano del político republicano. El mayor traficante del mundo fue condenado a cadena perpetua en 2019 por el juez Brian Cogan, el mismo que decidirá el destino de García Luna en las próximas semanas. Su hijo Ovidio fue internado hace unas horas en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Es la misma de la que se fugó El Chapo en 2015, tras escapar en un túnel de 1,5 kilómetros, acondicionado con iluminación, ventilación, rieles y una motocicleta para facilitar su huida.
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