MARTÍN HERNÁNDEZ ALCÁNTARA / LA JORNADA DE ORIENTE
La introducción masiva de la industria manufacturera de exportación en las comunidades de la cuenca del Alto Atoyac produjo también, como uno de sus más graves impactos, el surgimiento y la proliferación de bandas de tratantes de mujeres y niñas con fines de explotación sexual que hoy en la Cuenca Atoyac-Zahuapan operan en la región industrial de la cuenca del río Zahuapan y han convertido a Tlaxcala en el estado con la mayor tasa de incidencia de este delito en todo el país, advierte un estudio del Centro Fray Julián Garcés.
En un documento del 21 de marzo de 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 10/2017, dirigida al Ejecutivo Federal, representado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris), además de los gobiernos de los estados de Puebla y Tlaxcala, así como las autoridades municipales de San Martín Texmelucan y Huejotzingo, en Puebla e Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tepetitla de Lardizábal y Nativitas, en Tlaxcala. La Recomendación fue emitida a estas autoridades por la violación de los derechos humanos (el derecho a un medio ambiente sano, el derecho al saneamiento del agua y el derecho a la información, entre otros) de quienes habitan y transitan en el territorio de estos municipios y otros más que conforman la cuenca del Alto Atoyac, ocasionada por la contaminación de los ríos Atoyac, Xochiac, Zahuapan y sus afluentes.
La recomendación es la respuesta de la CNDH a una queja interpuesta seis años antes por un grupo de pobladores de varias comunidades de los municipios señalados en la recomendación, agrupados en la Coordinadora por un Atoyac con Vida, quienes han denunciado –por más de 20 años– los impactos catastróficos de la contaminación de la cuenca del Alto Atoyac en la vida comunitaria, la cultura, la economía, el ambiente y, principalmente, en la salud de los habitantes de la cuenca, ante autoridades federales, estatales y municipales omisas, negligentes o abiertamente corruptas en su respuesta a los reclamos sociales, llegando incluso al extremo de la simulación de planes de saneamiento y atención para los afectados. La recomendación de la CNDH constituye un reconocimiento de la perseverancia de los pobladores de las comunidades de Puebla y Tlaxcala, para quienes la lucha por el saneamiento de la cuenca del Atoyac no es algo nuevo. Esta lucha comenzó hace más de dos décadas con la organización de un grupo de pobladores de las comunidades de Puebla y Tlaxcala que fueron las primeras afectadas por la llegada de la industria, algunos de los cuales eran extrabajadores del mismo Complejo Petroquímico Independencia, de Pemex, que se unieron a campesinos y vecinos de Ixtacuixtla que fueron quienes documentaron los primeros casos de leucemia y cáncer en las comunidades vecinas de Pemex y de los corredores industriales.
Posteriormente, hace poco más de 20 años, surgió la Coordinadora Por un Atoyac con Vida, cuya lucha por obtener justicia para las comunidades de las cuencas de los ríos Atoyac, Xochiac, Zahuapan y sus afluentes no se ha agotado, especialmente ahora que fue publicada la recomendación de la CNDH, la cual representa un punto intermedio en la lucha, debido a que todavía está pendiente de diseñarse y aplicarse un Plan Integral de Saneamiento que incluya “la voz de las y los afectados, que renuncie a la vieja y conocida práctica de la simulación gubernamental, al desprecio disfrazado de paternalismo y condescendencia y a la corrupción, que termina repitiendo y multiplicando la violencia y la injusticia contra los agraviados. Por ello, las propuestas que a continuación presentamos, la Coordinadora por un Atoyac con Vida, la Red de Jóvenes en Defensa de los pueblos, el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C., el Consejo Ciudadano por la Dignificación de Ixtacuixtla A.C., la Pastoral de Derechos Humanos y la Pastoral Social de la Diócesis de Tlaxcala expresa un reclamo comunitario fundamental: el Estado mexicano debe dejar de simular el cumplimiento de su obligación constitucional de garantizar el ejercicio de los derechos individuales y colectivos y actuar, de una vez por todas, en beneficio de la población a la que la Ley le ordena debe representar.
“La restauración integral de la cuenca del Alto Atoyac requerirá de tiempo, compromiso, trabajo eficaz, apertura y honestidad institucional (actualmente de casi nula existencia) y participación de las comunidades, que durante años ha sido inhibida, coartada y hasta reprimida por las autoridades cuando reclama el respeto a sus derechos. La Propuesta Comunitaria para el Saneamiento Integral de la Cuenca Atoyac-Zahuapan tiene como propósito explícito contribuir a enmendar una grave injusticia: las comunidades de la cuenca han sufrido innecesariamente, por más de dos décadas, la violación de sus derechos a un medio ambiente sano, al saneamiento del agua, a la información, a la salud, a la alimentación, al acceso a la justicia, a conservar los usos y costumbres de las comunidades en torno a la cuenca del Atoyac, a preservar la vida de las generaciones presentes y futuras, entre otros, claramente establecidos en nuestra Constitución y en los Tratados Internacionales que sobre la materia ha firmado y ratificado el gobierno mexicano y que lo obligan a garantizarlos a plenitud para todas y todos nosotros, sin excepción.
“Asimismo, esta propuesta busca hacer efectiva la vivencia de los derechos humanos en las comunidades afectadas, a través de un proceso colectivo de discusión y aporte generoso de opiniones de ejidatarios, integrantes de la Pastoral Social, la Pastoral de Derechos Humanos y vecinos de varias comunidades. Recuérdese, por ejemplo, que en mayo de 2007, los pobladores de Santa Ana Xalmimilulco, Puebla, fueron reprimidos por la fuerza pública cuando exigieron la clausura de la empresa Ecotérmica de Oriente, dedicada a la incineración de residuos biológicoinfecciosos (véase La Jornada, “Reprimen granaderos protesta contra una empresa en Puebla”, 08 de mayo de 2007. Disponible en: http://www.jornada.unam. mx/2007/05/09/index.php?section=estados&article=040n1est).
“En la construcción de esta propuesta las comunidades han sido el verdadero agente de cambio. En ese sentido, la propuesta que aquí se presenta es un recordatorio de que las comunidades son el sujeto de derecho cuyo reclamo debe ser atendido por el sujeto obligado, que son las instituciones del Estado, responsables de garantizar el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos, así como de responder por su violación y reparar los daños que se hayan cometido, con apego a los principios establecidos por nuestra legislación y el derecho internacional”.
La recomendación establece un plazo de seis meses a partir de la aceptación de su contenido por parte de las autoridades correspondientes, para conformar una Comisión Interinstitucional (con participación de la sociedad civil) que se encargue de elaborar un Plan Integral de Restauración Ecológica o Saneamiento que remedie la contaminación que, en opinión de la CNDH, a partir del examen de la evidencia existente, es la causa primordial de la incidencia de numerosas enfermedades en la población de las comunidades de la ribera de los ríos Atoyac, Xochiac, Zahuapan y sus afluentes.
Fuente: https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/industrializacion-margenes-rio-atoyac-indujo-la-trata-de-ninas-y-mujeres/