Una nueva ley de Teherán fuerza una segregación de sexos en instituciones públicas, relegando a las mujeres a un segundo plano, y aumenta las penas hasta 10 años por incumplir el código de vestimenta.
LARA VILLALÓN / YO DONA
La pesadilla de Farah empezó con un sms que recibió el pasado mes de febrero. Anunciaba la apertura de un caso judicial en su contra por supuestamente violar la ley que obliga a las mujeres a cubrirse con un velo en los espacios públicos en Irán. «Dudé sobre si debía ir a comisaría o no. Tenía mucho miedo y tampoco recordaba haber sido avisada en la calle por la policía», explica Farah, que usa un pseudónimo para evitar represalias de las autoridades iraníes.
Oriunda de Teherán, la joven de 30 años fue avistada por la policía supuestamente mostrando su cabello en público en un parque, mientras paseaba con sus amigas. Farah cree que la identificaron porque había participado en las protestas contra el Gobierno que se desataron por todo el país en el último año, tras la muerte en custodia policial de la joven Mahsa Jina Amini, detenida por no llevar el velo islámico según el reglamento. La proclama ‘Mujer, vida, libertad’ pasó de ser una reivindicación por los derechos de las mujeres a una demanda del fin del régimen de los ayatolás, y la exigencia de mayores libertades y mejoras económicas.
Torturas en comisaría
Una vez en comisaría, el testimonio de Farah se convirtió en un interrogatorio en el que no le hicieron ni una pregunta sobre el velo. «Me mostraron imágenes de gente que conocía. Con algunos había ido al parque donde supuestamente la policía me vio, con otros no. Me quemaron con cigarrillos cuatro veces en la piernas, me dejaron horas sin agua y tampoco me permitieron ir al baño», relata.
La joven no reveló ninguna información sobre sus conocidos, porque una amiga suya había sido violada mientras estaba detenida. Finalmente, Farah fue condenada por rebeldía a dos meses de cárcel.
Situación crítica en Irán
Desde que se desataron las protestas por la muerte de Mahsa Amini, grupos proderechos humanos han denunciado centenares de violaciones, vejaciones y torturas de la policía. Así lo relata Narges Mohammadi, reciente Premio Nobel de la Paz, que cumple una pena de 10 años de prisión por su denuncia de las violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades iraníes.
Las detenciones arbitrarias y los maltratos en prisión no son nada nuevo en el país. Sin embargo, no han dejado de aumentar en el último año. «El poder judicial en Irán carece de independencia y supervisa un aparato represivo repleto de violaciones sistemáticas», explica Mansoureh Mills, investigadora de Amnistía Internacional. «Se deniega a los detenidos el acceso a un abogado, hay desapariciones forzadas y detenidos incomunicados. Los juzgados admiten confesiones bajo tortura y hay muchos juicios secretos que en nada se parecen a un proceso judicial normal», denuncia.
Las cifras del horror
Grupos de derechos humanos han contabilizado al menos 500 muertos en protestas y miles de personas heridas por disparos y golpes de la policía. Al menos 20.000 iraníes han sido arrestados y varias docenas de activistas continúan incomunicados.
En Irán se sigue aplicando la pena de muerte y las cifras de condenados por su participación en las protestas son espeluznantes. Al menos 20 personas han sido sentenciadas a pena de muerte y siete de ellas, ejecutadas.
Un Estado opaco
Pocas semanas después del inicio de las protestas, Teherán hizo amago de retirar la policía de la moral, que vigila la vestimenta de las mujeres en espacios públicos, pero la reintrodujo después. En un año no ha cedido a una sola de las reivindicaciones de los manifestantes.
Además, insiste en que las protestas están instigadas por poderes extranjeros y ha advertido en más de una ocasión que quien se sume a las protestas pagará un alto precio. La censura en internet y la hipervigilancia a los extranjeros, especialmente a los pertenecientes a organizaciones humanitarias, impide documentar el alcance de la represión. «Se ha vuelto muy difícil recopilar información sobre violaciones de derechos humanos», explica Mills, de Amnistía Internacional.
Acoso a Farah
Ante la dificultad de acceder a cifras exactas, el trabajo de activistas locales como la Premio Nobel de la Paz Mohammadi es imprescindible. Pero el acoso policial por denunciar las acciones de las autoridades es muy alto. «En dos ocasiones han entrado en mi casa cuando no estaba. Cambiaron cosas de sitio, dejaron un cigarrillo en la cocina. No sé si entraron para robar información de mi ordenador o sólo para asustarme», relata Farah.
A finales de septiembre pasado, Farah volvió a recibir un sms en el que se le comunicaba la apertura de un nuevo caso por no llevar velo y un segundo por sus publicaciones en redes sociales de hace cinco años. Al parecer, una cámara de vigilancia la identificó dentro de su vehículo conduciendo sin velo. «Es imposible, porque no tengo coche. Lo de las redes sociales es ridículo, ¿cómo se puede juzgar a alguien por lo que dijo hace cinco años? Es una persecución», denuncia.
La nueva ley
Este juicio puede acarrearle muchos más problemas. A mediados de septiembre el Parlamento iraní aprobó una nueva ley que incrementa los castigos por incumplir el código de vestimenta. Anteriormente, esta norma contemplaba de entre 10 días y dos meses de prisión por llevar mal o no llevar el velo islámico. La nueva legislación endurece la pena de cinco a 10 años de prisión, mientras que las multas también ascienden considerablemente, de los 10 euros hasta los 7.000. Este aumento es astronómico, teniendo en cuenta que el sueldo mínimo en Irán apenas supera los 200 euros al mes.
La ley también considera castigos de hasta 60 latigazos. «La policía sofoca las protestas y las fuerzas de seguridad detienen a las mujeres por no usar hiyab. Identifican a las que «violan la ley» y las detienen, obligándolas a confesar contra ellas mismas», describe Shiva Nazar Ahari, fundadora del Comité de Reporteros por los derechos humanos en Irán. «Su objetivo es aterrorizar a la gente. Se niegan a escuchar, sólo les importa mantener el statu quo», lamenta.
Vigiladas en todas las situaciones
La nueva normativa también reprime a las mujeres en diferentes situaciones. Contempla multas para quienes «promuevan la desnudez» o «se burlen del hiyab», en una clara alusión al acto de protesta de miles de mujeres que se han quitado o quemado el velo para exigir más libertades. También castiga a los dueños de comercios que atiendan a mujeres que incumplan el código de vestimenta. Exige la segregación por sexo en oficinas del Gobierno, universidades, hospitales y parques públicos, una normativa que ha sido interpretada por Naciones Unidas como «apartheid de género».
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«Podría describirse así, ya que las autoridades parecen estar gobernando mediante una discriminación sistemática con la intención de reprimir a las mujeres hasta su sumisión total», advirtió la organización. Para vigilar su cumplimiento, la legislación brinda a las autoridades más poderes y usar a su voluntad los sistemas de inteligencia. Estos también pueden ser una herramienta útil para denunciar los abusos de las autoridades.
Gracias a las cámaras de seguridad, se ha descubierto el caso de Armita Garawand, la joven de 16 años en coma y muerte cerebral tras haber sido agredida por la policía de la moral, que la quiso retener en el metro por no llevar velo. «¿Cuántas Mahsa Jina Amini, cuántas Armita Garawand podremos resistir como sociedad?», lamenta Farah. La joven aún no sabe cuándo será su juicio, aunque tiene mucho miedo. Si pudiera, saldría del país a buscar suerte en otro lugar. «Pero ningún sitio es seguro. Si no me encuentran, detendrán a mi familia», concluye.
Fuente: https://www.elmundo.es/yodona/actualidad/2023/11/07/6548e1c1fc6c830a5e8b457e.html