Las cifras de FGR, entregadas en una solicitud de transparencia, indican que entre 2012 —último año de Felipe Calderón e inicio del mandato de Enrique Peña Nieto— y el pasado mes de abril de este 2023, se habían asegurado, en los 32 estados del país, 105,358 piezas de armamento; 41,341 largas y 64,017 cortas.
HÉCTOR MOLINA / IVÁN RODRÍGUEZ / EL ECONOMISTA
A nte el flujo de miles de armas que anualmente ingresan a México de manera ilegal, la mayoría provenientes de Estados Unidos, el gobierno federal sólo logra interceptar cinco de cada 100 piezas, según muestran datos de la Fiscalía General de la República (FGR).
Las cifras de FGR, entregadas en una solicitud de transparencia, indican que entre 2012 —último año de Felipe Calderón e inicio del mandato de Enrique Peña Nieto— y el pasado mes de abril de este 2023, se habían asegurado, en los 32 estados del país, 105,358 piezas de armamento; 41,341 largas y 64,017 cortas.
Cada año a México ingresan unas 200,000 armas, han afirmado las secretarías de Seguridad federal y Relaciones Exteriores, es decir, que en el periodo señalado habrían entrado al país 2 millones 266,664 piezas, de las cuales se aseguraron sólo 4.6 por ciento.
Los estados con mayor aseguramiento de armas varían dependiendo si se trata de cortas o largas; en armamento corto, las entidades en donde mayor número de piezas se han asegurado, según la FGR desde 2012 son la Ciudad de México (7,564); Baja California (5,437) y Jalisco (4,672).
Mientras que en armas largas, las entidades con más casos son Tamaulipas (6,435); Michoacán (4,919) y Guerrero (3,543), las cuales son conocidas por la presencia extendida del crimen organizado en los últimos años.
Datos con López Obrador
El aseguramiento de armas ilegales en lo que va de la administración de presidente Andrés Manuel López Obrador muestra una tendencia a la baja ya que, mientras en el 2019 la FGR registró 15,449 piezas, para el 2022 la cifra se ubicó en 7,898, es decir, una baja de 48.8 por ciento.
De acuerdo con los datos de la FGR, extraídos del Sicram web, que a su vez se compone de información proporcionada por el Ministerio Público de la Federación y de la Dirección General de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales (DGCRAM), el 2019 fue el año con la cifra más alta de armas aseguradas en lo que va de la administración de López Obrador, que a su vez es el mayor dato desde 2012.
No obstante, entre 2020 y 2022, las cifras de aseguramiento han disminuido constantemente: para el 2020 se aseguraron 9,850 piezas; para 2021 fueron 8,227 y en 2022 se contabilizaron 7,898.
En tanto que, entre el 1 de enero y el 30 de abril pasado se han asegurado, según la FGR, 1,419 armas: 677 han sido largas y 742 cortas.
Dudas en la estrategia
De acuerdo con especialistas, el combate al tráfico de armas por parte del gobierno mexicano podría dividirse en dos ramos: el legal y el operativo, los cuales tendrían dos calificaciones muy diferentes.
Eunice Rendón y Vicente Sánchez, coincidieron en que la actual administración federal avanzó mucho con las dos demandas que interpuso ante Cortes Federales estadounidenses contra tiendas y fabricantes de armas.
“Es un precedente importante, nunca se había hecho, es bien importante en términos de poner la pelota donde corresponde, porque ellos nos exigen mucho en términos de control de drogas, pero también hay un asunto de la violencia que se genera en nuestro país por las disputas de los grupos del narcotráfico por el control del mercado, entonces eso es un tema que no podemos disputarle al gobierno”, reconoció el investigador del Colegio de la Frontera.
Por su parte, la experta en seguridad indicó que el área operativa es donde existe una mayor cantidad de trabajo por hacer entre ambos países.
“Siempre se anuncian grupos de trabajo en conjunto, que no es nuevo porque ya se venía viendo desde sexenios anteriores, pero en la realidad creo que poco nos han informado públicamente de los avances de estos grupos.
“Creo que falta más acción a nivel territorial entre ambos países, para que justo disminuya la violencia armada que es ya una crisis en la región, particularmente en México”, dijo.
Vicente Sánchez, a su vez, opinó que si se pudiera dar una calificación al actuar del gobierno mexicano en el combate al tráfico de armas en territorio nacional no sería muy favorecedora.
“La que no está claro es lo que se refiere a lo operativo en la frontera. Sí le exigimos a EU que ellos paren el flujo de armas, pero no sé si México está haciendo lo correspondiente en términos de las aduanas porque por ahí es donde pasa el mayor flujo de armas, no es que sea clandestina, pasan por los cruces regulares”, indicó.
Ante la sucesión presidencial en ambos países, Eunice Rendón dijo en el caso mexicano es importante que el tema se encuentre en las agendas de los aspirantes, mientras que en EU es más difícil, porque las armerías tienen un poder político importante incluso como financiador.