Un oficio clasificado elaborado por el CMI y entregado al general Luis Cresencio Sandoval, expone datos que los militares encontraron en el teléfono de Raymundo Ramos, director del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo para obstaculizar la investigación sobre un ejecución extrajudicial en 2020.
MATHIEU TOURLIERE / PROCESO
CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El Centro Militar de Inteligencia, instancia castrense que responde al general Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ha utilizado el spyware Pegasus en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador; por lo menos en una ocasión, lo hizo para obstaculizar una investigación sobre la ejecución extrajudicial de tres civiles por parte de soldados en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Un oficio secreto, elaborado por el Centro Militar de Inteligencia (CMI) el 2 de septiembre de 2020 y dirigido a “la atención de la Superioridad” –es decir, a Sandoval–, expone elementos que los militares encontraron en el teléfono de Raymundo Ramos Vázquez, director del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, durante el mes de agosto de ese año.
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Los momentos de la intervención del teléfono de Ramos por parte del CMI coinciden con las fechas de ataques con Pegasus, que el Citizen Lab encontró en el dispositivo del activista: el grupo de expertos, basado en la Universidad de Toronto, comprobó en un análisis forense que el celular de Ramos fue intervenido con Pegasus los 18, 19 y 28 de agosto, así como el 2 y el 3 de septiembre de 2020.
Este informe secreto, que forma parte de los millones de archivos internos de la Sedena hackeados por el colectivo Guacamaya y que fue consultado por Proceso, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19, SocialTIC, Animal Político y Aristegui Noticias, exhibe una vez más las mentiras de la Sedena respecto al espionaje ilegal: la institución castrense siempre ha negado intervenir las comunicaciones privadas de ciudadanos, y ha sostenido que no ha contratado Pegasus desde el año 2013.
Este informe también contrasta con las declaraciones del presidente López Obrador, quien ha respaldado las mentiras de la Sedena. El mandatario ha afirmado, en varias ocasiones, que su gobierno no ha comprado Pegasus a la empresa israelí NSO Group y por ende no lo ha usado para espiar de manera ilegal a ciudadanos, como lo hicieron sus antecesores Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
La Sedena y la Presidencia de la República no respondieron a los cuestionarios que les enviaron los medios participantes en esta investigación.
El oficio secreto del CMI fue revisado y aprobado por el general Homero Mendoza Ruiz, quien en ese momento era titular del Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN); por Conrado Bruno Pérez Esparza, titular de la Subjefatura de Inteligencia del EMDN, y por Gerardo Becerra López, el entonces director del CMI, ahora agregado militar en la embajada de México en Panamá.
A las 8:00 de la noche del 2 de septiembre, es decir, menos de dos horas después de la elaboración del documento, los generales Mendoza y Pérez se reunieron con Luis Cresencio Sandoval en su oficina del Campo Militar número 1, junto con otros militares de alto rango, incluyendo el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y el Comandante de la Policía Ministerial Militar, institución a cargo de la investigación sobre la ejecución extrajudicial.
“Tema: Nuevo Laredo, Tamps.”, señala la agenda personal de Sandoval de ese día, consultada en los archivos internos de la Sedena.
En el oficio secreto, el CMI recomendó a Sandoval que entregara el informe a la Policía Ministerial Militar, pero sin agregarlo a la carpeta de investigación del caso de Nuevo Laredo. Es decir, que lo hiciera de manera extralegal, en una flagrante interferencia en el trabajo de los fiscales.
Cliente histórico
Dentro del organigrama de la Sedena, el Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN) tiene la función de apoyar al titular de la Sedena, al que la jerga militar se refiere como Alto Mando. El EMDN cuenta con cuatro Subjefaturas; una de ellas es la Subjefatura de Inteligencia, la cual tiene el CMI a su cargo.
El CMI no aparece en ningún organigrama público de la Sedena, ni en sus reglamentos interiores. Se trata de un organismo secreto que opera desde el Campo Militar No 1, y cuya misión consiste en “obtener y procesar información sensible, sobre los temas que sean del interés del Alto Mando, y proporcionar información explotable, en tiempo real, a diversos Organismos y Mandos Territoriales, así como a otras Fuerzas Armadas que determine la Superioridad”, según otro documento interno.
De acuerdo con ese documento, el CMI genera información “obtenida en medios cerrados” –es decir, que no proviene de fuentes abiertas–; para ello, dispone de un amplio arsenal tecnológico, que incluye, además de Pegasus, sistemas de intervención de comunicaciones conocidos como IMSI Catcher, bloqueadores de señales, y otros analizadores vectoriales de radiofrecuencias.
Según R3D, la Sedena no tiene facultades legales para intervenir las comunicaciones privadas de ciudadanos, por lo que el CMI opera en la ilegalidad; por ello, la Sedena nunca ha presentado una solicitud al Poder Judicial para intervenir comunicaciones, incluyendo las de Raymundo Ramos, por lo que ha utilizado Pegasus y sus tecnologías intrusivas en total opacidad.
Aparte, el CMI tiene una relación especial con NSO Group: se trata del primer usuario internacional de Pegasus. En 2010, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, la Sedena se convirtió en el primer cliente de NSO Group en el mundo, pues adquirió el sistema de espionaje a través de la empresa Security Tracking Devices, del empresario tapatío José Suzumo Azano, y lo entregó al CMI, en el Campo Militar No 1. El contrato a Suzumo derivó en un escándalo al interior de la Sedena, pues la institución castrense no solo adquirió el spyware, sino todo un centro de inteligencia por más de 5 mil millones de pesos, con presuntas irregularidades.
El informe secreto confirma que la Sedena nunca dejó de ser cliente de NSO Group desde este primer contrato con Suzumo, y refuerza la idea que el “Servicio de Monitoreo Remoto de Información”, que la Sedena contrató en abril de 2019 con la empresa Comercializadora Antsua, S.A. de C.V., amparaba en realidad una licencia del spyware Pegasus, como lo revelaron Proceso y sus medios aliados en octubre pasado.
Cuando se celebró el contrato, Antsua contaba con la representación de NSO Group para vender su tecnología a la Sedena, incluyendo Pegasus. Según otro documento secreto de la Sedena, el CMI era el “usuario final” del contrato.
Uso ilegal
El CMI espió a Raymundo Flores en plena crisis de la Sedena. En la noche del 13 de julio de 2020, unas patrullas militares persiguieron a tres camionetas manejadas por hombres armados en las calles de Nuevo Laredo. Los soldados abatieron a un conductor, y cuando el vehículo se detuvo, ametrallaron al vehículo para matar a sus ocupantes. En la caja de la camioneta, había tres jóvenes vestidos casualmente, uno de ellos con los tobillos atados. Habían sido secuestrados escasos días antes, y eran trasladados por los delincuentes hacia otro paradero.
Los soldados los mataron también. Cuando se dieron cuenta de que eran civiles, montaron una versión falsa de los hechos: la Sedena informó que todos los ocupantes de la camioneta eran delincuentes y difundió fotografías, en las cuales se notaba que 9 criminales estaban vestidos con trajes tácticos –“similares al personal de marina”, diría el encargado del operativo–, y los tres secuestrados vestían “casual”.
Los familiares de los secuestrados negaron que los tres jóvenes eran delincuentes, y rápidamente corrió la versión de que los soldados los habían ejecutado de manera extrajudicial.
El 9 de julio de 2020, Raymundo Ramos presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en nombre de un familiar de uno de los secuestradores, por la “presunta ejecución arbitraria y/o extrajudicial” del joven, donde acusó también a la Sedena de haber filtrado fotografías y videos a la página Nuevo Laredo, Frontera al Rojo Vivo, donde se afirmaba que los tres civiles eran sicarios.
Ramos lanzó entonces una campaña para informar sobre el caso, que empezó a captar la atención de los medios a nivel nacional. De acuerdo con el Citizen Lab, los primeros ataques al teléfono de Ramos con Pegasus se dieron los 18 y 19 de agosto de 2020.
El 24 de agosto de 2020 marcó el derrumbe de la narrativa de la Sedena: ese día, un periodista de El Universal publicó un video que exhibió cómo los soldados abatieron a los jóvenes secuestrados en la caja de la camioneta, a gritos de “¡Mátalos wey, a la verga!”. La nota reveló que los tres jóvenes fueron asesinados con una bala en la frente o la nuca, lo que llevó a la deducción que fueron ejecutados fríamente y no murieron en el combate como sus secuestradores, cuyos cuerpos estaban acribillados.
La nota causó un gran escándalo, pues además de exhibir una ejecución extrajudicial, comprobó que la Sedena ocultó el hecho, haciendo pasar a los secuestrados por delincuentes. El video no era del todo desconocido para las personas cercanas al caso, pues uno de los familiares que presentó una queja ante la CNDH lo había enviado al ombudsman el 20 de agosto.
Apenas cuatro días después de la publicación del video en El Universal, el CMI intervino de nuevo el teléfono de Ramos con Pegasus. Al hurgar en el dispositivo del activista, los agentes de inteligencia capturaron información relacionada con el caso, que el activista había enviado a una periodista de Televisa – su nombre se reservó a petición suya–, así como a otro periodista, colaborador de El País.
De acuerdo con el oficio, Ramos habría enviado el video, luego la periodista de Televisa le habría reclamado por la primicia del material y pedido testimonios –Ramos le habría mandado entonces una denuncia presentada por un familiar–, y posteriormente habría enviado a Salinas las declaraciones de militares que participaron en el operativo. Cabe señalar que, según la investigación de la CNDH, el video fue proporcionado por un soldado al padre de uno de los secuestrados, quien a su vez lo hizo llegar a El Universal.
Esta serie de acciones que el CMI encontró en el teléfono de Raymundo Ramos está apegada a lo que podría esperarse de la labor de un activista: documentar violaciones a los derechos humanos y comunicar los hallazgos a periodistas para ampliar su difusión. En ningún momento se sugiere que el activista haya pedido dinero por sus gestiones, ni que se haya comunicado con delincuentes en este caso.
Sin embargo, en su oficio el CMI acusa, sin pruebas, a Ramos de haber mantenido una relación de amistad con Ana Isabel Treviño Morales, hermana de Miguel Ángel y Óscar Omar Treviño Morales –otrora líderes de los Zetas respectivamente conocidos como Z40 y Z42–, y que en abril de 2017 presentó un escrito sobre el “presunto allanamiento ilegal” del domicilio del tío de Jorge Ezequiel Gutiérrez Pimentel, un sicario del Cartel del Noreste.
En su oficio, el CMI sacó una conclusión radical: sostuvo que Ramos “mantiene vínculos con el ‘Cártel del Noreste’ aprovechando su calidad como activista de DD.HH., lucra con la información del desempeño de la FF.AA. para sus intereses, obteniendo beneficios económicos y favoreciendo a la Delincuencia Organizada”, y mantuvo la versión según la cual los 12 ocupantes de la camioneta eran “sicarios”, quienes fueron “reducidos” –un eufemismo para no decir “ejecutados”–, negando así el carácter de víctimas de los tres ejecutados.
Peor aún: el CMI recomendó que “este producto de inteligencia se proporcione con carácter confidencial a la Policía Ministerial Militar para que sirva como elemento de juicio para su investigación, sin agregarse a la carpeta de investigación”.
En otras palabras, el CMI elaboró un informe secreto, basado en un acto de espionaje ilegal perpetrado con Pegasus contra un defensor de derechos humanos; sin presentar prueba alguna, sacó conclusiones que vinculan al activista con la delincuencia organizada; recomendó a Sandoval que entregara el documento a la fiscalía militar para sembrar la idea de que Ramos trabaja con el Cártel del Noreste, y le aconsejó que lo hiciera sin incluir el informe en la carpeta, es decir, de manera extraoficial.
Todo ello, para influir en una investigación oficial de la Fiscalía Militar sobre una ejecución extrajudicial, considerada como una violación grave a los derechos humanos.
De hecho, el 16 de septiembre de 2020 –dos semanas después de la elaboración del informe–, la Sedena sostuvo a la CNDH que los soldados no mataron a los tres civiles, y mantuvo la versión según la cual los 12 ocupantes de la camioneta eran sicarios. El encargado del operativo, al que la CNDH se refirió como “AR1”, presentó una denuncia después de la difusión del video; el mismo militar entregó también un video a las autoridades, en el cual no aparecía la escena de la ejecución. La Sedena terminó pagando a familiares de las víctimas una reparación por “violación del derecho humano a la vida”.
La CNDH, por su parte, deploró la falta de “planeación, congruencia y rendición de cuentas” por parte de las autoridades que investigaron el hecho, y lamentó que la propia Sedena no resguardó las armas e incluso las mandó a limpiar y que un perito militar emitió “conclusiones exiguas y carentes de veracidad” en sus necropsias. El ombudsman determinó la responsabilidad de los militares en la muerte de las tres víctimas, y presentó una denuncia ante la FGR.
Los actos de hostigamiento de la Sedena, de la Secretaría de Marina (Semar) y del gobierno de Tamaulipas contra Ramos han sido reiterados desde el arranque de la “guerra contra el narcotráfico”, lanzada por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, en 2006; en entrevista, en octubre pasado, afirmó que estos ataques suelen expresarse con la intervención de sus comunicaciones, pero también con campañas de difamación en redes sociales, que lo acusan de ser integrante de la delincuencia organizada o de ser un informante de la Agencia Antidrogas estadunidense.
El más reciente de ellos sucedió el pasado domingo 26 de febrero, cuando el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo denunció la ejecución extrajudicial de cinco vecinos de la ciudad por parte de militares; la situación derivó posteriormente en enfrentamientos entre vecinos y uniformados, quienes dispararon en el aire y en el suelo para dispersar a los civiles.
La Sedena ya tenía a Ramos entre sus objetivos de espionaje con Pegasus durante el sexenio de Peña Nieto, según se comprobó durante la investigación internacional Pegasus Project; el activista se encuentra en el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Mentiras
Desde el arranque de su sexenio, López Obrador ha afirmado una y otra vez que su gobierno ya no utiliza Pegasus ni espía a sus opositores. Con ello, el mandatario buscaba desmarcarse de sus antecesores, quienes usaron los sistemas de espionaje, como Pegasus, de manera masiva y para fines personales. El propio López Obrador fue uno de los principales blancos de Pegasus durante el sexenio de Peña Nieto, como lo fueron decenas de periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos.
Las promesas de López Obrador quedaron en entredicho en octubre pasado, cuando Proceso, R3D, Animal Político y Aristegui Noticias revelaron que Pegasus había estado activo durante la presente administración, y que se había usado para intervenir los teléfonos de Ramos, del periodista Ricardo Raphael de la Madrid y de otro colega de Animal Político. Esta investigación documentaba la existencia del contrato de la Sedena con Comercializadora Antsua, mencionado arriba, que la institución había escondido durante tres años.
López Obrador minimizó los hallazgos del trabajo periodístico; durante su conferencia matutina, despotricó contra Ricardo Raphael, víctima de Pegasus, y contra Animal Político, medio que participó en la investigación. Tras aseverar que su gobierno no tiene nada que ocultar, el presidente prometió que la Sedena publicaría el contrato.
Su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, también participó en la estrategia de desacreditación de la investigación, pues afirmó que “lo único que informa realmente es que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contrató un servicio de monitoreo remoto de información a una empresa particular, además, sin incurrir en ninguna ilegalidad”.
A los casos de Ricardo Raphael, Raymundo Ramos y el periodista de Animal Político se sumaron otras evidencias de ataques con Pegasus durante el sexenio de López Obrador, como el diputado Agustín Basave Alanís, de Movimiento Ciudadano (MC). Basave se enteró del ataque gracias a un correo electrónico que Apple envió a varios usuarios de iPhone que fueron atacados con Pegasus.
En diciembre pasado, Apple envió más notificaciones a usuarios de iPhone. Entre ellos destacan cuatro integrantes del Instituto Federal de la Defensoría Pública, incluyendo su secretario técnico de Combate a la Tortura, Salvador Leyva Morelos Zaragoza. El Citizen Lab analizó su dispositivo, y confirmó que éste fue atacado con el spyware el 1º de mayo de 2021, en el tercer año del sexenio.
A pesar de la orden presidencial, la Sedena no ha transparentado el contrato con Comercializadora Antsua. Es más: en respuesta a una solicitud de información reciente, presentada por R3D, la dependencia declaró la “inexistencia” del contrato, pues afirmó que no lo encontró durante una “búsqueda exhaustiva”.
Esta respuesta era, evidentemente, una mentira de la institución castrense, lo que R3D pudo comprobar con un documento de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que obtuvo a través de otra solicitud de información. En ese documento, la propia Sedena no solo indicaba a la ASF que había celebrado el contrato DN-10 SAIT-1075/P/2019 con Comercializadora Antsua, sino que había entregado 139 millones 199 mil pesos a la empresa a cambio del servicio de monitoreo de información.
El pasado 25 de enero, el INAI confirmó la mentira de la Sedena, pues determinó que “es claro que sí cuenta con la información requerida”; acto seguido, le ordenó que volviera a buscar el contrato para entregárselo a R3D, instrucción a la que la Sedena sigue haciendo caso omiso.
