CÉSAR ARELLANO GARCÍA / LA JORNADA
Ciudad de México. La ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró que es muy importante distinguir entre la necesaria legitimación social que requieren las instituciones públicas, del uso de aquellas como un medio para obtener aprobación social. “La diferencia podría parecer sutil, pero no lo es. La búsqueda institucional de legitimación social tiene una brújula muy clara y definida: el mandato que la Ley da a la propia institución”.
Al participar en la ceremonia conmemorativa del 25 aniversario del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), dijo que las instituciones públicas, están sujetas a la constante aprobación y consecuentemente, a la legitimación social. “No habrá confianza, aceptación ni credibilidad ciudadana si el actuar de la institución pública no se traduce en acciones concretas que redunden en un beneficio social”.
Además, señaló que tienen un marco constitucional y convencional renovado, actualizado, “que definitivamente implican un cambio en nuestro deber. Así debe ser, las instituciones permanecen vigentes frente a la sociedad, sólo si están en permanente evolución. En ese sentido las instituciones son similares a un ser vivo”.
Reiteró que he ahí, en el mandato de la Constitución, de la ley, la misión del IFDP y de quienes aquí trabajan. “He ahí nuestra responsabilidad frente a las personas. He ahí los principios que marcan nuestra actuación y a partir de los cuales, habremos de seguir construyendo nuestra legitimación social. Pero en el camino, en la evolución y adaptación de nuestra Institución a las exigencias ciudadanas, no debemos confundir legitimación con popularidad. Eso nunca ha estado —ni debe estar— en nuestra misión axiológica, en nuestros valores institucionales”.
Agregó que la creación del IFDP sin duda reformuló el modelo de defensa pública en el país. “El funcionamiento de este órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, a través de personas defensoras en asuntos del orden penal, y de asesoras jurídicas para otras materias, con absoluta independencia técnica y operativa ha sido, no sólo un modelo innovador, sino un verdadero garante del debido proceso y del acceso a la justicia”.