Son ya 55 los feminicidios en Cuba en este año. Organizaciones de la sociedad civil llevan sus informes sobre violencia de género en la isla a las sesiones preparatorias del examen sobre derechos humanos de la ONU.
MIRRA BANCHÓN / DW
En el período 2019-2022, los feminicidios en Cuba han ido anualmente en aumento: de 14, 32 y 34 a 36 en el 2022. «En lo que va de este año, hemos contabilizado ya 55», cuenta desde Ginebra a DW Yanelis Núñez, del Observatorio de Género de Alas Tensas. A las sesiones preparatorias del Examen Periódico Universal (EPU) de Naciones Unidas, que tendrá lugar el quince de noviembre, organizaciones de la sociedad civil hacen llegar informes sobre la situación de diversos temas de derechos humanos. En este caso, de violencia basada en género.
«Ante la ausencia de cifras y estadísticas, la revista Alas Tensas abrió su observatorio para comenzar la contabilización de los casos. Muchos de los primeros que contabilizamos en 2019 habían aparecido en algún medio oficial. Luego empezamos con nuestra red de observadoras y personas aliadas, activistas, voluntarias, que nos ayudan en distintas provincias del país para estar alertas ante cualquier denuncia. Las voluntarias son anónimas», cuenta Núñez, que vive en España desde 2019.
Éste es uno de los hallazgos que lleva el informe de ocho organizaciones de sociedad civil al Comité de Derechos Humanos: las restricciones para acceder a datos de violencia basada en género (VBG) en la isla. También la falta tanto de refugios para mujeres maltratadas como de atención especializada.
«Las organizaciones que están en el terreno tienen diversos métodos y enfoques. Por ejemplo, De Mujer a Mujer y de Hombre a Hombre estableció ‘Casas Escucha’ para atender a víctimas de violencia, y han registrado 435 víctimas, mayormente en el ámbito familiar», explica a DW una especialista de la oficina para Latinoamérica de la organización sueca Civil Rights Defenders (CRD).
«Hay que resaltar que nos enfrentamos a subregistros, porque las voluntarias no tienen potencialidad para cubrirlo todo y además no tienen ningún permiso para actuar. Una de las recomendaciones que pedimos a los Estados que le hagan a Cuba durante el EPU es, precisamente, dejar de criminalizar a las organizaciones de la sociedad civil que están en primera línea atendiendo a las víctimas», agrega la especialista de CRD, que prefiere hablar en nombre de la organización, para evitar represalias personales del Estado cubano.
¿Avances desde 2018?
Algunas de las recomendaciones del último EPU (2018) fueron aceptadas por el Estado cubano, que, por ejemplo, incluyó en su nueva Constitución la igualdad entre hombres y mujeres, y estipuló la obligación del Estado de proteger a las mujeres contra la violencia de género. Pero la que hizo Argentina, en cuanto a la elaboración de una Ley Integral contra la Violencia de Género, no ha sido atendida, a pesar de la presión de las activistas en la isla.
Tampoco se ha avanzado mucho en la recomendación de México, relativa a una reforma del marco legal nacional para incluir la violencia basada en género (VBG) como delito en todas sus formas y un plan de acción para la prevención, asistencia y protección de las víctimas, así como para la formación de personal especializado.
«El Estado sí ha promulgado una estrategia integral de prevención de la violencia de género, pero solamente en el escenario familiar», explica a DW, en Bruselas, Frisia Batista, de la Red Femenina de Cuba. «Pero no tienen un protocolo. Además, el cuerpo legal debe contener medidas transversales que abarquen el ámbito educativo, judicial y comunicativo», puntualiza Batista, apoyada por el Instituto Race & Equality. Junto con otras organizaciones, la Red Femenina de Cuba presiona por comenzar con unos cambios legislativos, cuya elaboración se pierde en lontananza.
Tolerancia de la violencia de género
Por ello, el informe de las organizaciones habla de un patrón de tolerancia a la violencia basada en género (VBG) en diversos espacios, incluyendo instituciones como la Policía y los tribunales. «Esa tolerancia se da por acción u omisión», confirma la especialista de CRD.
«Aunque el Estado sí ha hecho algunas capacitaciones, cuando las víctimas van a denunciar se encuentran con respuestas como ‘los problemas deben tramitarse en casa’. Por otro lado, para las organizaciones que trabajan en terreno, que el Estado no reconozca el feminicidio y señalarlo como delito está permitiendo que suceda», subraya la representante de CRD, haciendo énfasis en la presión que debe ejercer el Consejo de Derechos Humanos para avanzar en el tema.
«En nuestra reunión con la delegación de España, insistimos en que aprovechara su presidencia del Consejo de la Unión Europea para que, efectivamente, haya una visita a la isla y una reunión con defensores de derechos humanos», añade la especialista de CRD aludiendo al también próximo diálogo sobre derechos humanos entre la UE y Cuba, a finales de noviembre.
Así las cosas, para Yanelis Núñez, lo que más falta es voluntad política. «En repetidas ocasiones hemos pedido que se creen refugios para violencia de género. Es algo mínimo que no tiene nada que ver con el bloqueo. Cero resultados. Hemos pedido su tipificación como delito para generar un proceso de prevención. Tampoco. En el código penal la violencia basada en género (VBG) aparece como agravante de otros delitos, nada más», afirma Núñez.
«Aunque trabajamos bajo fuego cruzado, seguimos presionando, porque es su obligación y porque, además, a nuestras organizaciones no les permiten operar. Si sigue la inmovilidad», concluye Núñez, «la cifra de feminicidios aumentará».