Por Humberto Aguilar Coronado*
El espionaje es tan viejo como las comunicaciones. Es esa actividad no legal para obtener información en diferentes campos y sobre diferentes personajes para conocer de estrategia, avances científicos, datos concretos, conversaciones y por supuesto, la vida íntima de las personas.
Se espía, es decir, se escucha o se intervienen los instrumentos de comunicación, desde que esto es posible.
Por eso, quizá en nuestros días, el espionaje más conocido es el telefónico, sobre todo, si de cuestión política hablamos.
Recientemente se dio a conocer que la compañía de seguridad israelí NSO, tiene y ha vendido sus servicios de “inteligencia” con un sofisticado programa conocido como pegasus, que permite acceder a la información total de los teléfonos celulares que han sido marcados como objetivo.
Nuestro país, incluidos varios gobiernos de diferentes estados de la República, están señalados como unos de los gobiernos que en el pasado contrataron estos servicios.
Desde 2017 se denunciaron, y se señaló al gobierno del presidente Peña Nieto de haber contratado esos servicios, y la única defensa que se ha escuchado es que fueron contratados para combatir el terrorismo y la delincuencia organizada, sobre todo, en casos de secuestro.
Desafortunadamente desde entonces se sabía que no solo se vigilaba y escuchaba a grupos criminales y delincuentes para prevenir los delitos, sino que también, se vigilaba y escuchaba a periodistas, dirigentes partidistas, candidatos y exfuncionarios gubernamentales.
El escándalo presente es porque se ha dado a conocer que en la lista de más de 15 mil números telefónicos figuran, además de periodistas, ministros, dirigentes partidistas, legisladores, candidatos y activistas políticos, están más de 50 personas cercanas al presidente de la república, incluidos sus familiares del primer círculo.
¿Es grave que se hayan espiado a todas y a todos estos personajes? Por supuesto que si. En México el espionaje telefónico está prohibido y es un delito practicarlo.
Pero la historia del espionaje a los opositores en nuestro país no data del 2017. Es una práctica antigua y utilizada para controlar, sobre todo, a dirigentes partidistas de oposición que en su momento fueron denunciadas, pero que jamás se tuvo una investigación seria de por medio y un castigo a quienes lo practicaban.
En julio del 2015 se señaló que el gobierno del entonces gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, había realizado prácticas de espionaje entre mayo del 2013 y junio del 2015, a través de un software adquirido a la empresa hacking team.
Nada sucedió entonces y nadie dio seguimiento a las denuncias presentadas.
En marzo del 2020, los senadores del PAN denunciaron el espionaje que se realizaba en sus oficinas, e incluso presentaron los micrófonos encontrados, y nada sucedió.
Hoy mismo el presidente ha dicho que no presentará denuncia formal sobre el espionaje sufrido, y entonces, el caso se quedará simplemente en un escándalo mediático sin que se realice una investigación a fondo, o se ordene el cese de este tipo de actividades.
Es una desgracia que se sigan utilizando este tipo de prácticas, pero es mas grave que no se denuncien, y si se denuncian, las investigaciones no concluyen en un castigo a los responsables.
Mientras no se modifique la constitución general de la república, en este país, las comunicaciones privadas son inviolables.
*Diputado Federal electo a la LXV Legislatura