La represión por parte de Maduro y su enrocamiento en el poder erosionan la unidad de este colectivo de líderes de la izquierda latinoamericana
Milton Merlo / Corresponsal Ciudad de México / ABC
El Grupo de Puebla, asociación de dirigentes y expresidentes de centro–izquierda en Iberoamérica, vive sus días más turbulentos. Por un lado, la crisis política en Venezuela, detonada por los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio y sobre los que este colectivo ha sido incapaz de fijar un posicionamiento, ni siquiera de criticar a Nicolás Maduro, ante un proceso a todas luces fraudulento; por otro, la imputación judicial contra el expresidente argentino Alberto Fernández por lesiones graves, abuso de poder y amenazas a su expareja, Fabiola Yáñez.
Esta asociación se gestó en la ciudad mexicana de Puebla en julio del 2019. El momento era propicio, pues a la presidencia en México de Andrés Manuel López Obrador, alcanzada en 2018, se sumaban las de Luis Arce en Bolivia y Alberto Fernández en Argentina. Los tres países venían de administraciones de centro–derecha y buscaban desarrollar una plataforma regional de corte progresista. Al poco, se sumaría Luiz Inacio Lula Da Silva, quien más tarde derrotaría a Jair Bolsonaro en Brasil.
La organización operativa del Grupo, sus foros, comunicados, giras y presentaciones, está en manos, desde sus inicios, del político chileno Marco Enríquez-Ominami, eterno candidato presidencial, aunque siempre en posiciones marginales.
Doctrina del ‘lawfare’
La organización alcanzaría un nivel más amplio con la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero y el exjuez Baltazar Garzón. Este último sería crucial para instalar en el Grupo de Puebla, y como eje principal, la doctrina del ‘lawfare’, que viene a proponer una suerte de confluencia entre tribunales, medios de comunicación y empresas que tendrían por finalidad perseguir a los gobiernos de centro-izquierda en América Latina y España. Una retórica que, además, resultaba muy conveniente para los políticos del Partido de los Trabajadores en Brasil y del peronismo en Argentina: Lula fue a prisión por el expediente del caso Lava Jato en 2018 y Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina –abandonó el Gobierno en 2015–, tiene causas judiciales abiertas por supuesta corrupción.Noticia Relacionada
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Milton Merlo | Corresponsal en México
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Precisamente, sobre el papel que está jugando Zapatero en la crisis política de Venezuela –fue uno de los invitados por el CNE chavista, junto a los exmandatarios Ernesto Sámper, de Colombia, y Leonel Fernández, de Republica Dominicana, así como el chileno Enríquez-Ominam– se ha abierto el primer frente interno para un colectivo que hasta hace poco parecía unido. La noche del pasado 28 de julio, el ex presidente del Gobierno de España y ex secretario general del PSOE no quiso firmar la declaración de los observadores del Grupo de Puebla en las elecciones venezolana. El colombiano Ernesto Sámper y el dominicano Leonel Fernández fueron los primeros en pedir que Nicolás Maduro mostrara las actas que acreditarían una supuesta victoria de Nicolás Maduro, con un 51,8% de los votos, sobre el candidato de la oposición, Edmundo González. Pero Zapatero se resistió a sumarse a esa petición y optó por guardar silencio frente al abismo al que se asomaba el país.
Nervios y malestar
Integrantes del Grupo de Puebla, en declaraciones a ABC y bajo condición de anonimato, reconocen que el silencio respecto al manejo del chavismo de los resultados electorales ha generado malestar entre miembros de la agrupación. Y lo que es más: Zapatero pidió a diversos miembros del Grupo que no tildaran de «fraudulentos» los datos ofrecidos por el régimen la misma noche electoral porque eso implicaba legitimar a la oposición, liderada por María Corina Machado. Genera gran nerviosismo, además, el hecho de que la dictadura de Maduro haya endurecido aún más la represión, con más de una veintena de muertos y miles de detenidos.
Sámper, consultado por ABC, señala que de momento el Grupo no realizará nuevos pronunciamientos, en espera de «los resultados de la mediación de México, Colombia y Brasil». El expresidente dominicano Fernández, por su parte, también declina emitir opinión alguna de la crisis desatada por el chavismo. Desde su oficina, comentan a este periódico que prefiere guardar silencio para no ser atacado políticamente desde su propio país.
Ernesto Samper señala a ABC que guarda silencio, a la espera de «los resultados de la mediación de México, Colombia y Brasil»
Ernesto Sámper, según explican en el colectivo, llegó a Caracas, junto a Fernández, Zapatero y Enríquez-Ominami, con un ánimo casi triunfal. Se reunieron con dirigentes opositores y confiaban en jugar, a través de los nexos de Zapatero con el chavismo, un papel a favor del regreso de la democracia a Venezuela. Pero la madrugada de ese domingo se toparon con un país convulsionado después de que el Consejo Nacional Electoral, en boca de su presidente, Elvis Amoroso, proclamara vencedor a Maduro sin pruebas.
El chileno Enríquez-Ominami publicó el 29 de julio en redes sociales: «He sido prudente sobre la controversia por resultados de la elección en Venezuela para colaborar con esfuerzos de gobiernos y organismos para contrastar resultados. El pueblo habló. Se sabrá su veredicto cuando se publiquen actas del CNE. Así se disiparán las dudas y habrá certezas». Tras ese mensaje, ni una palabras. Lo que iba a ser un triunfo para el Grupo ha derivado en un silencio atronador.
El coste político a ciertos integrantes del colectivo bien por su silencio, bien por su ausencia de críticas a Maduro, ya es evidente. Es el caso de Fernández en República Dominicana, pero también de Lula en Brasil, donde en su propia coalición de Gobierno ya hay quienes tildan al presidente de Venezuela de dictador; la canciller mexicana Alicia Bárcena también es objeto de ataques políticos internos.
Pero no sólo lo que pasa en Caracas preocupa, y mucho: también en Buenos Aires. La semana pasada se conocieron pruebas que confirmarían violencia de género del expresidente Alberto Fernández contra la ex primera dama Fabiola Yáñez, quien presentó una denuncia. Asegura que el exmandatario le pegaba, incluso estando ella embarazada. También, que cuando pidió ayuda al Ministerio de la Mujer, creado en el Gobierno de Fernández, se la negaron.
Un golpe duro
El Grupo de Puebla, en este caso, no ha tenido demasiado margen para la ambigüedad y ha suspendido al exmandatario argentino a toda velocidad. Pero el golpe ha sido duro: Fernández es amigo personal de Enríquez-Ominami y ambos organizaron el inicio del Grupo. Incluso, siendo Fernández presidente, el político chileno lo acompañaba en algunos viajes oficiales como su asesor.
Alberto Fernández, desde la atalaya de su mandato, decía que él «terminaría con el patriarcado». El escándalo ya ha calado hondo en México, donde el Grupo de Puebla echó a andar hace un lustro: la próxima presidenta del país, Claudia Sheinbaum, ha excluido a Fernández a su toma de protesta el próximo octubre.