Por Jesús Manuel Hernández
Dos golpes seguidos contra las estructuras de la iniciativa privada, en su representación formal a través de los cuerpos intermedios, por ende universidades y fundaciones, ha lanzado el gobernador Miguel Barbosa en los últimos días.
Las razones no han sido producto de venganza o de actividad fuera del Estado de Derecho, como se ha dejado ver y sentir en algunos sectores de la ciudad.
La ocupación de las instalaciones de la Universidad de las Américas, tiene su origen en las denuncias entre los patronos -que no herederos- de la Fundación Mary Street Jenkins que bajo un esquema aparentemente dentro del Estado de Derecho, lograron lo que Ángeles Espinosa Rugarcía trató de impedir siempre, que el dinero dejara de ser aplicado en congruencia con los deseos de William O. Jenkins a favor de Puebla y no de sus familiares.
El sotto voce de los poblanos, el temor a ser perseguidos y los beneficios obtenidos entre constructores, abogados y recaderos, hizo que se levantara una cortina de humo sobre el origen y destino de los miles de millones de pesos de la fundación.
El Gobierno de Puebla simplemente hizo lo mismo que el gobierno de Moreno Valle, pero en el sentido contrario.
Luis Ernesto Derbez quizá pueda contar las conversaciones con el titular de la llamada “Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla”, Gustavo Garmendia Domínguez, quizá uno de los funcionarios del morenovallismo que más cosas tendría que explicar sobre cómo se movió el dinero de Puebla a Aguascalientes.
Y en la defensa de la “toma de la Udlap” se suman en una inercia, quizá producto del desconocimiento, los presidentes de organismos empresariales, muchos de ellos ajenos al tema, por demás está decir que no nacieron en Puebla y no saben de la herencia de Jenkins.
Los presidentes de los cuerpos intermedios se pusieron del lado de Derbez y de quienes despojaron a la Fundación Jenkins de los recursos económicos, o sea, diría el clásico “compraron boleto”.
Melquíades Morales Flores había donado al CCE y agremiados de Puebla 16 mil metros cuadrados en la zona conocida como “Angelópolis” a fin de construir el edificio empresarial, pero no tuvieron dinero, les faltó el recurso y Moreno Valle les quitó 10 mil metros como sanción por no iniciar la construcción.
El asunto derivó en el anuncio espectacular de la construcción de My Residence y la coinversión de Blueicon Technology, S.A. de C.V. cuyos fondos estuvieron o están en la lupa de la SHCP.
Total que ahora Miguel Barbosa, luego del caso Udlap, les quita el terreno y los dirigentes de organismos de la llamada antes IP, que no los empresarios, están que no los calienta ni el sol.
Muchas historias podrían contarse de los empresarios beneficiados por las donaciones de los predios de Angelópolis, convertidos hoy en centros comerciales.
En fin, si algo sabe el gobernador es que en esta ciudad los intereses económicos han acabado por dominar las ideologías.
Nadie se piense que a estas alturas los dirigentes tienen la fuerza para organizar un paro empresarial, como lo hicieron en su tiempo Abelardo Sánchez Gutiérrez o Gerardo Pellico Agüeros.
Aquellos empresarios cargados de ideología y con dinero hicieron posible proyectos como el nacimiento de la Upaep, hoy, no tienen la fuerza para sostener al patronato de la Udlap. Prefirieron los negocios, el influyentismo, y ahí están las consecuencias.
Pero hay otras consecuencias y tienen que ver con el gobierno entrante en la capital del Estado. Esos grupos de los llamados por el gobernador “jefecitos”, han estado del lado del PAN, han impulsado a sus candidatos y la siguiente batalla quizá pueda darse ya en el escenario municipal, donde este grupo tiene un proyecto con miras al 24, pues como dicen por ahí, “quien no puede en lo poco, no podrá en lo mucho”.
O por lo menos, así me lo parece.