Eunice Rendón, experta en migración, comentó que, debido a la presión de las autoridades estadounidenses, el gobierno mexicano redujo la emisión de tarjetas de tránsito humanitario.
Arturo Rojas / El Economista
Entre enero y julio de este año, la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación informó sobre 828,505 eventos de personas en situación migratoria irregular en nuestro país, lo que significó un 161.67% más que los 316,615 casos que se presentaron, en el mismo periodo, de 2023.
La nacionalidad que agrupa más eventos de personas en situación migratoria irregular, en los primeros siete meses del 2024, es Venezuela, con un total de 240,780 eventos.
Detrás se ubican Ecuador (83,687 eventos); Honduras (67,811) y Guatemala (62,310), de acuerdo con los datos de la Unidad de Política Migratoria.
Por región, la información de la dependencia federal mostró que 52.19% del total (432,423) de casos presentados de migrantes irregulares, entre enero y julio pasado, provinieron de América del Sur.
Mientras que el 28.20% (233,690) eran personas originarias de América Central. En tanto que la tercera zona con más registros fueron las Islas del Caribe, con 82,473.
Según las estadísticas de la Unidad de Política Migratoria, el 68.15% (564,659 eventos en el periodo señalado) estuvieron relacionados con personas del sexo masculino, y los 263,846 eventos restantes involucraron a personas del sexo femenino.
Procedimientos
Por otro lado, en cuanto a los grupos etarios, 730,746 de todos los registros estuvieron relacionados con personas mayores de 18 años de edad.
De esta cifra, las personas involucradas en 642,832 registros (481,251 eventos de hombres y 161,581 eventos de mujeres) fueron presentadas y se les inició un procedimiento administrativo migratorio ante el Instituto Nacional de Migración por no acreditar su situación migratoria, según lo previsto en los arts. 99, 100, 101 y 113 de la Ley de Migración y el art. 222 de su Reglamento.
Los otros 87,914 registros de personas mayores de edad fueron canalizados por esta misma autoridad a los albergues de la red DIF, con un procedimiento administrativo migratorio.
Por otro lado, se registraron 97,759 eventos que involucraron a personas menores de edad: 26,905 entre los 12 y 17 años de edad y 70,854 entre los 0 y 11 años de edad; de estos, 70,306 viajaban acompañados y los 548 restantes viajaban solos.
Motivos detrás del aumento
Según la opinión de Alma Eunice Rendón, coordinadora de la organización Agenda Migrante, este aumento se da en un contexto de crecientes tensiones migratorias y bajo la presión de Estados Unidos, por lo que las autoridades mexicanas han adoptado medidas más estrictas para contener el flujo de personas migrantes en el territorio.
“México tomó la decisión, por la presión estadounidense, de simplemente detener a la gente y llevarla al sur (de la República mexicana). De hecho, nosotros vemos también una tendencia o un tipo de modus operandi al cual nosotros lo llamamos la política del desgaste: esta política del desgaste lo que hace es que las personas que están en el norte (del país) las regresan al sur, y de eso hay testimonios de familias o de personas que han pasado por esa situación hasta ocho o nueve vueltas”, opinó.
Rendón Cárdenas detalló que este ciclo constante ha provocado que muchos migrantes, agotados, opten por regresar a sus países o tomar decisiones más arriesgadas.
“Sobre todo, hay riesgos de seguridad, de abuso; cada vez que ellos suben (al norte de México) es volver a pagar un montón de cosas. Es también el tema de arriesgar a familias migrantes, es el tema, también, de exponerlos a otros muchos abusos como los que hemos visto en el sur del país”, denunció la experta.
También comentó que, debido a esta presión de las autoridades estadounidenses, el gobierno mexicano limitó la emisión de tarjetas de tránsito humanitario.
Panorama
Por otro lado, la especialista señaló que “en el caso de que gane la Presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, “yo creo que vamos a seguir con algo muy similar, digo, es parte de esta política, es parte de las promesas de campaña que ha hecho. Por lo que yo creo que sí hay el riesgo de endurecimiento de las políticas migratorias, independientemente de quién gane las próximas elecciones”.
Ante este panorama, Alma Eunice Rendón sugirió que las autoridades de la nueva administración, encabezada por la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, deben desarrollar una política migratoria más realista e inclusiva, que contemple no solo la detención, sino también la inclusión económica y social de los migrantes.
“Urge una plataforma de empleo temporal que permita a estas personas acceder a diferentes servicios mientras esperan sus citas o permisos en Estados Unidos”, indicó.
Inai: Sedena debe dar datos de tareas migratorias
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) resolvió que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) debe proporcionar información detallada sobre las personas migrantes rescatadas. Esta decisión se deriva de una solicitud de acceso a la información que inicialmente fue negada por el Ejército mexicano.
Un usuario pidió a la dependencia datos precisos sobre el número de personas migrantes rescatadas, la cantidad de rescates y detenciones, incluyendo las causas —como estancia ilegal o la comisión de delitos—, así como el número de personas detenidas vinculadas al tráfico de personas, conocidas como polleros o coyotes. La solicitud también pedía información sobre el destino final de las personas migrantes rescatadas o detenidas, y el número de migrantes encontrados sin vida.
No obstante, la Sedena indicó que no contaba con la información solicitada. Tras impugnarse dicha contestación, el Pleno del Inai determinó por unanimidad revocar la respuesta y solicitó a la dependencia a realizar una nueva búsqueda.
“Con la información contenida en datos oficiales, es posible conocer las acciones concretas que son desplegadas por las autoridades migratorias y por quienes coadyuvan con ellas”, indicó la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, quien presentó el proyecto a los demás integrantes del Inai.
El Ejército deberá entregar datos como el número de personas migrantes rescatadas, la cantidad de rescates y detenciones, incluyendo las causas —como estancia ilegal o la comisión de delitos—, así como el número de personas detenidas vinculadas al tráfico de personas, conocidas como polleros o coyotes.
