La reforma garantizará protección de los derechos humanos y el combate a la violencia de género y discriminación
DANIELA HERNÁNDEZ / EL SOL DE PUEBLA
Después de 25 años y por segunda ocasión en la historia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), el máximo órgano de gobierno inició la ruta para hacer cambios legales en su Ley Orgánica, toda vez que esta norma cataloga a la institución como un organismo constitucional autónomo, sin que lo sea, y le atribuye las obligaciones de estos. Además, el documento presenta diversas inconsistencias en su texto y carece de artículos que garanticen la protección de los derechos humanos de su comunidad.
Lo anterior se dio a conocer durante la octava sesión extraordinaria del Consejo Universitario de la BUAP, donde por unanimidad de votos, los integrantes de este órgano aprobaron someter a votación, entre la comunidad de la máxima casa de estudios, el plan de reforma a su Ley, a fin de solicitar al gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, que haga suya la propuesta y, eventualmente, se remita al Congreso del Estado para su revisión y aprobación.
Además de corregir algunas anomalías presentes en su máximo estatuto, este plan propone incluir normativas que garanticen la protección de las libertades de quienes conforman la universidad, el combate a la violencia de género y discriminación, así como al cuidado del medioambiente, expuso Lilia Cedillo Ramírez, rectora de la máxima casa de estudios.
A decir de Miriam Olga Ponce Gómez, abogada general de la BUAP, algunos inconvenientes presentes en la ley que rige la universidad son la falta de claridad en los textos, de desarrollo de las unidades académicas, de órganos y autoridades. Además, el patrimonio de la máxima casa de estudios no incluye todos los bienes y valores que la pueden conformar y mantiene lagunas o ausencias normativas, pues el uso de mayúsculas y minúsculas no es homogéneo y carece de homologación en su lenguaje.
En tanto, esta nueva reforma propone dejar sin efecto el Artículo 3 de esta ley, la cual señala a la BUAP como un organismo autónomo, lo cual trajo consigo diversas afectaciones a la institución, ejemplo de ello es que, los funcionarios universitarios han sido considerados desde 1998 (año de la última reforma) como servidores públicos, y que a la BUAP se le atribuyen obligaciones propias de órganos de este carácter, como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), aun cuando no cumple con estas funciones.
Como un acto en contra de la discriminación por motivos de edad, esta modificación propone eliminar la edad máxima como requisito para ocupar el cargo de la rectoría, la cual, de ser aprobada, entrará en vigencia con quien suceda a Cedillo Ramírez,
La universidad se ve obligada a reformar su ley, insistió Ponce Gómez, debido a que, durante la última modificación no se habían expedido al menos ocho leyes en el país, las cuales atienden a los organismos autónomos, sector en el que continúa clasificada la máxima casa de estudios.
Entre algunas de estas nuevas leyes, que han normado a la BUAP, se encuentran la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
¿Qué agrega la nueva reforma?
Además de las correcciones, la nueva reforma propone adicionar artículos que garanticen la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, así como el combate a todo tipo y forma de discriminación, explicó la rectora.
De ser aprobada esta nueva reforma por el Congreso del Estado, se crearán espacios universitarios libres de violencia, y se pondrán en marcha estrategias para la preservación y cuidado del medio ambiente.
Asimismo, se garantizará la igualdad de oportunidades para acceder a la educación superior sin discriminación y se agilizarán acciones para la detección y erradicación de la violencia en contra de las mujeres que forman parte de la máxima casa de estudios, presumió.
Cedillo Ramírez destacó que, aunado a lo anterior, esta reforma será un parteaguas en la gestión de los recursos públicos que recibe la BUAP, pues obligará a las autoridades universitarias a realizar procedimientos adicionales que permitan la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
Urge actualizar Ley de la BUAP: rectora
En este sentido, la rectora de la BUAP pidió a la comunidad universitaria votar a favor de esta propuesta para agilizar su aprobación, antes de que inicie el segundo periodo de sesiones legislativas en el Congreso del Estado y de la llegada del proceso electoral del 2024.
“Entre más participemos tendrá más fuerza nuestra propuesta, es importante precisar que hay tiempos legislativos que no dependen de nosotros, en este caso, tenemos muy poco tiempo para poder someter a consulta esta propuesta y además recopilar todas las sugerencias que emanen de la misma”, expresó.
Advirtió que si la consulta universitaria se alarga, no dará tiempo de que la propuesta ingrese antes del 1 de junio (inicio del segundo periodo legislativo) al Congreso, y esta discusión será postergada hasta el próximo año.
“Recordemos que el 2024 es un año electoral, donde hay cierta turbulencia política y yo creo que sería muy riesgoso que nosotros dejáramos que nuestra ley se pudiera discutir y aprobar el próximo año”, insistió.
Es importante señalar que, de acuerdo con información de la BUAP, la consulta será realizada del 17 al 22 de mayo de este año a través de una plataforma digital, en donde la comunidad universitaria podrá votar a favor o en contra de la propuesta y tendrá la oportunidad de realizar una propuesta u observación a la misma.
Una vez concluido el periodo de la consulta, el Grupo de Trabajo Institucional procederá al análisis e integración del reporte sobre las propuestas registradas y enviará el informe a la Comisión Estatutaria de Legislación Universitaria. Según los resultados, se enviará o no la propuesta al mandatario estatal.
Hay que recordar que, fue el 19 de abril de 1991 cuando se envió la propuesta de Ley al Congreso de Puebla, mismo que fue aprobado y se publicó en el Periódico Oficial del Estado (POE) el 23 de abril de 1991. La primera reforma a esta ley fue realizada siete años más tarde, el 10 de diciembre de 1998.