Por Luis Soriano Peregrina
30 de agosto: Día internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Este día se recuerda a las víctimas, a sus familiares, amigos y a sus comunidades en medio de una de las más graves violaciones de los derechos humanos. La desaparición forzada es considerada a nivel internacional un crimen contra la humanidad y, por tanto no prescribe, siendo que el Estado tiene la obligación de darle a las familias de las víctimas el derecho a obtener reparación y que se les conceda la exigencia para que conozcan la verdad sobre la desaparición de sus seres queridos.
La Organización de las Naciones Unidas a través de su portal nos explican con plena claridad que el día 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General, en virtud de la resolución A/RES/65/209, manifestó la gran problemática que venía sucediendo en diversos lugares del mundo por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias, todas ellas motivadas o generadas por las autoridades o por el crimen a través de arrestos, secuestros, etc., pero también la problemática que representa el incremento de hostigamientos, maltratos e intimidación a los testigos o familiares que se encuentran en la búsqueda de sus familiares desaparecidos.
Por tal razón, la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas declaró el 30 de agosto como Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas iniciando a partir del 2011. Casualmente en México en ese mismo año, se dio un cambio de paradigma con respecto a nuestro marco jurídico, pues de ser un país donde se aplicaba a rajatabla la Constitución Mexicana, pasó a ser un país donde se le dio entrada al Control de Convencionalidad, es decir, se impuso en México que las autoridades caminaran en la ruta de aplicar o generar las condiciones que mejor favorecieran a la persona es decir el concepto Pro Persona, rompiendo con esa cultura jurídica impuesta desde 1917 de establecer como principio la Supremacía Constitucional, aunque la Constitución violentara los derechos humanos en algunos casos.
Según la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, proclamada por la Asamblea General en su resolución 47/133, de 18 de diciembre de 1992, como conjunto de principios que deben ser aplicados por todos los Estados, se producen desapariciones forzadas siempre que: “se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley.” Esta definición es fundamental tenerla clara para identificar cuándo se trata de desapariciones forzadas, pues muchas veces autoridades o empresas argumentan que no realizan estas acciones. Esto viene a razón que existen empresas a lo largo y ancho de Latinoamérica que se dedican a la explotación del agua, de minerales, de la generación de “infraestructuras” (llámese gasoductos) que para lograr sus objetivos utilizan acciones ilegales como homicidios, secuestros, etc., para hacerse de tierras, cerros, ríos e incluso playas
En México de acuerdo al Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas son 73,201 personas desaparecidas, aunque organizaciones de la sociedad civil señalan que son más de 90,000 las personas desaparecidas. En Puebla según se ha informado en diversos medios de comunicación, hasta el momento se ha incrementado a 2,783 personas desaparecidas conforme la nota de Jaime Zambrano de fecha 28 de junio del 2021, publicada en el periódico Milenio, información al parecer proporciona Rosario Arrambide González, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE) de la Universidad Iberoamericana Puebla; sin embargo esos datos son inconsistentes con lo dicho en el mismo medio de comunicación a razón de una información señalada por la Comisión Nacional de Búsqueda y que a la letra se dice “… en el periodo comprendido entre 2006 a 2019, la CNB registró que la entidad sumó 6 mil 594 personas reportadas como desaparecidas, de las cuales 3 mil 596 fueron localizadas…“
Por mera operación matemática de sumas y restas del 2006 al 2019 la entidad suma a 2,998 personas desparecidas, aún sin contar con la información de lo sucedido en los años 2020 y 2021; es decir, es este momento se siguen sin conciliar esos números siendo parte de las exigencias que en el primer semestre del 2019 la Subsecretaria de Derechos Humanos del Estado de Puebla puso sobre la mesa a organizaciones de la sociedad civil, académicos, universidades, defensores de derechos humanos, gobiernos municipales, dependencias estatales y federales para que fuera de las primeras tareas que realizará el recién conformado Organismo Ciudadano de Búsqueda de Personas, así como el análisis y observación de la iniciativa de ley que se tenía ya complementada con la participación de la sociedad civil a efecto de remitir al Congreso del Estado antes del mes de agosto del 2019, la ley para ser analizada, discutida y en su caso aprobada y publicada.
Todo lo anterior se estableció con claridad desde el primer semestre del 2019, a efecto de romper con las inercias que se estaba dando con aquellos que estaban anteponiendo su interés personal, laboral, económico y de egos por encima del verdadero interés colectivo que era la creación de un marco jurídico, administrativo y financiero lo suficientemente sólido que permitiera darle fluidez a la atención de las víctimas de desaparición forzada en Puebla; sin embargo, a dos años veo con tristeza que finalmente se antepusieron los intereses políticos y económicos por encima del verdadero objetivo que era dar dignidad en Puebla y caminar en la ruta de buscar siempre garantizar a las familias de las víctimas el derecho a obtener reparación y tratar de cumplir con su exigencia de conocer la verdad sobre la desaparición de sus seres queridos.
Me parece delicado y doloroso que hoy veamos en Puebla a tantos familiares y amigos que están pasando por esta situación y no encuentren cobijo o atención digna ni en el sector publico ni en el privado, y que muchos familiares tengan que caminar en solitario. Por tal razón seguiré exhortando a todas las personas que busquen construir sus propios colectivos. Si no les satisfacen los que existen, tienen todo el derecho de construir los propios, nadie tiene la exclusividad, ni nadie debería de pretender boicotearlos en su lucha. Mientras más colectivos existan mayores caminos se recorrerán.
No debemos olvidar que en el caso Radilla Pacheco, el colectivo que se construyó en torno a su caso logró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenará se cambiara la realidad en México, ganándole a la tentación de los gobiernos de ser comprados, sometidos o engañando. Urge en Puebla la construcción de redes de colectivos de búsqueda y esto no va suceder mientras no se tengan colectivos que sean parte de esas redes, por lo mismo es que urgen colectivos de rastreadores de búsqueda, urgen colectivos que construyan procesos serios para la generación de instrumentos de formación, herramientas de búsqueda, estructuras de apoyo y contención más allá de lo meramente mediático o académico. Urge profundizar en las razones y los motivos, en generar verdadera información que permita construir acciones y políticas públicas; es increíble que en Puebla se siga sin saber cuántos casos se tienen, pues seguimos como en el 2019: no sabemos nada del tema de desaparición forzada en nuestro estado a pesar de ya tener los instrumentos para saberlo, seguimos como si no lo tuviéramos.
En cuanto a la ley que recientemente se aprobó no se acerca en absoluto a la ley que desde el primer semestre del 2019 se tenía elaborada, construida y lista para conocer la luz. Es una ley que nada abona, que nada suma, que en nada dignifica y que no busca darle a las familias de las víctimas el derecho a obtener reparación y a exigir la verdad sobre la desaparición de sus seres queridos. Afortunadamente existe una reforma constitucional desde el 2011 donde estas leyes de manera diaria estarán sujetas al control de convencionalidad y bajo el principio pro persona, lo cual hará si se sabe caminar en la ruta correcta, que se rompa con esta lamentable ley. Tristemente de nueva cuenta no se empoderará a los municipios para en estos temas, no se municipalizan los derechos humanos, entrampándose solo el Estado y llevándose entre las piernas a la federación de una potestad que no es solo de ellos, sino que conforme a la Constitución federal es de todas las autoridades. Lo valioso, y es gracias precisamente al control de convencionalidad, es que ya se tiene una Comisión que, aunque no funciona, existe; se tiene un consejo ciudadano que aunque la presidenta del consejo quiere que las cosas salgan, el resto solo anda en la grilla política y ambición económica y laboral.
Se tiene una ley, que aunque esta empantanada pues ya está aprobada, es decir, hoy se tienen los instrumentos y lo que sigue es romper los candados y encaminarse en la ruta que se obligue a las autoridades a enderezarse conforme los tratados internacionales por encima de estas consideraciones que no funcionan, lo cual no se logrará solo con reproches, politiquería o siendo protagonistas en los medios. Esto requiere que los colectivos, organizaciones, académicos, universidades y sociedad en general se pongan serios y enfocados a lo que deben hacer y no solo a lo que les gusta hacer, iniciando desde ya diversos procesos administrativos, que motiven la construcción de los procesos jurídicos, contenciosos, consultivos, sociales y comunitarios que le den sustento a las palabras que se pretenden mediatizar. Urge alejarse de los discursos y declaraciones llenas de palabras huecas y sin sustento pues eso ha motivado que en Puebla se tomen como el pretexto para que las autoridades dejen de considerar con seriedad este grave problema de la desaparición forzada.
@LuisSorianoV