Por Luis Soriano Peregrina
El próximo 1 de agosto del 2021 se celebrará el Día Mundial de la Alegría, pero también tendremos la oportunidad de romper el techo de cristal que existe en el Estado mexicano de no tocar a los que han sido presidentes y sus cómplices por muy asesinos, crueles, corruptos, tontos, superficiales o capos que hubieran actuado contra todas las personas en México, que no se les ha castigado, juzgado ni sancionado. Tal vez y digo tal vez podremos abrir la puerta a que se inicien por exigencia popular procesos, investigaciones y acciones que puedan hacer posible la justicia transicional en México.
Este próximo 1 de agosto tendremos todas y todos un ejercicio democrático real y auténtico; más allá de ser simples objetos electorales como lo hemos sido los ciudadanos para quienes han estado en el poder, a ser sujetos de derecho y ejercer algo de lo que es una probada de democracia participativa. Estamos frente a la posibilidad de impulsar por petición popular que en México se establezcan los pilares de verdad, justicia, reparación y no repetición. No se trata solo de “enjuiciar a los expresidentes” se trata de justicia transicional, se trata de construirnos como sociedad individualista y generar una sociedad democrática y comunitaria para que junto con las autoridades podamos implantar los siguientes principios: acceso a la justicia; búsqueda de la verdad y las investigaciones de violaciones del pasado; los derechos de las víctimas, los recursos y las reparaciones; investigación; sanciones y medidas administrativas; conmemoración, educación y preservación de la memoria histórica; enfoque a grupos indígenas tradicionales, religiosos y otros; reforma institucional y buen gobierno, más allá de filias y fobias, está la oportunidad de abrir la puerta a exigir acciones que motiven la no repetición de las violaciones del pasado, no solo en favor del presente sino también del futuro. Una de las virtudes de los derechos humanos es la progresividad, es decir, no volver a tener que regresar a ese México obscuro, antidemocrático y no participativo, esto es parte fundamental de los derechos humanos.
Todo lo anterior puede ser posible si abrimos la puerta diciendo SÍ a la siguiente interrogante que nos plantean contestar este próximo 1 de agosto del 2021: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
Ahora bien, todos se preguntarán cómo podríamos hacer para que esto fuera una realidad. Bueno la misma justicia transicional establece que hace falta tener un plan comprensivo que requiere de un alto grado de flexibilidad y de un compromiso con la evolución y las demandas específicas de la realidad local. Las políticas de transición deben tener un alto grado de legitimidad y requieren de una voluntad política por parte de los líderes dentro y fuera del gobierno, siendo que la consulta es el acto por el cual se va acreditar la existencia de un alto o bajo grado de legitimidad y la voluntad política de los líderes dentro del gobierno se ve reflejada en el consentimiento de que se realice dicha acción. Mientras más participen en la consulta mayor grado de legitimidad se tendrá para ejercer la justicia transicional en nuestro País y en cuanto a los líderes fuera del gobierno también están haciendo su papel aquellos que simpatizan con la 4T, pero también no se ha hecho mucho para construir un diálogo permanente con aquellos líderes sociales que desde hace muchos años han venido construyendo procesos de paz en México y no me refiero solo a aquéllos que son oposición o que están ligados a políticos, partidos o complicidades del pasado; me refiero a aquéllos que están fuera del circo de la política y que caminan en la ruta de los derechos humanos y que de nueva cuenta se les ha dejado de lado con esta incorrecta percepción de que son opositores del actual régimen, cuando en realidad si se les incluyeran serían unos formidables aliados.
Aprovechemos vincularnos con los defensores de derechos humanos nacionales, regionales y locales, pues con ellos podemos lograr que sea revelada la verdad, se logre la reconciliación y proporcionar la reparación total y completa lo mejor posible y enfrentar la violencia del pasado con un proceso abierto, transparente, veraz y oportuno. Esto nos exigirá como sociedad y gobierno que logremos tener estrategias adecuadas en favor de los grupos vulnerables como las mujeres, los niños, los refugiados, adultos mayores, los desamparados y minorías religiosas o étnicas y que logremos proveer de una protección especial, contando con los medios adecuados para participar en el proceso de abordaje del pasado.
Una vez que se logre el SÍ en esta consulta, se podrá tener como base para exigir lo que ya desde junio del 2016 hemos pedido en Voz Ciudadana por los Derechos Humanos en alianza con el Frente Refundación: la creación de la Comisión Internacional de la Justicia y la Verdad en México (CIJUVEM), que no es otra cosa que la herramienta administrativa que nos permitirá implementar la Justicia Transicional en México, recordar que ya existen algunos ejercicios a este respecto, impulsados por el mismo gobierno federal como es el caso de Ayotzinapa o el movimiento del 68, sin embargo, es necesario la construcción de una herramienta administrativa que atienda de manera armónica y transversal estos casos y eso es la CIJUVEM, mismo instrumento que ya fue propuesto en la ONU.
Aquellos que quieren regresar al pasado o mantener sus privilegios como el INE, han promovido acciones contra esta iniciativa. Los expresidentes están muy activos exigiendo que no se dé principalmente Fox y Calderón y por supuesto los partidos políticos que gobernaron en el pasado exigen, piden y ruegan a la gente que no salgan a legitimar este ejercicio, argumentando que eso empodera a AMLO y a Morena. Lo cierto, es que si ven el fondo de su exigencia es que están pidiendo que no se legitime la justicia transicional en México, porque todas y todos ellos aún en el poder partidista, temen y les preocupa que sean privados de sus privilegios y pierdan sus prerrogativas, pues aún viven de la política y se benefician de lo que robaron y siguen robando, algunos ya están infiltrados en la 4T y tampoco quieren que triunfe esta iniciativa porque no importa que exista un perdón divino. Si se aplica la justicia transicional de manera pulcra les tocará a todos los que les tiene que tocar, trayendo como consecuencia incluso la pérdida de lo que hoy consideran es suyo, ya sea poder, posición, prestigio, dinero o bienes, incluso pueden perder la oportunidad de tener un futuro público, por eso necesitamos decir SÍ a la consulta del 1 de agosto del 2021.
He leído con atención y cuidado todo lo que argumentan los respetables defensores nacionales, así como los colectivos y organizaciones nacionales de derechos humanos, y respeto muchísimo sus opiniones y tomo mucho de lo que dicen, pero creo que también tenemos que ver más allá de la visión nacional o global; tenemos que empezar a ver desde lo local e impulsar las ideas para que tengan resonancia nacional. No creo que nadie tenga la verdad absoluta ni todo sea una absoluta falsedad, nosotros en Voz Ciudadana por los Derechos Humanos vemos al ejercicio del 1 de agosto del 2021 como un paso hacia delante para que sea una realidad la dignificación de los derechos humanos en México y si nos niegan la justicia transicional en el primer intento, tal vez en el o los siguientes intentos se la otorguen a los mexicanos. Al final tenemos que hacer que la dignidad se vuelva costumbre en México.
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