Por Dr. Carlos Figueroa Ibarra
A lo largo de 2017 y el primer trimestre de 2018, tuve el honor de presidir el Consejo Consultivo de Morena en Puebla, el cual se integró con académico/as, dirigentes y activistas sociales, intelectuales y artistas. Fueron aproximadamente doce meses de reuniones semanales para discutir las propuestas que Morena enarbolaría de cara a las elecciones de 2018. El Consejo Consultivo además integró a través de foros y conferencias, las opiniones de especialistas y organizaciones sociales versadas en los diversos temas sobre los cuales Morena buscaba hacer una propuesta programática a nuestros candidato/as a la gubernatura y la presidencia municipal de la ciudad de Puebla.
El resultado fueron dos documentos de elaboración colectiva titulados “Proyecto Alternativo de Desarrollo para Puebla 2018” y “Por el Derecho a la Ciudad. Proyecto de Morena para la Ciudad de Puebla”. Ambos documentos fueron entregados con toda la formalidad del caso a nuestros abanderados Luis Miguel Barbosa y Claudia Rivera Vivanco en actos públicos y en presencia de los medios de comunicación. Los discursos de compromiso no se hicieron esperar.
En ambos documentos el Consejo Consultivo de Morena abordó el problema del agua, privatizada en 2013 por el gobierno de Rafael Moreno Valle con la complicidad abierta o vergonzante de los partidos de la supuesta oposición priista y de izquierda. En el contexto de 2017-2018, cuando veíamos como viable el triunfo de la Coalición Juntos Haremos Historia encabezada por Andrés Manuel López Obrador, y teníamos similar optimismo con el triunfo de dicha coalición en la gubernatura de Puebla y en la presidencia municipal de la capital de la entidad, nos esforzamos por sistematizar un proyecto que repitiera en Puebla la Cuarta Transformación que avizorábamos a nivel nacional.
Con ese espíritu abordamos el tema del agua. De manera diferenciada en ambos documentos partiendo de las atribuciones del nivel estadual y municipal de gobierno, propusimos sobre el tema del agua en la entidad lo siguiente: promover e impulsar, desde el gobierno municipal, una nueva ley estatal de agua que garantice la participación de la ciudadanía; aprobar un nuevo decreto, derogando el aprobado el 12 de septiembre de 2013, que devuelva al Municipio sus responsabilidades y funciones con respecto a la gestión del agua; un Sistema Operador Municipal del Agua Potable en la ciudad de Puebla; garantizar la participación real de los sistemas locales de agua, de las colonias, comunidades, barrios y juntas auxiliares de manera organizada.
Además, se propuso realizar diagnósticos y propiciar que los reglamentos municipales cuenten con medidas que protegieran el ciclo del agua y que se emplearan materiales para la construcción acordes a la necesidad de permeabilidad de cada zona. Con respecto a la cultura del agua se propuso la recuperación de las aguas jabonosas y de regaderas, la difusión de una campaña permanente de cultura del agua y la promoción de comités ciudadanos de cultura del agua.
Desde la perspectiva estadual en el documento entregado al candidato Luis Miguel Barbosa, el Consejo Consultivo de Morena alertó sobre cómo el crecimiento poblacional y el cambio climático estaban poniendo en riesgo creciente el suministro de agua, la disponibilidad desigual de agua entre el norte y el sur del estado, revisar la infraestructura de saneamiento de aguas residuales porque se estimaba que entre el 60 y 65% de la misma no funcionaba por mala ingeniería. Finalmente se proponía elaborar un Plan Estatal Integral de Agua a treinta años que contemplara entre otras cosas crecimiento poblacional, actividades industriales y agrícolas, cuerpos de agua superficiales, acuíferos, red de agua potable y drenaje, saneamiento de aguas, zonas de riesgo de inundación y deslave.
Sería bueno evaluar a conciencia que tanto de esto último se hizo en estos cuatro años de gobierno estadual. En lo que se refiere a la remunicipalización del agua, propuesta fundamental en los referidos documentos, no se hicieron esperar mucho las declaraciones de la Presidenta Municipal electa expresando la imposibilidad de la remunicipalización del agua, por el monto de la multa que tendría que pagar el sector público por la cancelación del contrato a Agua de Puebla (se estimaba la misma en 1,600 millones de pesos).
Ya en el gobierno Luis Miguel Barbosa hubo coincidencia en dicha opinión, por lo que pese a tener mayoría Morena y sus aliados en el Congreso local 2018-2021, lo más que hizo esa legislatura fue aprobar una ley que prohíbe cortes de agua en aquellos usuarios que gasten menos de 50 litros al día, pero eso es insuficiente para contener los abusos de los nuevos dueños del agua. Más aun, la legislatura actual (2021-2024) votó a favor de aumentar las tarifas de agua conforme al alza inflacionaria. Para ello contó con el apoyo de 12 diputados de Morena que votaron a favor (solamente 4 votaron en contra).
En el contexto de las protestas que ocasionó dicha decisión legislativa, el entonces gobernador Barbosa calificó a las mismas como “populismo, discursos viejos, sin ningún fundamento técnico”. El actual presidente municipal Eduardo Rivera declaró que el tarifazo de agua había sido una decisión concertada entre él y el mencionado gobernador. Y el actual gobernador Sergio Salomón Céspedes, que lo es por el arduo esfuerzo progresista entre 2018 y 2019 y por un vuelco de la fortuna de la que habló Maquiavelo, se sumó a la opinión neoliberal, ajena a los proyectos de gobierno elaborados por Morena: la remunicipalización del agua está descartada porque los municipios carecen de recursos para otorgar el suministro. Vaya coincidencias entre neoliberales y progresistas.
Las violaciones de Agua de Puebla para Todos o Concesiones Integrales, S.A. de C.V. son tantas que da lugar para un litigio para quitarle la concesión: agua de pésima calidad, suministro de esta exiguo e irregular, cobros abusivos, cortes injustificados y violatorios de derechos humanos, cambios forzosos de medidor que se le cobran al usuario, subir de estrato y aumento de tarifas en un 120% a 42 colonias, etc., Por todo ello es posible retirarle la concesión a Agua de Puebla. Sería una cuestión de litigio que habría que valorar su emprendimiento por ser un tema público que afecta a toda la ciudadanía y en donde todos y todas tendríamos que ser tomados en cuenta.
Por ello me resulta pertinente que la organización Puebla Consulta Ciudadana, haya arrancado la campaña de recolección de firmas para solicitar a las autoridades competentes la realización de una Consulta para que la ciudadanía del municipio de Puebla decida si se debe continuar con la privatización del agua que promovieron los funcionarios neoliberales y que han continuado una parte de aquellos que dicen ser progresistas. Un gobierno de la 4T, ¿no debería apoyar la realización de dicha consulta?