En entrevista con La Silla Rota, expertos en materia de transparencia detallaron que la desaparición del INAI no es una buena señal, toda vez que la vigilancia, en materia de corrupción, parte de este órgano que, en su caso, pasaría al gobierno federal y se convertirá en juez y parte
MARCO ANTONIO MARTÍNEZ / La Silla Rota
Si el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) desaparece, lo único que generará es la subordinación de la transparencia a los intereses políticos, consideraron los especialistas en la materia, Jaqueline Peschard y Eduardo Bohórquez.
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“Lo que significa es que los ciudadanos tengamos mucha menor protecci??n y garantía en términos de nuestro derecho a saber y conocer qué hacen los gobiernos”, advirtió Peschard.
“Si los gobiernos son los que deciden si otorgan la información o no, si ellos mismos son los que revisan las quejas de los ciudadanos frente a un otorgamiento de la información, entonces el que pierde es el ciudadano”, aseguró.
“También pierde el gobierno porque no tiene la fortaleza suficiente como para que pueda elevarse el nivel de exigencia para los sujetos obligados en sí, para las dependencias que están obligadas a transparentar, las entidades, todos los sujetos obligados. Pierden los ciudadanos y la gestión pública porque se pierde ese nivel de exigencia de un organismo que está por fuera de los intereses políticos del gobierno en turno”, remarcó Peschard.
Por su parte Bohórquez explicó que, si el gobierno se vigila así mismo, probablemente continuará el deterioro de los niveles de transparencia y apertura gubernamental, pero incluso podría debilitar la capacidad del estado para enfrentar a los monopolios.
“El gobierno se volvería jugador y árbitro al mismo tiempo. La paradoja es que la agenda de apertura la decidirá el gobierno y ya no serán los mexicanos. Ellos decidirán qué quieren abrir y salvo una vía muy compleja y enredada, el amparo, las personas no tendrán a quién acudir para inconformarse”, indicó el también experto en medición y evaluación del impacto de la corrupción.
Ya no sería un órgano autónomo, sino una dependencia de gobierno
El dictamen que será analizado y discutido en la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados, y del cual dio parte La Silla Rota, propone que sean los sujetos obligados los que se rijan por la ley general en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales, en los términos que ésta se emita por el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.
Ya no sería un órgano autónomo, imparcial, colegiado con personalidad jurídica y patrimonio propio con autonomía técnica para garantizar el derecho al acceso a la información, o sea el INAI.
Peschard explicó que con la desaparición de los organismos autónomos no se entiende que la autonomía es fundamental para garantizar el acceso a la información de las personas y la transparencia de los sujetos obligados.
En cambio la propuesta es que sean ahora los sujetos obligados los que van a promover y garantizar el acceso a la información.
“Es el gobierno vigilándose así mismo. Es muy grave. En la parte que es la exposición de motivos dice que en lugar de que sea una atribución del Estado, ahora va a ser el gobierno a través de las dependencias que son del Ejecutivo, que es un poder definido por el partido, la corriente mayoritaria en el país”, continuó Peschard.
“Entonces tiene un carácter político en lugar de ser una instancia del Estado. Es decir que está por encima del Ejecutivo y del gobierno. Es muy muy grave que todo lo que tiene que ver con lo relativo a las competencias del organismo garante, que es el que pueda revisar la transparencia y el acceso a la información de todos los sujetos obligados de la Administración Pública, ahora estos van a ser los que conozcan estos procesos, los que determinen el acceso y la cabeza va a ser una dependencia gubernamental, la Secretaría de la Función Pública”, lamentó.
Por su parte Eduardo Bohórquez vio que hay una confusión de origen en el intento de reforma: las dependencias y entidades del Ejecutivo federal no pueden absorber funciones de organismos nacionales que supervisan y regulan a los tres poderes y órdenes de gobierno.
“En materia antimonopolios o de transparencia, el gobierno federal puede fortalecerse, pero no puede absorber la parte nacional de esos organismos. En muchas ocasiones, estos organismos tienen la obligación de regular al propio gobierno. Absorber funciones nacionales supondría transgredir la división de poderes y la autonomía de estados y municipios”, de acuerdo con su análisis.
“El mayor riesgo es que el gobierno es también sujeto obligado o regulado de estos organismos”, agregó.
Regresión al IFAI
La ex comisionada del IFAI, Jacqueline Peschard reconoció, a pregunta expresa, que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador el interés por la transparencia no es mucho. Así lo muestran los decretos que desde la presidencia de la república se han emitido para no transparentar cierta información, colocando los temas incluidos en esos instrumentos jurídicos como elementos de seguridad nacional o de interés público.
“Lo que han tratado de hacer para no dar información, lo han hecho en este gobierno mediante decretos presidenciales que se han podido recurrir por parte de la oposición, básicamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero lo que vamos a tener ahora es facultados a los sujetos obligados para que ellos mismos digan no te doy la información.
“Queda totalmente desprotegido el ciudadano y la función de la transparencia queda subordinada al interés político del gobierno en turno. Hoy será de Morena, mañana puede ser de cualquier otro partido y en el ámbito estatal igual porque se replica todo en que ya no habrá organismos autónomos y todo está justificado a partir de que se hace una simplificación organizativa de los organismos”.
La regresión es de tal magnitud que equivale a lo anterior al IFAI, el antecedente del INAI.
“No es una simplificación. Es una clara regresión a antes de que hubiera ya no digamos el IFAI que era parte de la Administración Pública Federal pero con autonomía de gestión y de decisión. Eso tenía el IFAI sin ser autónomo”.
Peschard también criticó que el Congreso de la Unión organizó foros de diálogo nacional para analizar todas las consecuencias e implicaciones de la desaparición del INAI y que visto el dictamen, fue una simulación.
“Al final nuestros representantes populares lo que hacen es simplemente caso omiso de todas esas observaciones y propuestas que se hicieron a través de esos diálogos y qué podemos esperar. La verdad es que no veo que el Congreso y los nuevos diputados a partir de septiembre puedan asumir una responsabilidad en cuanto a su carácter de representantes populares”.
– ¿Con esto se regresa a la oscuridad?
-Toda la oscuridad y además el ejercicio de atribuciones extendidas para el gobierno sin ningún tipo de contrapesos ni posibilidad de control o vigilancia, porque son ellos mismos los que se están regulando, vigilando, controlando. Eso es lo más grave, es una simulación de controles establecidos en la Constitución que la verdad no van a ser controles. Se atropella el artículo 1° constitucional que habla del principio pro-persona y de todos los principios con relación a los derechos humanos, porque el acceso a la Información es un derecho humano entonces sí es muy grave.
Para Bohórquez, este dictamen que incluye la desaparición del INAI y 7 organismos autónomos más se suma al intento de sobrerrepresentación en el Congreso y la posible reforma al Poder Judicial.
“En conjunto parecen más las de un cambio de régimen que las de un gobierno”, concluyó.