La comitiva enviada por Biden llega al país vecino con cinco checkpoints cerrados, tensiones diplomáticas desenterradas y una marcha de 6.000 migrantes cruzando México de sur a norte.
MIGUEL FLORES / EL ESPAÑOL
Los jefes de la diplomacia de Estados Unidos, encabezados por el secretario de Estado Antony Blinken, viajan este miércoles a México para negociar de urgencia nuevas medidas migratorias con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Después de un año inestable en la frontera entre ambos países, 2023 termina con los mismos problemas con los que empezó: una crisis migratoria acuciante y mortífera en varios puntos del continente que la diplomacia aún no ha conseguido asentar. Al contrario: en la última semana de noviembre y la primera de diciembre se constató un aumento del 31% en la afluencia de personas a las puertas de EEUU.
La magnitud de la crisis migratoria ha llevado a Washington a tomar cartas en el asunto de inmediato. En primer lugar, en el último mes se han cerrado varios pasos fronterizos en los estados de Arizona, California y Texas. En este último, gobernado por los Republicanos, la iniciativa se ha complementado con la promulgación de la ley SB4, que a partir de marzo permitirá a las autoridades deportar automáticamente a cualquier persona que no lleve consigo los papeles.
En segundo lugar, la Administración de Joe Biden ha vuelto a recurrir a la diplomacia, una vía que fluye torpemente en el caso de las relaciones entre México y Washington. La semana pasada, Biden y López Obrador —AMLO— acordaron por teléfono la visita de este miércoles. La comitiva estadounidense la integran, además de Blinken, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y la asesora de Seguridad Nacional, Elizabeth Sherwood-Randall. Esta delegación de alto nivel pretende revertir la inestabilidad del año que se va, aún vigente como demostraron las aglomeraciones del mes pasado en la frontera.
El Departamento de Estado de EEUU ha dado a conocer en un comunicado su intención de buscar «medidas» que permitan la reapertura de todos los puertos fronterizos. Pero el Gobierno de México insiste: la «necesidad de reabrir los cruces fronterizos» es apremiante. Para el país hispano, un encuentro con la delegación estadounidense no será productivo si no atiende «las causas estructurales de la migración a partir de los resultados del Encuentro de Palenque».
En octubre, AMLO se reunió con sus homólogos de Cuba, Colombia, Venezuela y Honduras, y juntos convinieron en que la crisis migratoria actual sólo se resolverá si se ataca de raíz. Junto a Nicolás Maduro y a Miguel Díaz-Canel, el presidente mexicano demandó a EEUU el levantamiento de «medidas coercitivas unilaterales», como las sanciones a Cuba y Venezuela. «No podemos esperar a EEUU», pronunció entonces López Obrador.
El ‘éxodo’ contra EEUU
Desde su país, tanto mexicanos como migrantes de otras nacionalidades presionan a López Obrador para que no dé el brazo a torcer ante la gestión estadounidense de la cuestión migratoria. La pasada Nochebuena, una caravana de más de 10.000 migrantes partió de Tapachula (Chiapas), en la frontera sur de México, hasta la linde con EEUU en protesta contra los acuerdos entre ambos países para realizar una mayor contención del flujo migratorio. La marcha, apodada ‘Éxodo de la pobreza’, integra ahora sólo a seis de aquellas diez mil personas, que atraviesan desde dos días el país en vísperas de la visita de Blinken.
La Casa Blanca está evaluando la posibilidad de restaurar el polémico Título 42, una política aplicada durante la pandemia de covid-19 por el expresidente Donald Trump que permitía deportar en calienta a indocumentados sin darles la oportunidad de pedir asilo, informa Efe. La Administración de Biden levantó en mayo el Título 42 y lo sustituyó por otras medidas que intentaban limitar la llegada de personas en la frontera y restringir el acceso al asilo.
Sin embargo, no ha conseguido el efecto deseado, en medio de un aumento global en el movimiento de personas, motivadas por la búsqueda de mejores oportunidades económicas en EEUU y huyendo de diferentes crisis sociales y políticas en América y otros lugares del mundo. La aplicación de esta medida afectaría directamente a México dado que la mayoría de personas son devueltas a ese país.
En realidad, el desafío migratorio que afronta el Gobierno de López Obrador tiene una naturaleza doble: México es tanto país de origen de miles de migrantes como parte de una ruta migratoria recorrida por aún más personas que aspiran a llegar a EEUU. El Estado mexicano prevé que 75.000 de los 307.000 migrantes que se detendrá lo que queda en 2023 en la frontera norte son nacionales. Eso es, un 24% de las personas retenidas a las puertas de EEUU cuando termine el año serán mexicanas.