El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa señala que el Ejército constituyó una obstrucción a la justicia e incurrió en contradicciones, faltas a la verdad y negativa de proporcionar información
IGNACIO ALZAGA / ARTURO JIMÉNEZ / LA SILLA ROTA
ntegrantes del gabinete del entonces presidente Enrique Peña Nieto le sugirieron que accediera a la petición del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para que éstos pudieran interrogar a militares involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. El presidente Peña le dijo a su secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, que estaba ese planteamiento. El titular de la Sedena le reviró que él no estaba de acuerdo, porque el ejército representa la defensa de la soberanía de un país y que acceder o permitir que extranjeros pudieran interrogar a militares era vulnerar esa figura; sin embargo, le atajó si él se lo ordenaba como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, él accedería sin dudarlo, pero que en ese momento tendría su renuncia a la cartera de la Sedena sobre su escritorio. Finalmente, Peña Nieto no accedió a la exigencia del GIEI.
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El 6 de octubre de 2015, el secretario de la Sedena cerró cualquier posibilidad, al declarar públicamente: “¿Qué quieren saber?”. “¿Que qué sabían los soldados? Está todo declarado, yo no puedo permitir que a los soldados los traten como criminales o los quieran interrogar para posteriormente hacer sentir que tienen algo qué ver y no apoyarlos, esa es mi posición y de ahí creo que no puedo ni debo salirme, porque perdería mucho de lo que soy”, cita el Informe Ayotzinapa VI: Hallazgos, avances, obstáculos y pendientes.
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La declaración se la dio en entrevista a Noticieros Televisa, donde también el entonces funcionario afirmó: “lo lamentamos mucho, y lo sentimos como todos”, “pero querer involucrar al Ejército en esto, porque a alguien se le ocurrió, creo que es algo muy grave”.
Esta semana el GIEI presentó su Informe Ayotzinapa VI: Hallazgos, avances, obstáculos y pendientes, señalando que el Ejército constituyó una obstrucción a la justicia sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos. Para los especialistas, el ejército siempre incurrió en contradicciones, faltas a la verdad y negativa de proporcionar información relevante sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
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Ángela Buitrago y Carlos Beristáin, miembros del GIEI, aseguraron en conferencia de prensa que la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional fue mayor de lo que sus miembros reportaron en entrevistas.
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En línea, la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) lamentó la falta de cooperación de las Fuerzas Armadas para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.
Además, celebró el trabajo del GIEI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que señala la resistencia del Ejército a entregar información acerca de su participación en el caso.
«La ONU-DH lamenta profundamente que, pese a la voluntad política expresada desde el Gobierno federal al más alto nivel, las Fuerzas Armadas no hayan otorgado toda la información solicitada por el GIEI para profundizar sus investigaciones y coadyuvar al esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de los estudiantes», expuso el organismo en un comunicado emitido este jueves.
Los informes elaborados por los investigadores independientes, indicó la ONU-DH, han permitido avances sustanciales que corroboran que la llamada «verdad histórica», versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) sobre el suceso, «fue construida con base en pruebas ilícitas como la tortura».
«Asimismo, los hallazgos del GIEI han contribuido a reconocer y dignificar a las familias, a desvelar la confabulación criminal de autoridades, civiles y militares, y a sustentar la judicialización de más de 120 personas», incidió la ONU-DH.
Por ello, el organismo instó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a implantar las recomendaciones del GIEI para «lograr avances en justicia, verdad y derechos de las víctimas» y «generar un aporte sustancial al sistema de justicia penal, en especial hacia los casos de violaciones de derechos humanos en México».
Dudas de su hipótesis
El periodista Sergio Sarmiento, en su columna Jaque Mate, de Reforma de este 27 de julio, afirmó que el GIEI ha buscado demostrar que el secuestro y homicidio de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 fue un “crimen de Estado”; “fracasaron, sin embargo dijo, en sus intentos por demostrar que las Fuerzas Armadas participaron en el crimen.
“La intención del GIET fue siempre política. López Obrador los apoyaba cuando estaba en la oposición, y cuando él mismo rechazaba la militarización de la seguridad, pero ahora que es presidente, y busca decididamente esta militarización, las posiciones del GIEI se han vuelto incómodas”, publicó Sarmiento.
AMLO, otros datos
Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador piensa distinto. El mandatario defendió este jueves que las Fuerzas Armadas sí cooperan en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa después de que el GIEI las acusó de obstruir la investigación.
“No hay impunidad y se está actuando. Y no es cierto que Marina y Defensa no estén ayudando. Respeto su punto de vista, pero no lo comparto, porque si se ha avanzado es precisamente por la colaboración de Marina y Defensa”, sostuvo el mandatario en su rueda de prensa diaria.
López Obrador respondió que “una cosa son las instituciones y otra cosa son los funcionarios y los servidores públicos, y no por el mal comportamiento de un funcionario se va a manchar una institución”.
«Es lo que quisieran algunos, afectar y socavar instituciones como Marina o como la Secretaría de la Defensa, que son instituciones muy importantes para el funcionamiento del Estado mexicano. Entonces dí la instrucción de que se vaya a fondo y hemos avanzado», manifestó en su conferencia mañanera.
El sexto informe Ayotzinapa: bloqueos y relación narco
El Informe Ayotzinapa VI: Hallazgos, avances, obstáculos y pendientes sostiene que desde su llegada a México en 2015, el GIEI solicitó entrevistar en calidad de testigos a los miembros del 27 Batallón de Infantería de Iguala, pero la negativa de la Sedena, con el argumento de que era una violación de la soberanía que “extranjeros” los interrogaran, “fue entonces una forma de bloqueo”.
“Desde la llegada del GIEI al país el 2 de marzo de 2015 para coadyuvar en la investigación, el grupo pidió tener acceso a toda la información disponible en el expediente de la PGR, así como poder entrevistar a testigos y buscar otras informaciones, de conformidad con el mandato, para proporcionarlas a la investigación. La primera revisión de los 80 tomos con que contaba el expediente en esa época ayudó a ver distintas líneas de investigación que no se habían seguido convenientemente, mientras se había focalizado la hipótesis del caso y la propia investigación solamente en el basurero de Cocula como el lugar que habría sido escena del crimen y de destino de los jóvenes».
El documento del GIEI señala que la colusión del Ejército con el narcotráfico fue revelada en el contexto de la investigación de trasiego de drogas entre Iguala y Chicago, particularmente a partir de las escuchas telefónicas llevadas a cabo en el proceso judicial contra Pablo Vega y otros, en 2014.
Este contubernio, de acuerdo con el Informe Ayotzinapa VI, se dio entre mandos militares de los batallones 27 y 41 de infantería con la organización criminal Guerreros Unidos.
“Por ejemplo, en el GAOI 5321, del 2 de octubre de 2014, del comandante de la 35 ZM, se hace referencia a una información donde entre otras muchas cuestiones se refieren a un teniente B. del ejército, y se dice que se encontraron con una camioneta del 27 batallón a cargo de dicho teniente, el cual habría dicho textualmente lo siguiente: ‘ya van a empezar a chambiar para abrirme a la verga’. Respondiendo el elemento policiaco: ‘si ya vamos a tirar vergazos como va’”.
El GIEI recuerda que hay una transcripción de una escucha breve de la Fiscalía de Chicago que permite conocer el grado de vinculación y retribución que se acuerda con miembros del Ejército para la época de los hechos. “En diversas declaraciones del testigo J se dice que los miembros del 41 y en particular el comandante recibía dinero de la organización criminal y así mismo tenían reuniones a las que acudían con jefes de la organización. Varios de los soldados del 41, según esta declaración, eran pagados por la organización”.
Las intervenciones telefónicas refieren pagos y relaciones con varios militares y las declaraciones de testigos protegidos han señalado que les proporcionaban dinero periódicamente para que dejaran llevar a cabo sus acciones a Guerreros Unidos.
“Eso explica en parte su actuación, ocultamiento y falta de protección de los jóvenes a pesar de la información con que contaban desde las 18 horas de ese día 26 de septiembre de 2014 y durante toda la noche. Esta colusión es parte de las condiciones que facilitaron que se llevase a cabo la desaparición de los estudiantes. La simulación de actuación llevada a cabo por el 27 batallón durante esa noche, sin interferir en ninguno de los ataques y llegando supuestamente cuando los muertos y desaparecidos ya se habían producido, tuvo además su continuidad en el ocultamiento de información, el desvío de la atención a otras supuestas razones de su no protección de los jóvenes y la negación de hechos ya probados”, se lee en el informe.
Indica que todas las autoridades estatales y federales que participaban en la Coordinación Guerrero tenían conocimiento previo de la colusión con la delincuencia Organizada de autoridades y policías municipales de Iguala y varias ciudades cercanas.
Ocultamientos, falsedades de testimonios y declaraciones
Para el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el análisis de telefonía que se realizó a miembros de la Sedena de diferentes niveles releva una serie de falsedades y contradicciones en sus testimonios respecto a las comunicaciones que tuvieron con autoridades y policías municipales, ya que siempre estuvieron enterados en tiempo real de las agresiones contra los normalistas.
Por ejemplo, destaca en su Informe Ayotzinapa VI, el comandante del 27 Batallón de Infantería estuvo en contacto, tanto con las comandancias de las policías municipales de Iguala y Cocula, como con sus mandos inmediatamente superiores de la 35 Zona Militar y de la IX Región Militar, así como también con soldados bajo sus órdenes, “en las horas críticas de la noche de 8 pm a 6 am”, entre los días 26 y 27 de septiembre.
“También existen otras pruebas de que militares tenían conocimiento directo de las agresiones y detenciones, y estuvieron comunicándose con el jefe de la policía que estaba llevando a cabo los ataques”, se lee en el reporte.
Además, “algunos soldados no fueron solo elementos pasivos que daban seguridad perimetral al llegar a los lugares, sino que mantuvieron una red de comunicación con objetivos relativos a la acción que se estaba desarrollando”.
Los datos de localización por telefonía contradicen el relato de varias declaraciones de militares clave esa noche, entre ellos los denominados Órganos de Búsqueda de Información (OBI), que en realidad eran espías militares, comandantes y soldados.
“El OBI señaló que se desplazó al Palacio de Justicia para observar e informar de lo que sucedía a las 22:15 horas, siendo testigo del ataque a los normalistas en ese lugar. Posteriormente, según sus declaraciones y las de su jefe de inteligencia, el teniente J.G., este fue a buscarlo y se regresaron al 27BI, del que volvió a salir a las 00h30 con la Fuerza de Reacción C. pasando por el Palacio de Justicia, la calle Juan N Álvarez y la clínica Cristina, para quedarse después en la calle Juan N Álvarez. Señala que estuvo ahí desde las 2am hasta el amanecer. Sin embargo, no hay coincidencia entre el análisis técnico y lo declarado por el OBI”.
El GIEI destaca que hubo omisiones dolosas o falsedades que “han desviado la investigación desde el momento de los hechos hasta la actualidad, y han obstaculizado la investigación del caso y la búsqueda de los desaparecidos”, lo que se demuestra en el análisis contrastado de las versiones proporcionadas por la Sedena o declaraciones como testigos dadas por personal del 27 Batallón de Infantería en distintas oportunidades desde 2014.
“El dolo se refiere a que el ocultamiento de la verdad no es debido a ausencia de información, sino a la negativa a proporcionar información veraz o tergiversar otras que han sido probadas por distintos medios. El análisis tanto de las versiones preliminares en diciembre de 2014 como las posteriores en diferentes fechas y la documentación a la que ha tenido acceso el GIEI, muestra una actuación de ocultamiento doloso que debe ser atribuida a quienes han rendido informes o declaraciones que no contienen la realidad de lo que pasó, ni la real intervención de estas autoridades en los hechos, ni tampoco lo que conocieron en tiempo real ni de manera posterior, por lo que las declaraciones de 2014, 2015, 2016 y 2017 son diversas y con menos información de las que rindieron en el 2020 y 2021”.
Añade además que en la actualidad se pueden mostrar pruebas claras de la falsedad y ocultamiento, de lo que en otros informes anteriores aparecían como faltas de claridad, preguntas o contradicciones.
El “apagón informativo”
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes advierte en su Informe VI que en la noche de iguala del 26 de septiembre de 2014 hubo lo que llamó un “apagón informativo”.
“El 26 de septiembre de 2014 es muestra de ello, pues hay una secuencia que se interrumpe de las 21h a las 22h:15 cuando se está llevando a cabo la persecución, la agresión, la detención y la desaparición de los estudiantes. Si los mandos de la 35 ZM y los batallones 27, 41, 50 conocían lo que estaba sucediendo con el boteo, la toma de buses y la preparación para la conmemoración de Tlatelolco, se les hacía imperativo actuar cuando los muchachos fueron agredidos con armas de fuego y fueron posteriormente desaparecidos.
“Sin embargo, después de las 21h20, cuando los jóvenes entran en la ciudad, se da un apagón informativo total por parte de Sedena y Cisen. Es claro que se hacía un seguimiento permanente a los estudiantes, como lo pueden demostrar todos los documentos que se han encontrado a partir de 2019. El nivel de control de las actividades de los jóvenes era total, como puede verse en los reportes del día 26 en Chilpancingo y en la carretera e inmediaciones de Iguala antes de entrar en la ciudad”.
Según el C-4 de Chilpancingo, se registró un disturbio en el que se informó que un grupo de “supuestos estudiantes” trataban de secuestrar el autobús 1538 de la línea Estrella de Oro, intento que fue frustrado y se retiraron del lugar hacia el mercado”
También describe que desde el primer momento de los hechos, la importancia del sistema de vigilancia mediante cámaras de las calles de Iguala, llamado C-4 (Centro de Control de Comunicaciones y Cómputo) conectado con policías y ejército, fue motivo de controversia. De las 36 cámaras que debían operar, al parecer solo cuatro estaban activas y los videos de algunas de ellas nunca aparecieron. Se difundió por parte de las autoridades estatales y federales la versión de que no había datos o información relevante en dicho centro de control C-4.
Por ejemplo, se documentó que las 21: 53: horas en el C-4 se pidió una ambulancia porque había un estudiante herido de gravedad en la cabeza, además de que se escucharon detonaciones.
“Sin embargo, el reporte de lo que sucede en esa calle pasa de las 22h11:14 a las 23h26:20 donde la llamada al C-4 señala que varios jóvenes se están bajando de un autobús Estrella de Oro”, es decir el último autobús de la calle Juan N Álvarez del que los jóvenes fueron desaparecidos.
La conclusión del GIEI
El reporte del grupo interdisciplinario estipula que en principio, todas las declaraciones de los militares se limitaron a una misma versión, que limitaba su accionar a salidas después de que se hubieran producido los hechos, señalando su desconocimiento de lo que pasaba e indicando que sus órdenes eran solamente de verificar lo sucedido.
“En esas declaraciones también se ocultaron pasajes fundamentales del recorrido realizado por las patrullas militares, que solo han ido desvelándose por algunas nuevas declaraciones que reconocieron otros hechos, por las revelaciones realizadas con otras fuentes o testigos, por la prueba técnica de telefonía y solo después de sucesivas indagatorias. Todo ello muestra que las declaraciones no fueron veraces y fueron aleccionadas. A medida que se iban encontrando los datos en los documentos o testigos, las nuevas declaraciones complementaban lo anteriormente declarado o cambiaban parte de su versión, como sucedió, tras la publicación de los informes del GIEI”.
VGB