El presidente invoca una ley que no le da poder para imponer aranceles amplios. Alguien debería demandarlo.
PorEl Consejo Editorial / Wall Street Journal
El presidente Trump volvió a posponer el jueves sus aranceles a México y Canadá, esta vez por un mes más. Está tratando a la economía norteamericana como un juguete personal, mientras los mercados se mueven con cada capricho presidencial. Es dudoso que Trump tenga siquiera el poder de imponer estos aranceles, y esperamos que su inspiración sea impugnada legalmente.
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La Constitución otorga poder sobre el comercio al Congreso, que durante la mayor parte de la historia de Estados Unidos redactó las leyes arancelarias. Eso cambió después de la catástrofe del arancel Smoot-Hawley de 1930, cuando el Congreso dijo “detengamos a Estados Unidos antes de que destruyamos la economía nuevamente” y cedió autoridad al Presidente para negociar acuerdos comerciales bilaterales. Cedió más poder después de la Segunda Guerra Mundial.
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El Presidente tiene ahora el poder explícito de restringir las importaciones, pero sólo por razones específicas. El Presidente puede imponer aranceles a las importaciones que amenacen la seguridad nacional (Sección 232) o en respuesta a déficits de balanza de pagos “grandes y graves” (Sección 122), un aumento de las importaciones que perjudique a la industria estadounidense (Sección 201) y prácticas comerciales discriminatorias (Sección 301).
Durante su primer mandato, Trump utilizó la Sección 232 para imponer aranceles al acero y al aluminio, y la Sección 301 a los productos procedentes de China. Las órdenes ejecutivas de Trump que imponen aranceles generales del 25% a Canadá y México y del 10% (ahora 20%) a China invocan en cambio la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA, por sus siglas en inglés), que otorga al presidente la autoridad para abordar una “amenaza inusual y extraordinaria” si declara una emergencia nacional. Trump considera que el fentanilo y otras drogas son una emergencia de ese tipo.
El lenguaje de la IEEPA es intencionalmente amplio para darle al presidente libertad para abordar amenazas de amplio alcance. Pero los aranceles de Trump constituyen posiblemente una “’revisión fundamental del estatuto, cambiándolo de [un tipo de] esquema de . . . regulación’ a un tipo completamente diferente”, para citar el precedente de la Corte Suprema en West Virginia v. EPA, que condensa su doctrina sobre las cuestiones principales.
En virtud de esa sentencia, el Congreso debe autorizar expresamente medidas ejecutivas de importancia económica y política, como sin duda lo son los aranceles de Trump. Sin embargo, es discutible si el fentanilo constituye una amenaza inusual y extraordinaria, ya que las drogas han estado cruzando las fronteras durante décadas.
El mayor problema es que la IEEPA no autoriza claramente la imposición de aranceles. La ley permite al presidente investigar, bloquear, prohibir o regular cualquier “importación o exportación” o transacción financiera que involucre “bienes en los que cualquier país extranjero o un nacional” tenga un interés o “cualquier propiedad sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos”.
Los presidentes han utilizado la ley para congelar activos de gobiernos y ciudadanos extranjeros, impedir que las empresas estadounidenses hagan negocios con ellos, limitar la exportación de tecnologías y prohibir las importaciones de países adversarios. En marzo de 2022, el presidente Biden utilizó la ley para prohibir las importaciones de energía, mariscos y bebidas alcohólicas rusas, pero, sobre todo, no para imponer aranceles.
En abril de 2022, el Congreso otorgó al presidente la autoridad para aumentar los aranceles a Rusia, y Biden lo hizo más tarde. Esto sugiere que ni el Congreso ni Biden creían que la IEEPA otorgara autoridad arancelaria. Ningún presidente ha utilizado la IEEPA para imponer aranceles. El Tribunal Supremo ha dicho que la “falta de precedentes históricos” es una “indicación reveladora” de que un ejercicio amplio del poder es ilegal.
Es cierto que Richard Nixon utilizó un precursor de la IEEPA para imponer un arancel general del 10% en 1971 para abordar un creciente déficit comercial. Un tribunal de primera instancia dictaminó que el arancel excedía su autoridad al permitirle “determinar y fijar las tasas de derechos a voluntad” sin el permiso del Congreso. Un tribunal de apelaciones confirmó el arancel porque “guardaba una relación eminentemente razonable con la emergencia a la que nos enfrentábamos”.
El arancel de Trump no parece estar razonablemente relacionado con la emergencia del fentanilo. Y al Congreso pareció disgustarle que Nixon utilizara los poderes de emergencia para lidiar con cuestiones comerciales, ya que tres años después le dio al presidente una autoridad limitada para imponer aranceles. Trump puede haber evitado esas facultades porque quiere carta blanca para imponer aranceles.
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Los aranceles de Trump recuerdan el uso que hizo Biden del poder de emergencia para imponer la vacuna contra el covid-19, la moratoria a los desalojos y la condonación de los préstamos estudiantiles. La Corte Suprema bloqueó las tres medidas en virtud de su doctrina de cuestiones importantes, que el juez Neil Gorsuch calificó como “un control vital para las afirmaciones expansivas y agresivas de la autoridad ejecutiva”.
Los presidentes de ambos partidos están declarando que todo es una emergencia para lograr sus objetivos políticos sin tener que lidiar con un Congreso frustrante. Si Trump logra imponer aranceles unilateralmente como le parezca, un futuro presidente demócrata utilizará el poder de “emergencia” para combatir el cambio climático y mucho más. La orden de Trump necesita una impugnación legal.