Los restos identificados de otro de los jóvenes desaparecidos en México arrojan una luz macabra sobre el misterio
PABLO SÁNCHEZ OLMOS / EL MUNDO
La evidencia científica vuelve a dar la espalda a la ‘verdad histórica’ que Enrique Peña Nieto defendió como tesis de lo ocurrido con los 43 estudiantes de Ayotzinapa y refrenda los esfuerzos emprendidos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en busca de respuestas. El laboratorio de genética de la Universidad de Innsbruck ha confirmado que entre los fragmentos óseos enviados por México a mediados de febrero, una vértebra corresponde a Jhosivani Guerrero, uno de los normalistas desaparecidos en Iguala a finales del 2014. Se trata del tercer estudiante identificado hasta la fecha y su hallazgo ha vuelto a sembrar dudas respecto a la posible ubicación de los otros 40 estudiantes.
López Obrador, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, el fiscal general, Alejandro Gertz, y el fiscal especial del caso, Omar Gómez, han comunicado directamente la noticia a los familiares tras una larga reunión celebrada en el Palacio Nacional. El caso de Guerrero despierta especial indignación ya que, hace seis años, la Fiscalía de Peña Nieto confirmó que sus restos habían sido identificados en el río San Juan, lejos de la zona donde se ha encontrado la vértebra. Finalmente, un peritaje independiente confirmó que esos restos tenían una coincidencia de ADN del 17%, mientras que las presentadas esta semana alcanzan el 99,99%.
Las pistas sobre lo ocurrido con Guerrero se han encontrado en un descampado ubicado a las afueras del municipio de Cocula, conocido como ‘Barranca de la Carnicería’, el mismo lugar donde se hallaron, a finales del 2019, los restos de Christian Alfonso Rodríguez, otro de los 43. En diciembre del 2014, tras varios días de intensa búsqueda, la Agencia de Investigación Criminal que dirigía entonces Tomás Zerón, determinó que en ese lugar no había nada relevante. El antiguo jefe de la investigación de Ayotzinapa, acusado por procesos de tortura y malversación, es una de las personas que mejor conoce el caso, pero se encuentra prófugo de la justicia en Israel, donde ha pedido asilo.
En declaraciones a EL MUNDO, Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los 43 estudiantes, denuncia que «el gobierno anterior incurrió en serias irresponsabilidades, ellos ya habían explorado en la ‘Barranca de la Carnicería’ y, aunque encontraron algunas cosas, nunca las reportaron en su momento porque no encajaba con su ‘verdad histórica'». La tesis oficial de Peña Nieto señalaba que grupos criminales, coludidos con fuerzas de seguridad locales, habían asesinado a los estudiantes en el basurero de Cocula y, posteriormente, habían tirado sus restos al río San Juan, lo que imposibilitaba la identificación de las víctimas. Los familiares nunca creyeron esa versión y López Obrador se comprometió a encontrar las respuestas que sus predecesores nunca lograron ofrecer.
UN MONTAJE PARA SILENCIAR EL CASO
El giro de la investigación vivido desde la llegada de AMLO al poder ha tumbado por completo la ‘verdad histórica’ de Peña Nieto. El hallazgo de los restos de Guerrero y Rodríguez cambia la escena del crimen y la aparición de unos vídeos, donde se tortura a presuntos responsables, certifica que todo se trató de un montaje para tratar de silenciar el caso y evitar que continuara erosionando la imagen del Gobierno. El informe ‘Doble Injusticia’, presentado por la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en marzo del 2018, determinó que al menos 34 de los 63 detenidos habían sido torturados.
La nueva línea de investigación ofrece una relación de los hechos más compleja. «De acuerdo a las pruebas que se tienen hoy se puede desprender que los estudiantes fueron divididos en varios grupos antes de ser asesinados. Muy probablemente, uno de esos grupos terminó en la ‘Barranca de la Carnicería’, pero hay que buscar en otros sitios donde podrían habérselos llevado», confiesa Rosales. El abogado de los familiares de los 43 estudiantes denuncia que «pese a la buena disposición del Gobierno», los principales retos que enfrenta la investigación son «romper los pactos de silencio que se han dado entre cuerpos policíacos, el Ejército, la delincuencia organizada y las autoridades implicadas. De momento solo conocemos algunos tramos de la historia, pero seguimos sin tener una visión completa».
Casi siete años después de la tragedia, las pistas se enfrían y los familiares se aferran a la buena voluntad del actual Gobierno y al reciente envío de más restos óseos a la universidad austriaca para obtener respuestas. Según explica Rosales, «los testimonios refieren que la persona que fue a deshacerse de los restos los fue tirando del lado izquierdo, en un lugar conocido como ejido de Cocula, y también del lado derecho, donde se encuentra la ‘Barranca de la Carnicería’. Los nuevos fragmentos enviados para su análisis fueron recogidos en estos dos puntos».
Fuente: https://www.elmundo.es/internacional/2021/06/17/60ca1764fc6c83ae648b4660.html