Por Rodrigo Campos / Reuters
NUEVA YORK, 11 nov (Reuters) – La violencia y el crimen absorben casi el 3,5% de la producción económica de América Latina y el Caribe (ALC), agotando fondos que podrían usarse en educación y asistencia a los vulnerables, mostró un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Más allá del costo humano, el costo de la criminalidad asciende a casi el 80% de los presupuestos públicos de la región para educación, el doble de lo que se gasta en asistencia social y 12 veces el presupuesto para investigación y desarrollo, mostró el estudio, con datos de 2022 y publicado el lunes.
«La delincuencia limita el crecimiento, impulsa la desigualdad y desvía la inversión privada y pública. Debemos unirnos y redoblar esfuerzos para cambiar esa realidad», afirmó el presidente del BID, Ilan Goldfajn, en un comunicado.
El estudio calcula el costo directo de la delincuencia en tres rubros: pérdida de capital humano en forma de tiempo productivo, gasto en mitigación de la delincuencia por parte de las empresas y gasto público en prevención del delito y justicia penal. En 2022, los gastos de seguridad de las empresas privadas representaron el 47% del costo total de la delincuencia, mientras que el gasto estatal en prevención del delito representó el 31% y la pérdida de capital humano el 22%.
A modo de comparación, un conjunto de datos de Polonia, Irlanda, la República Checa, Portugal, los Países Bajos y Suecia mostró que sus costos son un 42% inferiores a los de ALC. Si la región alcanzara los niveles de sus contrapartes europeas, tendría cerca del 1% del PIB para invertir en bienestar social y otros programas, según el BID.Un estudio paralelo del Fondo Monetario Internacional cita a América Latina como responsable de un tercio de los homicidios a nivel mundial a pesar de albergar menos del 10% de la población mundial, y donde el crimen organizado es especialmente costoso.T
«La presencia de bandas y el tráfico de drogas aumentan los costos de hacer negocios», señala el informe del FMI. «Un nuevo análisis de las empresas mexicanas sugiere que los costos de los daños causados por la delincuencia son cuatro veces mayores para las empresas que denuncian la existencia de bandas que operan en sus inmediaciones».
El costo fiscal para los gobiernos también es considerable, según el FMI, que afirma que el gasto en orden público y seguridad en la región promedia alrededor del 1,9% del PIB y más del 7% del gasto total.
«Si bien un mayor gasto en seguridad y el despliegue de más policías parecen contribuir a reducir la delincuencia, es probable que otros factores sean más importantes en América Latina y el Caribe, y la eficiencia del gasto desempeñe un papel fundamental. Por ejemplo, a pesar de que el gasto se destina en gran medida al poder judicial, la capacidad de los tribunales para castigar los delitos sigue siendo débil».
Entre las propuestas de políticas, el FMI dice que ALC debería establecer una «plataforma regional de conocimiento» para recopilar, intercambiar y analizar datos, junto con la difusión de las mejores prácticas sobre respuestas políticas económicas y de seguridad efectivas.
Reporte de Rodrigo Campos; editado por Sharon Singleton