Para que México pierda su grado de inversión tendría que venir un deterioro institucional drástico en el país, consideró Renzo Merino, analista soberano principal para México en Moody’s.
Ana Martínez / El Financiero
Si bien México enfrenta incertidumbre por la reforma al Poder Judicial y la debilidad fiscal del Gobierno de López Obrador, es poco probable que pierda el grado de inversión, aseguró Renzo Merino, analista soberano principal para México en Moody’s. Sin embargo, la debilidad fiscal que enfrentará la siguiente administración es un foco de preocupación para la agencia.
Argumentó que la fortaleza económica y la susceptibilidad a eventos de riesgo hacen contrapeso a la debilidad institucional y de gobernanza, así como la fragilidad fiscal vista recientemente.
El analista remarcó que recientemente la calificadora ratificó la nota de México en ‘Baa2′ con perspectiva estable, a dos escalones del grado especulativo, ya que su perfil crediticio está bien posicionado para mantener el grado de inversión en el actual rango de entre “Baa1-Baa3″.
“Un cambio brusco en la calificación es poco probable sin que haya un choque material que afecte el perfil crediticio. Para ponerlo en contexto, eso solo ocurrió en la pandemia”, manifestó el analista de la calificadora en el evento Inside Latam 2024 y recordó que en julio de 2022 se redujo la nota desde “Baa1″.
Renzo Merino indicó que para bajar la nota de México al piso de sin grado de inversión tendrían que ver un deterioro institucional drástico, así como que las perspectivas económicas sean más modestas de lo que tienen contemplado en el horizonte de análisis.
Se estima que será en el cierre de 2024 cuando Moody’s haga una nueva revisión de la nota soberana de México, esto después de contar con más información del nuevo Gobierno de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, incluyendo el Presupuesto de Egresos 2025.
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“Principalmente estaremos revisando la perspectiva” de la nota, indicó.
Pemex, el ‘foco rojo’ en las finanzas públicas de México
Renzo Merino hizo un balance de la administración de Andrés Manuel López Obrador que termina. Dijo que “lo bueno” es el potencial del nearshoring, aunque la duda es la velocidad en la que se materializará en México.
Si bien la relocalización de empresas tiene el potencial de hacer crecer la economía por arriba de 2.0 por ciento en los siguientes años, se alertó que la reforma jurídica y otras que se lleguen a aprobar dañarían las intenciones de inversión por la incertidumbre.
“Lo malo”, calificó, es la posición fiscal del Gobierno que se vio deteriorada en el último año de este sexenio, lo que añade un desafío a la administración de Claudia Sheinbaum, lo que implica que para el próximo gobierno sea un desafío hacer un ajuste fiscal, elemento que no se observó en 2018.
A propósito, puntualizó que, sin conocer cuáles son las medidas de consolidación fiscal del próximo gobierno y tras revisar los Pre-Criterios Generales de Política Económica 2025, esperan un déficit cercano a 4.5 por ciento del PIB en contraste con lo que han dicho las autoridades entrantes, de que rondaría el 3.5 por ciento.
“Nos interesa mucho conocer en los siguientes meses cuál será la estrategia de consolidación fiscal. No solo para 2025 sino para los siguientes años y asegurar que la senda fiscal, del déficit, de la carga de la deuda, de los intereses, sea sostenible. La pregunta es si hay un riesgo mayor al que estamos contemplando actualmente”, concluyó.
En tanto, entre “lo feo que sigue siendo feo” es la carga que representa Pemex y las pensiones para el gasto público.
Carlos Díaz de la Garza alertó que hay un deterioro en las finanzas públicas, sobre todo al contemplar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y programas sociales.
Órganos autónomos y T-MEC
Carlos Díaz de la Garza, director general de Moody’s México, remarcó que persiste la debilidad en el marco institucional del país, a la par de que las finanzas públicas están comprometidas y podrían deteriorarse por el alto pago de deuda y el bajo margen fiscal que se tiene, presionado por Pemex y los programas sociales.
Opinó que la reforma al Poder Judicial podría politizar este sistema y restarle independencia, lo que desincentivaría la inversión extranjera, especialmente a proyectos de infraestructura.
“La oportunidad histórica que tiene México de aprovechar la relocalización de empresas tendrá que ir acompañada de políticas públicas que brinden certidumbre a todas las inversiones, aumentando la participación privada, especialmente en proyectos de energía y agua potable. Y tendrá que brindar certidumbre jurídica, respetando el Estado de derecho en este país”.
A la par, aseveró que los organismos autónomos se encuentran amparados por el T-MEC, por lo que si llegara a concretar cualquier reforma en la materia seguramente tendrá un riguroso análisis por parte de Estados Unidos y Canadá de cara a la revisión del tratado comercial en 2026.