A pesar de que en la primera mitad del sexenio Andrés Manuel López Obrador mostró voluntad y hubo avances en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cuando se señaló el papel del Ejército, la promesa de justicia comenzó a desvanecerse.
MANU URESTE / Animal Político
Es domingo 1 de septiembre de 2024, final del sexenio. Andrés Manuel López Obrador, de traje azul marino, camisa blanca, y corbata con tonos guindas, está arriba de un templete rodeado de banderas patrias y rindiendo su último informe de gobierno con el sol cayéndole a plomo sobre el zócalo capitalino.
A su espalda está la fachada del inmenso Palacio Nacional, la que ha sido su residencia en estos seis años de mandato. Abajo, a unos pocos metros del templete, dos líneas de autoridades civiles y de las fuerzas armadas lo escoltan. Y a otros pocos metros, detrás de unas vallas, miles de personas le lanzan vivas.
Luego de presumir por largo rato una supuesta mejora de la seguridad en el país y la creación de la Guardia Nacional, López Obrador –AMLO, como se le conoce popularmente–, hace una pausa y se pone serio.
–Avanzamos en la investigación para encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa. Pero esa es una asignatura pendiente –admite de repente el presidente con un gesto de tensión súbito en el rostro. El público, que quizá no esperaba el giro en el tono triunfalista del discurso, guarda silencio, expectante.
–Pero aún no termina mi mandato, y vamos a seguir buscando a los jóvenes.
Aplausos tímidos corren a continuación la cortina que da paso a otro tema.
En total, de las más de dos horas de discurso, el presidente dedicó 17 segundos a uno de los casos más emblemáticos de desaparición forzada en la historia moderna de México, el cual, durante la campaña de 2018, fue objeto de sentidas promesas de verdad y justicia para los 43 normalistas desaparecidos.
Algo más de 10 segundos con los que López Obrador resumió su gestión en un caso que comenzó con prometedores avances que tumbaron la llamada ‘verdad histórica’ del gobierno de Peña Nieto, pero que terminó por desmoronarse cuando investigadores independientes, conversaciones interceptadas, y las pesquisas de la Fiscalía especializada, comenzaron a apuntar a un actor clave: el Ejército mexicano, el gran aliado de López Obrador.
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2018, seis años atrás. El candidato López Obrador va por su tercer intento de ser presidente. Es mayo y a dos meses de la votación el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social, está de gira por el estado de Guerrero, donde hace una parada en Iguala.
En este caluroso municipio de unos 150 mil habitantes, ubicado a una hora y media de trayecto de la capital guerrerense, Chilpancingo, fue donde la noche del 26 de septiembre de 2014 los 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos, conocida popularmente como la normal de Ayotzinapa, fueron interceptados por policías cuando intentaban tomar un autobús que utilizarían para trasladarse a la marcha del 2 de octubre en Ciudad de México.
Una de las líneas de investigación del caso apunta que, al parecer, el autobús transportaba droga con destino a Chicago, Estados Unidos. Por eso, los policías locales que estaban al servicio de Guerreros Unidos, un sanguinario cártel local, habrían confundido a los estudiantes con integrantes de otra banda, Los Rojos. Los agredieron y los entregaron al cártel, que los desapareció.
En mayo de 2018, a casi cuatro años, los padres y madres de los normalistas estaban desgastados y decepcionados con el gobierno de Peña Nieto.
–Con él siempre nos encontramos con la puerta cerrada y con granaderos que nos reprimían –lamenta en entrevista doña Cristina Bautista, madre de Benjamín, uno de los 43 desaparecidos.
De hecho, la única vez que Peña recibió a los padres fue en Los Pinos en octubre de 2014, cuando las calles ya eran escenario de protestas masivas, y la luna de miel del famoso ‘Saving Mexico’ del gobierno priista estaba a punto de llegar a su fin con el escándalo de corrupción de La Casa Blanca de Peña Nieto.
Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que acompaña la defensa de los padres, recuerda que en la reunión en Los Pinos el presidente Peña los recibió sin corbata, pero con un estilo “distante y acartonado”. Junto a él estaba parte importante de su gabinete, entre ellos, el procurador general Jesús Murillo Karam, hoy en prisión preventiva por el caso, y el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón.
–Que el presidente Peña tuviera que dar la cara a las familias, que llegaron a esa reunión muy agraviadas y molestas, provocó que se acelerara la construcción de la ‘verdad histórica’, porque esa reunión coincide con las primeras detenciones con las que después se apuntala la versión del basurero de Cocula –plantea Aguirre.
La llamada ‘verdad histórica’ del gobierno peñista consiste en “una explicación global del caso con la que se buscó darle carpetazo político”. Esa versión asegura que los 43 normalistas fueron asesinados y luego incinerados en el basurero de Cocula, localidad vecina de Iguala, y sus restos acumulados en bolsas fueron arrojados a un río, por lo que era imposible localizarlos.
Sin embargo, tiempo después, investigadores del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), que habían entrado al país como parte de una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pusieron en duda esa versión mediante un peritaje técnico que señala, por ejemplo, que una pira para incinerar a 43 personas hubiera achicharrado la vegetación de varios kilómetros a la redonda, y en la zona no había ni un árbol quemado.
Además, comenzaron a aflorar las denuncias de que los testimonios de personas detenidas que apuntalaban la versión del incendio en el basurero habían sido obtenidos bajo tortura, motivo por el que hoy el exfuncionario Tomás Zerón es perseguido por la justicia mexicana y está prófugo en Israel.
En este contexto, el candidato López Obrador llegó a Iguala en mayo de 2018 para hacer campaña, y ahí los padres subieron al templete. No hacía mucho que un juez en Tamaulipas había emitido una sentencia que no solo mencionaba los casos de tortura a algunos testigos del caso, sino que señalaba que la investigación durante la administración peñista no había sido independiente ni imparcial, y ordenaba la creación de una comisión especial de investigación en la que estuvieran presentes las víctimas. En esencia, esta sentencia fue la semilla que dio origen a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj) en el caso Ayotzinapa, creada en el gobierno de AMLO.
En el templete, el entonces candidato López Obrador escuchó a los padres y se mostró empático con su lucha y su dolor, explica Santiago Aguirre, marcando una distancia sideral con el estilo “acartonado” y distante de Peña Nieto. Y, por supuesto, se comprometió a encontrar a los jóvenes y a sacar a la luz la verdad de lo sucedido. Los padres y madres lo abrazaron entusiasmados, aunque, pasados los años, lamentan que esa esperanza tenía pronta fecha de caducidad.
–Estoy totalmente desilusionado. Él nos prometió que no iba a solapar a nadie y lo que ha hecho ha sido distorsionar aún más la investigación –denuncia seis años después de aquel mitin de campaña, el señor Clemente Rodríguez, padre del normalista desaparecido Cristian Rodríguez Telumbre.
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Septiembre de 2018. López Obrador ya es presidente electo y está a tan solo un par de meses de tomar posesión. Como parte de un compromiso de campaña en un evento previo en el Museo de Memoria y Tolerancia, donde todos los candidatos aceptaron reunirse con víctimas de la violencia si ganaban la presidencia, AMLO asiste el 14 de ese mes a un evento en el Centro Cultural Tlatelolco en la Ciudad de México, organizado por el Movimiento por la Paz y otros colectivos de víctimas, entre ellos los 43 de Ayotzinapa.
Ahí, coinciden varios de los entrevistados que estuvieron en el evento, la actitud de López Obrador ya no era la misma que en campaña.
–AMLO se muestra muy distante con las víctimas. No agarra la onda y empieza a hablar de que si el avión presidencial, que él es diferente, que por qué le exigen, y empieza a ponerse como ya está ahora –apunta Jacobo Dayán, defensor de derechos humanos y actual director del Centro Cultural Tlatelolco.
–Desde ese evento ya se notaba en sus gestos, en su cara, que la agenda de desaparecidos le costaba mucho –señala por su parte Humberto Guerrero Rosales, coordinador de Derechos Humanos en Fundar, otra de las organizaciones civiles que acompañan a las familias.
–Se notaba que no es el ambiente donde él se siente cómodo –añade el activista–. Porque todas estas víctimas de desaparición son de increpar de manera muy frontal, y eso es algo a lo que AMLO no está acostumbrado cuando va a comunidades donde lo que recibe son loas y cariño.
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A pesar de este primer ‘cambio de cara’ de AMLO –no será la única vez que las víctimas denuncien este cambio de actitud, como se leerá más adelante–, el nuevo presidente da un golpe de efecto simbólico y el 3 de diciembre de 2018, a solo dos días de iniciar funciones, ordena que el primer acto de su gobierno sea la firma de un decreto presidencial que origina el nacimiento de la Covaj, al frente de la cual estaría Alejandro Encinas.
Esta fue la primera demanda de los padres que fue atendida por el nuevo presidente, que también cumplió con la segunda, que era la designación de un nuevo fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo, aunque éste no fue designado hasta junio de 2019, a siete meses ya del nuevo Ejecutivo federal.
AMLO también cumplió con la tercera demanda, que fue el regreso de los expertos del GIEI tras una primera salida del país en el gobierno de Peña.
A partir de estos tres pilares, Santiago Aguirre, el director del Pro, considera que al menos hasta la mitad del sexenio obradorista se dieron “varios avances en la dirección correcta”. Por ejemplo, se produjo el hallazgo de restos de 2 de los 43 normalistas, Cristian Rodríguez Telumbre –los restos hallados corresponden a los de un pie, por lo que su familia considera que no es prueba de muerte– y de Joshivani Guerrero de la Cruz.
Sus restos fueron hallados, y esto es clave, en un lugar distinto al basurero de Cocula, donde el gobierno de Peña situó como paradero final de los 43 estudiantes en la ‘verdad histórica’, la cual quedó desmontada.
–Es un lugar diferente al basurero donde, por elevación, no pudieron ser trasladados ahí por la naturaleza, y esto abona a la tesis de que el basurero de Cocula no explica todo el paradero final de los chicos –subraya Aguirre.
Otro avance, apunta el director del Pro, fue el inicio de los procesos penales en contra de los torturadores para la construcción de la ‘verdad histórica’. Y otro, el ‘rescate’ de Estados Unidos de la transcripción de unos chats de Blackberrys interceptados por la Agencia antidrogas estadounidense, la DEA, a Guerreros Unidos. Se trata de conversaciones en las que se detalla “cómo los criminales tenían relación con todas las autoridades de Iguala, y también de manera innegable con algunos militares del 27 y 41 batallón”.
–En esos chats, hablan de que van a entrar al batallón a corromper a militares, que se van a comer con ellos, y se preguntan por el apellido de tal militar que saben que pueden entenderse con él. Hasta ahora, esos chats no alcanzan por sí solos para explicar el paradero de los jóvenes, pero son una prueba importantísima del contexto criminal de Iguala y una prueba de que el Ejército no es incorruptible –hace hincapié Aguirre. Mientras que Humberto Guerrero resalta que de esas intervenciones se deduce que los militares “miraron para otro lado” porque formarían parte de la operación criminal “y estaban brindando protección para luego borrar toda huella de lo que pasó”.
Tanto Aguirre como Guerrero coinciden en que esa información no se hubiera obtenido de no ser por las gestiones de Alejandro Enincas y del propio López Obrador, quien le planteó el tema en una visita a México a Kamala Harris, vicepresidenta estadounidense y ahora candidata a la Casa Blanca.
–Sí había voluntad y se avanzó –concluye Aguirre–. Pero, paradójicamente, ese avance en la investigación, a la postre, provocó que no hubiera más apoyo para que continuara.
–¿Cree que se llegó demasiado lejos? –se le cuestiona en entrevista.
Aguirre se cruza de brazos y sonríe en su despacho del Centro Pro.
–Yo creo que sí –responde.
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18 de agosto de 2022. Los padres y madres de los normalistas, junto a las organizaciones acompañantes y los expertos del GIEI, son convocados para una reunión urgente con autoridades. Pero, a diferencia de las reuniones que periódicamente tenían con la Covaj de Alejandro Encinas en la Segob, donde el acceso era siempre ágil, nada burocrático, y el ambiente era de diálogo y apertura, en esta ocasión el clima es muy distinto.
Para empezar, la cita es en el salón Tesorería del imponente Palacio Nacional, la residencia de AMLO. Ahí no hay mesa redonda entre pares, como en Segob. Lo que se encuentran los familiares es un templete para autoridades arriba y unas sillas para ellos abajo.
–Desde que vimos el acomodo de la sala dijimos: ‘esto no va a acabar bien’. –recuerda Humberto Guerrero, de Fundar.
En el templete está la plana mayor del gabinete, incluyendo al fiscal general Alejandro Gertz Manero, el canciller Marcelo Ebrard, los secretarios de Marina y Ejército, y el presidente de la República.
Encinas toma la palabra primero y suelta una bomba.
–La frase que generó mayor conmoción fue cuando, en esencia, les dijo a los padres: ‘los muchachos fueron ultimados’.
Luego, el presidente toma la palabra y “en un tono de pésame” promete de nuevo a los familiares que continuarán trabajando para sacar la verdad a la luz.
–Los padres se quedaron pasmados, estaban estupefactos. No tuvieron posibilidad de reaccionar. El presidente concluyó y de inmediato comenzó a caminar a la salida del auditorio –cuenta Guerrero.
Una hora después, ahora sí en las instalaciones de Segob, Enincas presenta ante la prensa el primer informe de la Covaj, que entre otros puntos clave destaca que el caso Ayotzinapa “fue un crimen de Estado”, retomando una de las consignas más repetidas por familiares y manifestantes, y pone sobre la mesa que la participación del Ejército pudo ser más amplia de lo que aseguraban la teoría de la “manzana podrida” de la ‘verdad histórica’.
Además, el informe señala que no han encontrado indicios de vida de los 43 y que probablemente hayan sido ultimados. Y para sustentarlo, presenta unos pantallazos de conversaciones que habrían tenido Guerreros Unidos.
Y en este punto estalla la polémica. Francisco Cox, investigador y uno de los integrantes del GIEI, explica en entrevista que esos pantallazos fueron presentados sin consultarles y sin un análisis técnico previo.
–Vimos que la metadata no coincide y que hay problemas, incluso, de análisis de texto. Por ejemplo, que las faltas de ortografía que se le atribuye a una persona, son distintas a las que hemos visto en el cruce de información de la interceptación de los mensajes de Blackberry por parte de la DEA.
–Es decir –recalca Cox– era información no verificada y que, al no dar tampoco la metadata, es absolutamente inútil para una investigación penal.
En protesta, el GIEI anuncia que no hay las condiciones para seguir investigando y presenta un último informe de despedida en septiembre de ese 2022 en el que además denuncia que el Ejército mexicano está entorpeciendo la investigación y que habría al menos 800 documentos de inteligencia militar que se están ocultando por parte de la milicia, a pesar de otro decreto presidencial que obligaba a todas las dependencias a colaborar con el caso.
–Creo que el GIEI fue bastante amable diciendo solo esto –opina Humberto Guerrero, de Fundar– y no diciendo que pudo haber un posible montaje de los pantallazos para darle también carpetazo político al asunto.
–Pero lo que sí es cierto –añade–, es que ese informe tuvo consecuencias muy graves para las familias de los 43, al mismo tiempo que Encinas quedó muy debilitado y abrió el frente de los militares. Ahí todo empieza a desmoronarse.
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El verano de 2022 marcó un claro inicio del fin de la relación entre los padres y madres de los 43 y el presidente López Obrador, y de la investigación del caso.
A la salida del GIEI, le sigue la polémica salida del fiscal especial Omar Gómez Trejo, que abandona incluso el país. En entrevistas posteriores, el ya exfiscal denuncia que su salida estuvo motivada por presiones del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, para que solicitara una orden de aprehensión en contra del exprocurador Murillo Karam sin que, al parecer, tuviera antes bien amarrado todos los indicios en su contra.
Además, la fiscalía de Trejo solicitó órdenes de aprehensión en contra de hasta 21 mandos militares, cuando en el informe de Encinas solo se mencionaba 7. Algo que Humberto Guerrero señala que fue tomado por el presidente López Obrador, que ha criticado públicamente al exfiscal en reiteradas ocasiones, como un “acto de sabotaje” a la investigación y a su gobierno.
En septiembre de 2022, la FGR de Gertz Manero canceló 22 órdenes de aprehensión por el caso Ayotzinapa, entre ellas 16 contra militares.
–Tras la salida de Trejo, el Ejército ha desplegado una estrategia para ir sacando, uno a uno, a todos sus elementos de este caso –apunta el activista.
–Se produjo una clara intervención de la FGR en el caso y, en lo que creo que fue un error brutal, se sometió una investigación criminal a la urgencia de los tiempos políticos, y eso la mató –opina Francisco Cox.
En octubre de 2023, el desmoronamiento del caso continúa: Encinas renuncia al caso Ayotzinapa para unirse a la campaña de la hoy presidenta electa Claudia Sheinbaum. A pesar de los avances iniciales, activistas consideran que “las presiones políticas” para construir una narrativa política que diera cierre al caso Ayotzinapa, algo similar a lo sucedido con la ‘verdad histórica’ de Peña Nieto, hicieron que Encinas se marchara por la puerta de atrás.
–Seguramente se vio en una encrucijada entre ser fiel a un proyecto político, pues él era muy cercano a AMLO, y al mismo tiempo tratar de ser fiel a su compromiso con la verdad. Intentó jugar en dos terrenos y acabó muy debilitado, pues siempre es complicado quedar bien con Dios y el Diablo –dice Humberto Guerrero, aunque otros activistas como Jacobo Dayán son mucho más duros con el papel de Encinas y del gobierno obradorista.
–Todo el mundo estaba embelesado con que AMLO era diferente, que Alejandro Encinas era Nelson Mandela y Olga Sánchez Cordero (extitular de Segob) era la Madre Teresa. Pero era evidente que todo estaba descarrilado desde el inicio, porque la alianza con los militares se sella nada más arrancar el sexenio y no había que tener un doctorado para darse cuenta de que lo de Ayotzinapa no iba para ningún lado –critica Dayán.
En paralelo, comenzó la fuerte exigencia de los padres y madres para que el Ejército entregue los 800 documentos de inteligencia militar que reveló el GIEI, los cuales se han convertido en la “última línea de resistencia” de las familias. Pero la milicia, que en el gobierno de Peña y al inicio del de AMLO negó incluso haber estado en las calles de Iguala el día de la desaparición de los 43 normalistas, cosa que se ha comprobado que no es cierto, comenzó primero negando la existencia de la documentación, y ante la presión terminó aceptando que existen, pero negando que tengan relevancia para la investigación del caso, o que incluso es documentación de casos distintos.
A partir de este punto, especialmente a partir de septiembre del año pasado, con motivo de la conmemoración de los 9 años del caso, las posturas entre familias y presidente se distancian aún más. El presidente eleva el tono en sus discursos. Carga duramente contra las organizaciones civiles, los activistas, y los abogados de las familias, a quienes acusa de “manipular” a los padres y madres. Mientras que en su último libro, ‘Gracias’, defiende el papel del Ejército y regresa a la lógica inicial de que, si es que hubo alguna participación de la Sedena, se trataría de unas pocas manzanas podridas.
–En la encrucijada de si creerle a la investigación penal o al Ejército, el presidente optó por el Ejército. Y eso es un problema, porque al inicio cada vez que el presidente daba un puñetazo en la mesa exigiendo información, misteriosamente Sedena encontraba la documentación. Y por eso se quedará un enorme interrogante de si el presidente hubiera insistido más, habrían aparecido o no más documentos –plantea Francisco Cox, ex del GIEI.
Es así como se llega al pasado 26 de agosto, cuando los padres y madres, enojados, anuncian que ya no asistirán a la última reunión que deberían tener con el presidente saliente este 26 de septiembre, antes de dejar el cargo.
Ahora, las expectativas están puestas en la nueva mandataria Claudia Sheinbaum, con quien ya mantuvieron un primer encuentro el pasado 29 de julio. Personas que asistieron a esa reunión cuentan que la nueva presidenta recibió y saludó de mano a las familias, aunque con un estilo más frío y distante que el de López Obrador. De hecho, Sheinbaum ni en privado, ni ante los medios hizo compromiso de que se encontrarán a los 43 jóvenes, e incluso advirtió que seguramente habría “diferencias” con los familiares. Esto, aunado a la presencia en el encuentro de Rosa Icela Rodríguez, la exsecretaria de seguridad de AMLO que será la nueva titular de Gobernación, y que es vista por las organizaciones acompañantes como un símbolo de “continuidad” en el caso, hace que las expectativas en el futuro sean muy moderadas.
–Su único compromiso fue que se seguiría investigando, pero ya incluso adelantó que habrá cosas en las que no estemos de acuerdo –plantea el integrante de Fundar, Humberto Guerrero–. ¿Y cuáles serán esos desacuerdos? –se cuestiona–. Pues está más que cantando: el Ejército.
Fuente: https://www.animalpolitico.com/politica/caso-ayotzinapa-amlo-43-normalistas-desaparecidos