Académicos, activistas y defensores exigen actualizar leyes para la defensa del agua y la protección ambiental.
Efraín Núñez / La Jornada de Oriente
Colectivos, académicos, defensores y activistas de los estados de Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Yucatán, Campeche, Jalisco, Coahuila y Ciudad de México conformaron la Organización Nacional de Ordenamiento y Defensa del Territorio.
El nacimiento de esta agrupación nacional fue uno de los acuerdos logrados durante el
Segundo Encuentro de Comités de Ordenamiento Ecológico Territorial Participativo, realizado este fin de semana en el Paraninfo del edificio Carolino de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) en el que participaron la mayoría de sus integrantes.
Andrés Barreda, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), uno de los ponentes del encuentro, leyó la declaratoria del foro en la que los integrantes de la organización exigieron la actualización del marco legal para la defensa del territorio, el agua y la tierra en todo el país.
“El nuevo gobierno tiene la obligación de atender los problemas sanitarios y medio ambientales de una manera integral, eficiente, verificable y tendencialmente efectiva. Se requiere de una revisión sistemática de todas las leyes, normas ambientales y sanitarias o con este tipo de consecuencias sanitario ambientales que el neoliberalismo organizó para hacer del país un paraíso para los inversionistas trasnacionales”, expuso el académico.
Sostuvo que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se lograron detener algunos procesos iniciados por el neoliberalismo, sin embargo, fueron muchos los problemas que apenas se visibilizaron o que quedaron sin atender cuando en realidad urge resolverlos como es el caso de los problemas sanitario ambientales.
“Frente a la gigantesca ola de nuevas inversiones extranjeras urge definir nuevas reglas adecuadas, nuevas instituciones pertinentes y programas de gobierno que garanticen en todo el país la salud de los trabajadores, de los avecinados de las regiones con diversos procesos contaminantes y de todos los consumidores”, acotó.
Asimismo, manifestó que urge una reforma legislativa e institucional complementaria que permita una reforma integral de instituciones como Conagua, Conafor, Profepa y Cofepris, entre otras.
Indicó que se requiere de la creación de una instancia coordinadora interinstitucional e intersectorial que garantice en los tres niveles de gobierno la aplicación de las nuevas leyes normativas ambientales adecuadas, la panificación de soluciones y el seguimiento integral de las transformaciones porque a todas las instancias de gobierno el neoliberalismo las fragmentó.
“Urge la aprobación de la Ley de Aguas Nacionales que la mandaron a la congeladora, se requiere de una actualización de las normas que regulan la calidad del agua, del aire y plantear una nueva sobre el suelo”.
Subrayó que se requiere de una política nacional para la atención de la basura, construcción de alternativas educativas que permitan la transformación a fondo la anticultura del neoliberalismo, así como la creación de profesiones adecuadas para trabajar con las comunidades.
“Hacen falta médicos que sí sepan el origen de las enfermedades, economistas que sepan etnopsicología y se deben crear planes de estudios con orientación ambiental en todo tipo de profesiones”.
Indicó que hace falta la participación social efectiva, por medio de instancias como los comités de ordenamiento territorial, así como la creación de comunidades de científicos para discutir y atender múltiples problemas y se sumen a la organización social en las comunidades.
Asimismo, la organización propuso la integración en su pronunciamiento de una postura en contra del fracking, la minería a cielo abierto y las hidroeléctricas.