El poder de fuego ostentado por el narco en el Culiacanazo ha sido suficiente para disuadir a actores políticos y convencerlos de acatar los deseos de los capos, de ahí que las pasadas campañas políticas hayan sido de las menos violentas en el país.
Rafael Croda / Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Después del Culiacanazo del 17 de octubre de 2019, nadie duda de que el poder de fuego del Cártel de Sinaloa es de tal dimensión que ni siquiera necesita ser utilizado para mantener bajo control amplios territorios de ese estado.
Eso, de acuerdo con Luis Gustavo Kelly, profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), se notó en este proceso electoral, ya que, a pesar de la histórica y amplia presencia del crimen organizado en la entidad, las campañas políticas que cerraron el miércoles fueron de las menos violentas a nivel nacional.
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No es que la violencia político-criminal haya estado ausente en Sinaloa en este proceso. El pasado 16 de mayo fue asesinado el candidato del PRI a regidor en el municipio de Choix, Santos Moreno Cabada, aunque la Fiscalía estatal señala que el móvil fue una disputa familiar y responsabiliza de la muerte a uno de sus hijos.
Según registros de la plataforma Votar entre Balas, entre el 1 de enero y el 28 de mayo de este año, además del asesinato de Moreno Cabada, se registró una amenaza a un candidato, lo que suma dos eventos de violencia político-electoral en el estado.
En ese mismo periodo, en Chiapas fueron asesinados 23 candidatos, militantes, autoridades, funcionarios electos, familiares de éstos y agentes de seguridad; en Guerrero 21, en Puebla 11, en Morelos 10, señala el monitoreo de Votar entre Balas, en el cual Sinaloa aparece entre los 10 estados con menos violencia político-electoral en estos comicios.
Para Kelly, un sociólogo de la UAS y maestro en Estudios Urbanos del Colegio de México, el Culiacanazo del 17 de octubre de 2019 es un referente ineludible para explicar el fenómeno de la violencia criminal en el estado.
Ese día, la reacción armada del Cártel de Sinaloa a la detención de Ovidio Guzmán no sólo logró que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenara la liberación del hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, sino que también dejó constancia de su capacidad para desplegar, con planificada inmediatez, una fuerza armada de ocupación por todo Culiacán, una capital estatal con un millón de habitantes.
“La ciudad estaba sitiada. Nadie entraba ni salía de Culiacán, y en control se encontraba el Cártel de Sinaloa”, escribió Kelly en un trabajo que habla del suceso.
El sociólogo y estudioso de los fenómenos de violencia en Sinaloa dice a Proceso que el Culiacanazo dejó constancia de lo débil que puede ser un Estado frente al crimen organizado y, también, de que puede bastar una demostración de fuerza de ese calibre para paralizar en el futuro a los enemigos.
Es decir, en el mundo criminal, como en la Guerra Fría, el poder de fuego se puede convertir, también, en un factor disuasivo.
Ese factor, precisamente, es lo que ha gravitado en este proceso electoral en Sinaloa, un estado que, pese a ser el bastión del que es quizá el cártel de las drogas más poderoso del mundo, registró en esta contienda niveles de violencia político-criminal mucho más bajos que en otras entidades del país.
Para Kelly, quien es consejero electoral en Mazatlán, lo que se expresó con claridad en Sinaloa durante las campañas políticas que finalizaron el miércoles 29 es que la “gobernanza criminal” está tan consolidada en el estado, que los mismos grupos criminales se encargan de regular la violencia a través de pactos y del reparto del territorio.
Lo que parece ser claro en Sinaloa es que no existe un conflicto armado entre las diferentes facciones del Cártel de Sinaloa y sus grupos de pistoleros. Y esto no es porque las fuerzas de seguridad del Estado hayan desarticulado las estructuras armadas de esa organización delictiva.
“No hay nada que nos indique eso –dice Kelly–, el crimen organizado puede estar tan fuerte como lo estaba en el Culiacanazo, o más”.
Tampoco hay elementos para afirmar que las tradicionales redes de complicidad entre políticos, narcotraficantes y las fuerzas de seguridad federales y locales se hayan atacado o debilitado en el estado. Al contrario.
La modalidad del amedrentamiento
Kelly sostiene que si bien los homicidios de dirigentes políticos no alcanzan la incidencia que tienen en otros estados, también ocurren, y además abundan los casos de coerción.
En marzo pasado, en el municipio de El Fuerte fue asesinado el secretario general del comité local del PAN, Román Quezada Anduaga.
Al mes siguiente, el 13 de abril anterior, el Partido Sinaloense (PAS) reportó la desaparición de su candidato a regidor en Culiacán, Luis Alonso García, y de su colaborador, Francisco Cerón Beltrán. Ambos aparecieron con vida tres días después.
Semanas más tarde, el dirigente del PAS, Víctor Corrales Burgueño, dijo que García fue retenido para obligarlo a cambiarse de bando y trabajar por Morena, lo que estaba haciendo. “Lo tuvieron que regresar con ese compromiso, de no acercarse a nuestro instituto político, de no militar más con nosotros”, aseguró.
Para Kelly es evidente que, en ocasiones, a los grupos del crimen organizado “les basta con amedrentar” para mantener sus redes de complicidades con las autoridades políticas y asegurar que sus aliados lleguen al poder o permanezcan en él.
Lo que se apreció en el estado en la coyuntura electoral es que “hubo un intento por mantener las cosas tranquilas porque, finalmente, la violencia también afecta los negocios ilícitos”, asegura el académico.
En los primeros cuatro meses de este año, los homicidios en Sinaloa ascendieron a 156, lo que significó una baja de 13% con relación a los 180 ocurridos en el mismo periodo de 2023.
Kelly considera que en el estado el crimen organizado ha establecido “oligopolios de coerción” que compiten con el Estado en el uso y la regulación de la violencia, así como “una subcultura del crimen que produce orden social y poder político”, y como capacidad disuasiva.
El sociólogo señala que la historia del Culiacanazo se selló el 5 de enero de 2023, cuando defectivos de la Guardia Nacional y el Ejército recapturaron a Ovidio Guzmán en la localidad de Jesús María, en las inmediaciones de Culiacán, en un operativo que también provocó una reacción armada del Cártel de Sinaloa en esa ciudad, en Mazatlán, Guasave, Guamúchil y Los Mochis.
Varios aeropuertos del estado fueron atacados para evitar que Ovidio fuera traslado a la Ciudad de México, pero el hijo de “El Chapo” Guzmán finalmente fue sacado del estado en un avión de la Fuerza Aérea y en septiembre de 2023 fue extraditado a Estados Unidos.
Para Kelly, las exhibiciones de poder del Cártel de Sinaloa en la primera y en la segunda captura de Ovidio “pusieron en duda que en una entidad federativa como Sinaloa el uso legítimo de la violencia pudiera entenderse como el de un monopolio del Estado”.
Dice que, en Sinaloa, el narco compite, negocia y en algunos casos sustituye al Estado, y en estas condiciones es “un paso lógico su interés por los procesos electorales” a través de la intimidación, la amenaza y la violencia.
En Sinaloa, afirma, “se sabe que cuando patean el avispero salen las avispas, y que las avispas siguen allí, en la colmena”.