Integrantes de la colectiva Por las Mujeres de Puebla acusan que a un año de la aprobación de la ley no hay siquiera cifras de menores víctimas ni de los protocolos implementados
ANA RUIZ / E-CONSUTA
Integrantes de la colectiva Por las Mujeres de Puebla exigen que autoridades informen los avances en la Ley Monzón, aprobada hace un año en el Congreso de Puebla.
En este sentido también piden que se les brinde información sobre los protocolos y cómo se implementan, pues no han transparentado los resultados.
«Las otras víctimas que son los niños, los huérfanos abandonados, deberían tener atención psicológica y jurídica, protección; sin embargo, una vez aprobada la ley no vemos esa protección, no la conocemos» indicaron las activistas.
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Luz del Carmen Arredondo, así como Guedani Figueiras, activistas de esta colectiva, hicieron un llamado al gobierno para no permitir que la ley en memoria de Cecilia Monzón quedé como “letra muerta”.
«Exigimos públicamente a los órdenes de gobierno a cargo de garantizar la aplicación de la Ley Monzón en Puebla que nos presenten un informe detallado de las acciones a un año de la aprobación de esta ley”, sentenciaron.
Buscarán crear Observatorio de la Ley Monzón
A su vez, informaron que buscan tener una mesa de trabajo con el Congreso local, gobierno estatal y la Fiscalía General del Estado (FGE) para la creación de un Observatorio de la Ley Monzón.
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«Pedimos una mesa de trabajo con las autoridades señaladas, ya que no tenemos información. En un año no tenemos nada en específico, como cifras de niños y niñas víctimas» indicó.
De igual manera extendieron la invitación para que las mujeres participen en el contingente en representación de la Ley Monzón, en la marcha del 8M.
En esta movilización tendrán tendedero de agresores y se pide asistir con un girasol por cada integrante; la marcha partirá del Paseo Bravo a las 16:30 horas.
¿Qué es la Ley Monzón?
La Ley Monzón es un conjunto de reformas al Código Civil y Código Penal del estado de Puebla referentes a las víctimas directas e indirectas del feminicidio. La principal es evitar que padres feminicidas puedan obtener la guardia y custodia de sus hijos.
Estas reformas surgieron luego de que Javier Zavala, imputado como presunto feminicida de Cecilia Monzón, intentara buscar la potestad del hijo de ambos. (MCJ)