Capacitación de los servidores y ausencia de un padrón oficial de niños huérfanos por feminicidio, algunos de los señalamientos
ALBA ESPEJEL / EL SOL DE PUEBLA
El 2 de marzo del 2023 en el Congreso del estado de Puebla retumbaron las porras feministas, se vieron lágrimas y los anhelos de alcanzar justicia. ¿La razón?, se aprobaron la Ley Ácida y la Ley Monzón. La primera tuvo el objetivo de tipificar de manera inmediata como tentativa de feminicidio los ataques con ácido, y la segunda, arrebatar la custodia de menores a hombres señalados por feminicidio.
Ha pasado un año desde que ambas leyes entraron en vigor en el territorio poblano, sin embargo, las personas por las que fueron impulsadas, como Esmeralda Millán (víctima de ataque con ácido) y la familia de Cecilia Monzón (víctima de feminicidio) no fueron beneficiadas, debido a que ninguna ley tiene efecto retroactivo.
Pese a ello, la familia Monzón y la propia Esmeralda siguen celebrando la aprobación, pues están seguras de que ayudarán a prevenir delitos y el dolor que experimentaron en carne viva. Del otro lado también existen sugerencias para mejorarlas, pues ni una ley es perfecta y los diputados tienen el poder de reforzarlas.
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En el caso de la Ley Monzón, hasta el día de hoy no existe un padrón oficial de niños huérfanos por feminicidio y el número varía constantemente sin que las autoridades den algún argumento. Mientras que, en la Ley Ácida, Esmeralda Millán considera que hace falta incluir un seguro de gastos médicos mayores y apoyo psicológico. En ninguno de los casos se ha capacitado a los servidores públicos para poder aplicarlas.
Tanto la Ley Monzón como la Ley Ácida fueron bautizadas así mediáticamente, pero en realidad no son leyes, sino adiciones y adecuaciones que se integraron a la ya existente Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado y del Código Penal del Estado.
En ninguna de las dos, ni la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), ni el Poder Judicial del Estado de Puebla, confirmaron a este medio si hay carpetas de investigación abiertas o sentencias emitidas.
-“No me benefició, pero estoy segura que los hombres ahora tendrán miedo de ir a la cárcel: Esmeralda”-
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Esmeralda Millán se separó de su ex pareja, Fidel N., porque su relación se tornó muy violenta. Este hombre la agredió de manera psicológica, verbal y hasta física, pero cuando tomó la decisión de dejarlo “fue muy tarde”. “Yo me quedé porque quería una familia para mis hijos, pero como fueron creciendo, mi hijo el mayor veía las agresiones y le gritaba a su papá que me dejara de pegar. Me di cuenta que yo no quería esa vida para ellos”, recordó.
Esmeralda se fue a vivir con su madre, pero este hombre halló la manera de encontrarla. La perseguía y acosaba constantemente. Una vez le preguntó que si estaba segura de su decisión y que si ya no volvería con él, ella respondió que sí y Fidel dijo lo siguiente: “¿Sabes qué Esme?, en su momento, te arrepentirás, si no eres mía, no serás de nadie”.
Una semana después fue su ataque con ácido
Fidel en compañía de tres personas siguió a Esmeralda a un baño de vapor al que solía ir. Esperó a que saliera, la acorraló y le aventó el ácido en la cara y en su cuerpo y una gran parte del líquido también se lo tragó. “El esófago se me cerró, ya no podía respirar. De mi ojo derecho perdí de inmediato la vista. El ácido me carcomió por dentro, me llevaron al hospital, reaccioné, pero yo morí ese día, estoy muerta en vida”, lamentó.
El ataque ocurrió en el año 2018 y el camino que Esmeralda ha tenido que transitar no ha sido nada fácil, primero tuvo que pasar el dolor de que sus hijos la vieran así, decirles que su propio padre fue el atacante, comenzaron las burlas de las personas que la veían en la calle y también el dolor físico, pues ya lleva 30 cirugías de reconstrucción.
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“En el hospital estuve mal, pero salir a la sociedad fue peor. Cuando mis hijos me vieron por primera vez se espantaron, el ver que ni tus hijos se quieren acercar a ti es muy doloroso. A mi mamá le he dicho muchas veces que me quiero morir, pero si sigo aquí es por mis hijos, por justicia, porque Fidel sigue sin condena y porque no quiero que ni una mujer pase por lo que yo pasé”, comentó.
Todo cambió cuando tuvo un acercamiento con la Fundación Carmen Sánchez, la primera asociación civil en el país creada para prevenir, atender, erradicar, investigar y sancionar los ataques con sustancias corrosivas. Luego de esto se sumó a las exigencias para que en Puebla existiera una ley para tipificar los ataques con ácido como tentativa de feminicidio. En su caso, ya no aplicarán todos los beneficios, debido a que la ley no es retroactiva, pero también porque su agresión, por ser muy letal, fue considerada como tentativa desde el primer momento.
La abogada que lleva el caso, Yareri Ruiz, explicó que Fidel N. será juzgado con las normativas previas a la Ley Ácida, pero “afortunadamente”, esto no la perjudica. Sin embargo, la Ley no contiene (ni Esmeralda ha recibido) una reparación integral del daño para las víctimas.
Si bien aplauden la iniciativa, ya que los hombres “la pensarán dos veces” antes de encabezar ataques de este tipo y que ni una mujer tendrá que luchar para que sea considerado un ilícito grave, opinaron que aún faltan muchos elementos para mejorarla, entre ellos apoyos médicos para las cirugías, seguimiento y acompañamiento psicológico.
“A mí me ayudaron con los injertos, hasta ahí se quedó, yo después de eso no pude comer, no pude ver y nadie le dio seguimiento. Si los tuviéramos sería de mucha ayuda”, dijo Esmeralda. Por su parte, la abogada indicó que las autoridades han argumentado que no hay fondos para beneficiarla, entonces sería fundamental agregarlo en la Ley para que sea una obligación y no caridad.
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Ante este contexto, Esmeralda pidió apoyo de la ciudadanía, ya que necesita más intervenciones, pero por falta de dinero, no ha podido concretarlas. Su cuenta de Banco Azteca es la siguiente: 4027665807254934.
Capacitación de los servidores, uno de los retos
El diputado con licencia, Néstor Camarillo, compartió a El Sol de Puebla un documento con los antecedentes de la Ley Ácida y recordó que esta iniciativa reformó diversas disposiciones de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado y del Código Penal del Estado. Quien resulte responsable será juzgado como tentativa de feminicidio con una sentencia de 20 a los 40 años de prisión, además de pagar multas que van desde los 333 a los 666 Unidades de Medida y Actualización (UMA), cerca de 34 mil 545 pesos a 69 mil 091 pesos mexicanos.
Compartió que la primera iniciativa de la LXI Legislatura fue presentada por él, el 9 de junio de 2022 y la Ley Ácida que conocemos hoy en día fue aprobada el 2 de marzo del año pasado y fue avalada por unanimidad. Se sumaron las diputadas Aurora Sierra, Tonantzin Fernández, Mónica Rodríguez y Azucena Rosas.
Previo a la aprobación de esta legislación “que fue pionera en México”, se realizaron dos foros de violencia ácida, en el que se visibilizaron los de ataques con las víctimas , también se recopilaron las propuestas para contar con una Ley “robusta e integral”. Para el 13 de marzo de ese mismo año, también se inauguró un mural sobre la Ley Ácida que se ubica sobre el bulevar 5 de Mayo.
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Para Camarillo, entre los desafíos se encuentran la capacitación de los servidores para una atención adecuada a las víctimas en hospitales públicos, así como el acceso a la atención médica especializada, debido a que muchas víctimas requieren cirugías costosas. De igual modo, aceptó que se deben establecer mecanismos para que se garantice la reparación del daño a las personas agredidas, y el adecuado seguimiento de cada uno de los casos para que las víctimas obtengan justicia.
“Me uní a la lucha de Ley Monzón por el compromiso de mi hermana, no porque a mi sobrino le aplique: Helena Monzón”-
El mismo día que se aprobó la Ley Ácida en Puebla se avaló la Ley Monzón, que suspende la patria potestad de los hijos cuando el padre fue señalado por el presunto delito de tentativa de feminicidio o feminicidio en contra de la madre. Fue inspirada en la abogada feminista Cecilia Monzón, quien fue víctima de feminicidio y la familia de su ex pareja y autor intelectual del hecho, Javier López Zavala, reclamó la custodia del niño que tuvieron juntos.
Ante este hecho, la hermana de Cecilia, la también abogada Helena Monzón, activistas y la diputada con licencia, Mónica Silva (que fue la impulsora), propusieron quitar la patria potestad cuando el padre incurra en estos delitos. El camino no fue fácil y al igual que a Esmeralda, la ley no es retroactiva y no se ha capacitado a los servidores para ejecutar esta disposición.
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En entrevista, Helena Monzón dejó en claro que la Ley Monzón no le aplica a su sobrino, pero es un claro referente de lo que no debería de ocurrir en Puebla, ya que el menor siempre fue cuidado por su madre y familia materna, así que darle la custodia al probable feminicida o la familia paterna “sería impensable”, pero “posible” debido al sistema de justicia mexicano. “Seguimos en un limbo porque no había Ley Monzón cuando sucedió”.
La Ley Monzón ha roto las fronteras poblanas, pues ya se aprobó en Colima, Sinaloa, Ciudad de México, Nayarit, Guerrero, Estado de México, Tlaxcala y Tabasco. Inclusive, el Senado aprobó un dictamen para solicitar a los congresos locales que armonicen su legislación en materia de guarda, custodia y pérdida de la patria potestad en caso de feminicidio.
Helena explicó que, para llevar la Ley Monzón a otras entidades, se ha trabajado de manera diferente con cada legislatura. Hay estados en los que a través de asesores parlamentarios o activistas la ha contactado, hay diputados que han buscado directamente a Mónica Silva y otros que han ido “un poco por la libre”.
“Lo que empuja la ley es bastante activismo, como se vio en su día en Puebla y también el buen recibimiento que el público le da a la Ley, que impulsa a otras y otros legisladores a presentarla (…) la Ley ha sido aprobada por unanimidad cada vez que se ha votado. En general cuando me entero de alguna propuesta, posible propuesta o aprobación aviso a las activistas que siguen la ley, hay varios grupos por el país y a la diputada Silva, que también está pendiente y promoviendo que la Ley sea nacional”, puntualizó.
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Hubo resistencia en el Congreso, incluso no querían que se llamara Ley Monzón
Estefanía Meraz, activista, impulsora de la Ley Monzón y amiga de “Cecy”, piensa que el nombre de “Cecilia Monzón” lleva consigo obstáculos jurídicos, personales, políticos y hasta sociales, pero que gracias al activismo y al amor que muchas mujeres le tienen, esta iniciativa se volvió Ley. “Ella siempre fue solidaria en las causas y jamás lo hicimos con la intención de sólo personificar a Cecilia, ni siquiera aplica a su hijo, aunque es lamentable y doloroso”, dijo.
El activismo también abonó para que la Ley fuera tomada en cuenta con perspectiva de género y aunque en las mesas de trabajo hubo actores políticos que no querían avalarla, se explicó que era una forma de invisibilizar lo que fue Cecilia y hasta el propio trabajo de Mónica Silva. “Ese odio desmedido que le tienen algunos personajes a Cecilia rebasó todos los límites, pero nosotras sabíamos en nuestra conciencia que teníamos que soportar muchas cosas para que sucediera y sabíamos que en el tema mediático nosotros los íbamos a rebasar. En el mundo se llama Ley Monzón, aunque ellos no lo quieran, entonces para nosotras fue un motivo de orgullo”.
La diputada con licencia, Mónica Silva, recordó que la Ley Monzón se aprobó un año después del feminicidio de Cecilia, fueron meses de intenso trabajo y sensibilización para que los diputados entendieran la importancia de hacer esta reforma para las infancias. “Desafortunadamente”, hubo resistencias en el Congreso y no querían que se llamara así, argumentado que era una Ley “para todas”, “sin nombre”, pero Silva cree que tiene que ver con que el presunto autor intelectual, Javier López Zavala, pues fue miembro por muchos años del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
“El hecho de estar mencionando que fuera la Ley Monzón y evidenciar la relación con el presunto feminicida, no era del agrado de muchos diputados, pues tuvieron relación de amistad o de cualquier otro tipo. No querían que se llamara así, pero peleamos por eso, porque todas las leyes llevan el nombre de una víctima o de alguien que se violaron sus derechos humanos y en este caso, el Estado no fue capaz de protegerla de la violencia”.
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Al principio pensó que no se concretaría la Ley por estas resistencias, pero como fue pasando el tiempo y a raíz de que el caso fue muy mediático, se logró. Para Mónica Silva, la Ley Monzón es uno de los más grandes trabajos que hizo como legisladora y gracias a ello se irá “tranquila” de su curul. “Cecy tanto en vida como muerte es una mujer que fue y seguirá siendo un torbellino, el torbellino Monzón. Cecy al final resonó y su nombre seguirá resonando, no sólo en Puebla, sino a nivel nacional porque ella tenía la doble ciudadanía con España”.
No hay un padrón oficial de huérfanos por feminicidio
Tanto para Helena, Estefanía y Mónica, la Ley es un gran referente y es robusta, sin embargo, sigue faltando una coordinación real entre Fiscalía, Secretaría de Igualdad y el DIF. Para ellas, las autoridades deben de dar acompañamiento “real” para garantizar que los derechos de los menores se cumplan, brindar asistencia jurídica eficaz y no existe un padrón oficial de huérfanos por feminicidio.
Para que esto último se cumpla y sea información fidedigna, debe existir coordinación entre el gobierno del estado, el Poder Judicial, Fiscalía y DIF. Al tener este listado, se podría dar seguimiento a cada caso, una revisión anual para determinar qué tipo de prestaciones necesitan, si es una pensión, si es cuestión de salud o una ayuda escolar. Y no sólo para ellos, sino para las personas que quedan como tutores, que en muchos casos son los abuelos de la tercera edad.
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“Hace falta conocimiento por los propios intervinientes y conocimiento real y profundo de lo que significa la Ley para poder ayudar a las familias (…) el punto es que no se les está registrando como debería, no hay un registro oficial del estado de Puebla que identifique específicamente a las víctimas menores que quedan en orfandad por feminicidio, sólo es un cálculo que se está haciendo, pero esta información no se puede llamar registro, es inconsistente y depende de la declaración de los propios sujetos vinculados”, indicó Helena.
Por su parte, Estefanía Meraz sugirió que se tome en cuenta las voces de los niños, ya que en muchas leyes es común pensar por ellos, tomar decisiones por ellos, cuando lo primero que se debería de hacer es escucharlos. También urgió a las autoridades tener el censo oficial de huérfanos y que se dejen “de echar la bolita” para ver a quién le toca hacerlo.
Para concluir, Mónica Silva expresó que la Secretaría de Gobernación estatal debería de ser la dependencia encargada de llevar el registro de huérfanos, ya que de ellos depende la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. De la misma manera, aconsejó a los familiares de personas que vivan un feminicidio y que el victimario sea la pareja, que de manera inmediata pidan el cambio de custodia a través de la Ley Monzón.
“No tenemos un padrón en donde tengamos claro cuántas niñas, niños y adolescentes se encuentran en orfandad por este terrible delito, pero lo cierto es que es una medida de la AVGM que tiene Puebla declarada desde el 2019 y que aún no hemos avanzado en tener este reconocimiento y este padrón y sobre todo, una vez de saber su condición, qué vamos a hacer con ellos y cómo los vamos a ayudar para que mejoren su vida”, remató.
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El Sol de Puebla pidió a la Fiscalía el motivo por el cual la cifra de huérfanos por feminicidio ha sido modificada en los últimos años y las causas, sin embargo, al corte de esta edición no hubo respuesta. Al Poder Judicial se le pidió información acerca de las sentencias que se han concretado por ambas leyes, pero de igual modo, su área de comunicación social no dio información.