Especialistas consideran que para la próxima elección, está en riesgo la existencia del voto libre y de la democracia en vastos territorios del país.
Gustavo Sánchez Benítez / LA-LISTA
Rumbo a las elecciones 2024, La-Lista de asesinatos y agresiones con motivaciones políticas es cada vez más grande: el fin de semana pasado, hombres armados asesinaron a Yair Martín Romero Segura, aspirante a diputado federal de Morena por el distrito 16, que comprende los municipios de Ecatepec y Tlalnepantla.
Su asesinato es el número 34, de junio 2023 a febrero 2024, relacionado con violencia política en el país, si se toman en cuenta a aspirantes, precandidatos, encuestadores, colaboradores de partidos, funcionarios públicos y familiares. Yahir es el número 14 si solo se considera a aspirantes asesinados desde mediados del año pasado hasta la fecha.
Especialistas consideran que para la próxima elección, está en riesgo la existencia del voto libre y de la democracia en vastos territorios del país. Un estudio apunta que por lo menos la mitad del país es un “foco rojo” por el nivel de riesgo de intervención del crimen organizado en las elecciones locales por entidad federativa.
Un reporte de Integralia-Consultores indica que “es probable que el crimen organizado intervenga, como nunca antes, en las elecciones locales de 2024 por tres motivos: i) diversos grupos criminales en conflicto armado, ii) la diversificación de mercados ilícitos, y iii) el número más alto en la historia de presidencias municipales en disputa.
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Este año se eligen 8 gubernaturas y la jefatura de Gobierno de la CDMX; 31 congresos locales (1,098 diputaciones); mil 802 Ayuntamientos (para un total de 18 mil 200 cargos municipales). Además de 500 diputados federales, 128 senadores y al presidente (a) de la República.
Guerrero se ubica actualmente como la entidad con mayor incidencia por violencia electoral registrada. En las elecciones de 2021, hubo candidaturas que fueron bajadas bajo amenazas como la de la maestra Francisca Baltazar, quien competía por Morena.
Las entidades con mayor riesgo de intervención del crimen organizado, de acuerdo con un reporte de Integralia Consultores, son: Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Chiapas y Morelos. Estos últimos tres tendrán elección de gobernador, municipales y federales.
Según un informe de Laboratorio Electoral, Morena se convirtió en el partido que mayor cantidad de casos de víctimas mortales presenta con un crecimiento importante de 2021 a 2024.
Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, señaló que “los grupos delincuenciales se acercan con el partido más poderoso, antes se acercaban con el PRI y es obvio que hoy se acercarán con el partido oficial, eso no depende de colores, al crimen organizado no le interesa la ideología de los partidos, le interesa tener vínculos con los partidos y con los gobiernos y por lo tanto se acercarán siempre con el partido con más posibilidades de ganar“.
Para Sandra Ley, coordinadora del Programa de Seguridad de México Evalúa, “lo que está en juego en estas elecciones… es justamente el resquebrajamiento de estas redes de protección y la necesidad del crimen organizado por incidir en su reconfiguración y persistencia”.
De acuerdo con un mapa sobre la intervención del crimen organizado en las elecciones locales, elaborado por Integralia, las entidades con riesgo “muy alto” son: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Chiapas. Y hay riesgo “alto” riesgo en Veracruz, Zacatecas, Guanajuato, Tabasco, Tamaulipas, Baja California, Sonora, Chihuahua y Estado de México. Es decir, prácticamente la mitad del país.
En ese sentido, “la violencia, tanto la activa como la pasiva, van a ser mucho mayores. La violencia activa, desde un punto de vista político es cuando existe ejecución, amenaza, secuestro, pero hay una violencia pasiva, que es la del sometimiento silencioso de las comunidades a los designios, al mandato, al liderazgo del crimen organizado”, anotó Ugalde.
“Probablemente la mitad del país están bajo algún tipo de influencia o control del crimen organizado… lo que está en riesgo es la existencia del voto libre y de la democracia, comúnmente lo que se discute es que los candidatos son vulnerables, se matan, como si ese fuera un costo y por supuesto que lo es… pero el gran tema es que lo que está en juego es la sobrevivencia del voto libre de las personas”, aseveró.
“Cuando en comunidades y territorios del país ya no hay voto libre porque los candidatos ganadores se definen antes de la jornada, porque el crimen organizado fondea a algún candidato, porque intervienen el día de la jornada y cambian votos, pues ya no hay voto libre y eso es lo que está ocurriendo en cada vez más zonas del país que ya no existe libertad de la gente para decidir quién los gobierna, sino que son imposiciones abiertas, indirectas, inducidas del crimen organizado, eso es lo que está en juego y el crimen organizado está sometiendo a la democracia a un problema grave de sobrevivencia“, indicó.
“Las soluciones pasan por medidas de fondo y no por propuestas frívolas o superficiales como pensar que con tres patrullas que le pongas a un candidato se soluciona el problema, esas son curitas para una hemorragia gravísima del país en materia de inseguridad, de violencia, de sometimiento del Estado”, abundó Ugalde.
“El fuego no se apaga con el fuego”, ha defendido el presidente Andrés Manuel López Obrador su estrategia para combatir a la delincuencia organizada en México.
“El narco… es pueblo, todos son seres humanos”, atajó AMLO durante un diálogo que tuvo en Oaxaca con un grupo de pobladores que le pidieron enviara al Ejército para detener los altos índices de violencia en el estado.
Para Luis Carlos Ugalde, “este gobierno no va a hacer nada, no está discutiendo este tema, yo no he visto al presidente de la República asumir con seriedad este problema, lo patea, dicen que no pueden ellos combatir al narcotráfico porque son pueblo, y el presidente se lava las manos de una forma negligente y una forma muy irresponsable, no lo va a hacer, y mientras eso no ocurra este problema va a seguir ocurriendo y se va a agudizar”.
El exconsejero del IFE consideró que se necesita una “política del Estado para combatir el crimen organizado en todas sus manifestaciones, si hoy empezara a hacerlo con seriedad, pasarían un par de décadas para que esto empezara a mejorar“.
Este martes 13 de febrero, el PAN promovió ante la sala superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación un incidente de incumplimiento de las diversas sentencias del propio Tribunal, por la omisión del Consejo General de emitir medidas suficientes para garantizar un proceso electoral libre de violencia e intervención del crimen organizado.
Sandra Ley apuntó que la incidencia del crimen organizado va mucho más allá que ponerle dinero a una campaña.
Está, por ejemplo, en la capacidad de imponer candidatos, de influir en nombramientos del secretario de seguridad pública, en la capacidad de debilitar el aparato de seguridad en su conjunto; en mermar finanzas públicas municipales porque son saqueadas por el mismo crimen organizado.
“En muchos lugares es el crimen decidiendo quién puede competir o no puede competir, lugares donde los partidos deciden no postular candidatos porque no hay condiciones, o lugares donde simplemente no pueden postular candidatos, algo que no nos hemos preguntado lo suficiente en el caso mexicano es qué calidad de candidatos hemos tenido con el tiempo, cómo han cambiado esos perfiles, ¿quién está dispuesto a ser candidato en esos lugares donde la inseguridad es palpable y el crimen tiene esa capacidad de incidir?”, preguntó.
Y después de la elección, “viene el juego de a quién va a nombrar en seguridad pública, como fiscales, estos puestos que le son fundamentales al crimen organizado para tener esa protección que tanto necesitan por parte de agentes del Estado”.
Al respecto, Ugalde opinó que “la democracia ya se está jodiendo en algunas zonas del país donde no hay voto libre por el control territorial del crimen organizado“.
Y el INE “no tiene ninguna capacidad para combatir este fenómeno, el INE no tiene un comité de guardias de 25 mil personas para vigilar candidatos, el INE lo único que hace es solicitar que las autoridades responsables lo hagan”.
Hoy por hoy, dijo, hay partidos que ya no quieren postular candidatos en algunas zonas del país.
Mientras que “quienes quieren lanzarse son: los peores o quienes son representantes del crimen organizado“.
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Sandra Ley agregó que “nuestra democracia y nuestra administración pública se han mermado“.
“¿Qué pasa cuando por años han estado saqueando las arcas de los municipios?, ¿cuando por años hemos tenido a candidato tras candidato asesinado, atacado? Estamos hablando de cómo la democracia mexicana ha ido en declive junto con la capacidad del Estado para poder hacer algo al respecto“, lamentó.
“La clave sería que alguien sí se aviente a desmantelar esas redes de protección que por años han mantenido vivo al crimen organizado”, subrayó.
-¿Las candidatas presidenciales?-, se le preguntó.
“Necesitamos el compromiso de investigar y castigar a quien ha tenido arreglos con grupos criminales.
“En México no hay un partido que no haya sido amenazado por el crimen organizado; ¿cómo lo haces cuando todos están en jaque?; ¿cómo cambias los incentivos para que efectivamente quieras desmantelar esas redes de protección a pesar del costo político que eso conlleva?”, preguntó.
De 2018 a lo que va de 2024 se han registrado en México 1657 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o partidos, reveló Data Cívica y el Programa para el Estudio de la Violencia (PEV) del CIDE.
El magistrado del Tribunal Electoral, Felipe de la Mata, señaló que “la violencia por grupos criminales en las elecciones es un elefante en el cuarto de la democracia mexicana y visibilizarla es el primer paso para remediarla”.
El INE reveló el miércoles quiénes ya han solicitado seguridad rumbo al próximo proceso electoral:
- 1 candidata a la Presidencia de la República.
- 1 candidato al gobierno de Chiapas
- 1 candidato al gobierno de Morelos
- 1 candidato al gobierno de Veracruz.