En la iniciativa de reforma se deja intactas a las Afores, además de que se mantiene el nivel de las aportaciones obligatorias. Se crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, gobierno federal lo financiaría.
SEBASTIÁN DÍAZ MORA / EL ECONOMISTA
El presidente Andrés Manuel López Obrador propone garantizar en la Constitución el que los trabajadores formales que empezaron a laborar en 1997 tengan derecho a una pensión de retiro por vejez que sea igual a su último salario, para lo cual se crearía un Fondo de Pensiones para el Bienestar con un capital inicial de 64,619 millones de pesos.
La reforma al sistema de pensiones enviada por el mandatario al Congreso, no plantea la eliminación de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) ni se tocan los recursos de las cuentas de los trabajadores, lo que reduce la incertidumbre que se había generado desde que se anunció la iniciativa, aseguró Moisés Pérez, director de retiro para Latinoamérica en AON.
De acuerdo con la iniciativa, el Fondo de Pensiones para el Bienestar (que será constituido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público) se financiará con aportaciones del gobierno federal y “tendrá por objeto complementar las pensiones” para que sean de 100% del último salario.La iniciativa plantea un tope de que sólo serán aquellos trabajadores que ganan menos del salario promedio de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (que actualmente es de 16,777.78 pesos) quienes tendrán derecho a esa pensión de 100% de su último salario.
“Lo importante es que la tasa de reemplazo de 100% no es para toda la población, está acotado a quienes ganan el salario promedio del IMSS o menos”, explicó Moisés Pérez.
Los recursos que pondrá el gobierno para completar la pensión provendrán de diversas fuentes, entre ellas, la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial, y con los recursos que se obtengan de la extinción de órganos autónomos y reguladores.
Adicionalmente, se obtendrán recursos de 75% de los ingresos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, de la liquidación de la Financiera Rural, de la venta de bienes inmuebles del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), así como de adeudos que tengan las dependencias públicas con el SAT, el ISSSTE o el IMSS.
Igualmente, se financiará con 25% del remanente de las utilidades netas que obtengan entidades paraestatales sectorizadas en las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar), y de las inversiones que se deriven del patrimonio del mismo Fondo.
Carlos Ramírez, expresidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), afirmó que el Fondo de Pensiones para el Bienestar difícilmente alcanzará para complementar las pensiones, pues es un fondo pequeño y de una sola vez.
“Si la idea es hacer un fondo colectivo, tendría que tener una fuente de financiamiento de largo plazo”, aseguró Ramírez. “Esos 65,000 millones de pesos no alcanzan para el copete de pensiones que se propone, ni siquiera para la primera semana del pago de las pensiones”.
Abraham Vela Dib expresidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), dijo que un fondo de 64,619 millones de pesos “no llega ni a un bimestre de aportaciones a las cuentas individuales de los trabajadores” por lo que “su efecto sobre las pensiones como porcentaje del último sueldo es insignificante”.
En el anuncio de ésta y otras 19 iniciativas de reformas constitucionales, el presidente López Obrador dijo que con esta iniciativa se buscarán revertir las reformas al sistema de pensiones de 1997 y el 2007.
Explicó que será a partir del 1 de mayo de 2024 que se creará el fondo semilla con 64,619 millones de pesos “que se irá incrementando poco a poco”, y que esos recursos se utilizarán “para compensar a los trabajadores afectados por las reformas anti laborales del periodo neoliberal”.
“Se propone revertir las reformas de pensiones, tanto la aprobada durante el gobierno de Ernesto Zedillo en 1997, como la impuesta en el 2007 por Felipe Calderón, porque afecta injustamente a trabajadores del Seguro Social y del ISSSTE, pues les impiden jubilarse con 100% de su salario”, afirmó el mandatario.
Actualmente, hay dos tipos de regímenes bajo los cuales los trabajadores formales se pueden pensionar en México una vez que se jubilan: el de la ley de 1973 y de 1997.
Quienes empezaron a trabajar a partir del 1 de julio de 1997 tienen una cuenta individual de ahorro para el retiro que se financia con aportaciones del trabajador, su empleador y el Estado, y que además es dirigida por una Administradora de Ahorro para el Retiro (Afore).
A partir de los recursos que se logren juntar por las aportaciones y los rendimientos que obtengan las Afores al administrarlos, se entrega una pensión vitalicia a los trabajadores. Sin embargo, el Presidente ha criticado que las tasas de reemplazo que dan las Afores son muy bajas.
Con el régimen de 1973 (que es para los trabajadores que empezaron a trabajar antes del 1 de julio de 1997), las tasas de reemplazo de las pensiones de los trabajadores están predeterminadas y son más elevadas que las de las Afores.
En la iniciativa de ley, se detalla que los efectos de esta reforma entrarán en vigor una vez que se constituya el Fondo de Pensiones para el Bienestar y que aplicará sólo para “para aquellas personas trabajadoras que se pensionen con posterioridad a esta fecha”.
Principales puntos de la reforma a las pensiones
- Se propone garantizar una pensión de retiro por vejez que sea igual al último salario del trabajador.
- No se eliminan las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) ni se tocan los recursos de las cuentas de los trabajadores.
- Se crea un Fondo de Pensiones para el Bienestar que servirá para completar las pensiones con el fin de que éstas asciendan a 100% del último salario del trabajador.
- La garantía de una pensión igual al último salario sólo aplica para aquellos trabajadores que ganen menos del salario promedio de cotización en el IMSS (16,777.78 pesos al mes).
- El Fondo iniciará con un capital de 64,619 millones de pesos y se financiará de diversas fuentes, como los recursos que se obtengan de la extinción de los órganos autónomos, así como de la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial.
El Presidente presentó 20 iniciativas que van desde el reconocimiento de los pueblos indígenas hasta eliminar todas las dependencias u órganos onerosos, en lo que llamó “La revolución de las conciencias”.
Estatales energéticas, públicas y preponderantes
El Ejecutivo mexicano pretende transformar la naturaleza legal de las empresas estatales energéticas y proteger su preponderancia de mercado sobre los participantes privados, particularmente la de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Para ello plantea reformar los Artículos 25, 27 y 28 de la Constitución mexicana.
En cuanto al primero, propone modificar eliminar la definición de “empresa productiva del Estado” que se le dio en el 2013 a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la CFE y cuyo propósito era asegurar que la misión de estas empresas era la generación de valor. En su lugar, se propone la definición de “empresa pública del Estado”, para asegurar que su principal objetivo sea la provisión de bienes y servicios públicos.
El Artículo 27 cambiaría para especificar que los privados pueden participar en el sector eléctrico, pero “en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado”.
Finalmente, el Artículo 28 se modificaría para detallar los objetivos del control del sistema eléctrico nacional, lo cuales serán “preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro”.
Reparten funciones de órganos reguladores
Bajo el argumento de que surgieron bajo la “lógica neoliberal” de desmantelar el Estado, el Ejecutivo plantea la desaparición de siete órganos constitucionales autónomos y la transferencia de sus facultades y obligaciones a otras dependencias del gobierno o, incluso a otros órganos autónomos.
La lista la encabeza la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). Sus actuales funciones de persecución y sanción de prácticas monopólicas serían absorbidas por la Secretaría de Economía. También desaparecería el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que dejaría sus atribuciones de combate a los monopolios en telecomunicaciones y administración del espectro radioeléctrico a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
La disolución del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) daría lugar a que sea el también autónomo Instituto Nacional de Geografía y Estadística, quien se haga cargo de sus atribuciones de medición de la pobreza.
Con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Función Pública absorbería las funciones de garante de derecho de acceso a la información y protección de datos personales.
Elección de jueces a través del voto popular
La propuesta de reforma al Poder Judicial de la Federación que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, plantea una reestructuración de los órganos administrativos y disciplinarios del Poder Judicial con el fin de garantizar su autonomía, independencia y especialidad técnica. Plantea que los integrantes de éste sean elegidos por voto popular para garantizar la representación de diferentes visiones de la sociedad.
La reforma también buscará que los actuales ministros puedan postularse, nuevamente, al cargo que ostentan, para ser ratificados. El Ejecutivo federal propuso que los magistrados y magistradas de Circuito, así como jueces y juezas de Distrito, tengan un periodo de nueve años en el cargo con posibilidad de reelegirse. En el caso de los ministros, se buscaría que no tengan un periodo mayor a 12 años.
Se plantea la creación de un nuevo órgano de administración judicial, independiente y separado de la SCJN, para sustituir al actual Consejo de la Judicatura Federal, así como un Tribunal de Disciplina Judicial con amplias facultades.
Se propone vincular a las autoridades judiciales para emitir resoluciones fundadas y motivadas en un periodo razonable, garantizando así el derecho de acceso a una justicia pronta y expedita. (Con información de Arturo Rojas)
Menos legisladores y dinero a partidos
El titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, informó que buscará, con las modificaciones constitucionales enviadas a la Cámara de Diputados, eliminar a los legisladores plurinominales en el Congreso de la Unión.
“(Se busca) eliminar las candidaturas plurinominales. El Congreso de la Unión se integrará por 300 diputados y no por 500, y el Senado se conformará con 64 y no con 128 legisladores, como ocurre ahora.
“Asimismo, tanto los consejeros como los magistrados de los organismos electorales serán electos por el voto libre, directo y secreto de todos los ciudadanos”, afirmó el Presidente de México durante el evento donde presentó el paquete de reformas propuestas.
En el documento que se envió a los y las diputadas federales se estableció que es necesario mejorar la representación ciudadana en las Cámaras del Congreso mediante la reducción del número de integrantes y la implementación del sistema de mayoría relativa uninominal.
Además, el mandatario mexicano explicó que, también, la reforma electoral contemplará la reducción del financiamiento destinado a campañas y a las actividades ordinarias de los partidos políticos.
En el documento del Ejecutivo federal se estableció que, actualmente, se asignan más de 11,000 millones de pesos anuales en subsidios públicos a las actividades regulares de los partidos políticos.
Limitan Concesiones de agua a la industria
En un escenario de sequías persistentes y lluvias escasas, limitar las concesiones de agua se vuelve un tema crucial para garantizar el consumo personal y uso doméstico. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó una iniciativa de reforma constitucional que busca reforzar este derecho y limitar los permisos para la industria como la minera.
El contenido de la iniciativa pretende modificar el párrafo sexto del Artículo 4 de la Constitución para establecer la preferencia del consumo personal y doméstico de agua sobre cualquier otro uso.
“De igual forma, la iniciativa propone reformar el párrafo sexto del Artículo 27 de la Constitución para prohibir el otorgamiento de concesiones de agua en aquellas zonas con escasez de agua, es decir, que esté en riesgo la disponibilidad de agua para consumo de las personas y uso doméstico”.
De acuerdo con los datos expuestos en la iniciativa, México tiene en promedio una disponibilidad natural media de agua de aproximadamente 4,471.5 km3 al año. Esta cifra ubica a nuestro país en una situación de estrés hídrico alto.
El gobierno federal estima que actualmente, 66% de las concesiones de agua se ubican en acuíferos sin disponibilidad.
Aún se deberán publicar una serie de reglamentos. (Con información de Iván Rodrígue)