La defensa del brasileño reprocha el juicio paralelo y las «filtraciones» así como una investigación «a sus espaldas»
ELENA BURÉS / ABC
Con media hora de retraso y evitando el recorrido habitual de cualquier otro preso común, Dani Alves llegaba a la Audiencia de Barcelona este lunes, para afrontar el primer día de juicio por la violación a una joven en una discoteca de Barcelona, la madrugada del 30 al 31 de diciembre de 2022. Ataviado con camisa blanca, pantalones vaqueros y deportivas, también blancas, se sentaba en el banquillo. En ocasiones, la mayoría, cabizbajo, escuchando como su defensa solicitaba, durante las cuestiones previas, la suspensión del juicio, al considerar que se habían vulnerado los derechos de su cliente. Entre otros argumentos, al entender su abogada Inés Guardiola que «se le impidió el acceso a las actuaciones» y que «se inició una investigación policial sin su conocimiento, privándole de hechos de prueba».
Según ha detallado la abogada, fue el director de la discoteca quien «comunicó a los Mossos la identidad del autor, Dani Alves», de la presunta agresión sexual. Y es que el mismo 31 de diciembre el caso llegó al juzgado, pero la víctima aún no había formalizado la denuncia -en un inicio no quería hacerlo porque tenía miedo de que no la creyesen, ha recordado la fiscal-. Según Guardiola, los Mossos lo investigaron, presentando «ingente información» ante el juzgado, pero sin notificárselo a Alves, al no ostentar «formalmente la condición de investigado». Ha sostenido así la defensa que, tras negársele el acceso a la información, el 20 de enero fue detenido y, posteriormente, entró en prisión provisional, donde se encuentra desde entonces.
Según la abogada, Alves no sabía nada que lo estaban investigando, a pesar de que el mismo 31 de diciembre, horas después de la supuesta agresión, su representante, preguntando por este diario, apuntó a ABC que el brasileño había estado en el local, Sutton, pero «durante poco rato» y que «allí no pasó nada». Es decir, desde la fecha de los hechos, el futbolista sabía que los Mossos lo investigaban por agresión sexual, tal y como avanzó este diario. Según Guardiola, no fue hasta el 17 de enero cuando Alves «se enteró por la prensa».
Esa fecha, el brasileño decidió «comparecer» ante la Unidad Central de Agresiones Sexuales (UCAS), algo que hice tres días más tarde, cuando fue detenido. Como primera vulneración, la defensa ha aludido a la falta de acceso a los autos de prueba. También a la «campaña mediática y el sometimiento tendencioso de información» en este caso, con un «juicio paralelo y filtraciones». Guardiola también ha alegado falta de imparcialidad en la instrucción, al entender que varios de los autos hacen referencia a manifestaciones de Alves en medios de comunicación. También a sus diferentes versiones -hasta cinco-, pese a que éste solo declaró dos veces ante la juez.
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La falta de «un juez imparcial merma el derecho de defensa y debe comportar la nulidad del auto prisión y puesta en libertad de mi defendido», ha sostenido ante la sala, donde también ha protestado porque la declaración de la denunciante, que ha comenzado sobre la una de la tarde, se haga a puerta cerrada, evitando la confrontación visual con el acusado. Además, la grabación de la declaración se hará, a decisión del tribunal con la imagen pixelada y la voz distorsionada. Una decisión que para la letrada «ahonda en el trato injusto al investigado, vulnerado el principio de igualdad de armas».
También ha esgrimido que la capacidad económica de su defendido -uno de los argumentos para sustentar el riesgo de fuga, por el que se denegó su libertad provisional- «se ha visto mermada». De hecho, ha apuntado que su saldo en el banco de Brasil es negativo en 20.000 euros. De todas sus peticiones, la única que ha aceptado el tribunal de la Sección 21 es la de que Alves declare en último lugar -previsiblemente, el miércoles, 7 de febrero- para que pueda conocer así todos los testimonios y pruebas que se expongan en la sala.
De baja
En cuanto a las peticiones de la acusación particular, que ejerce Ester García, el tribunal ha aceptado nueva documental, entre estas, la que hace referencia a que la denunciante se encuentra de baja por el impacto emocional de la agresión sexual. No así la denuncia contra la madre de Alves por difundir a través de redes sociales la imagen e identidad de la víctima.
Tanto la fiscal como Garcia han rechazado que se haya vulnerado ningún derecho del acusado, algo en lo que ha coincidido el tribunal al proseguir con la vista. «No se observa ninguna anomalía que indique indefensión» y que, por tanto «impida seguir el juicio» contra el exlateral del F. C. Barcelona, ha apuntando la magistrada presidenta del tribunal. Cerca de la una de la tarde comenzaba la declaración de la denunciante, a puerta cerrada.