Aunque no tiene pericia en esa labor, la paraestatal asumirá de nuevo el complejo proceso de compra a gran escala de fármacos para el IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar. En este cuarto intento gubernamental ahora también la Sedena tiene una nueva tarea: será el repartidor.
MATHIEU TOURLIERE / PROCESO
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Comprará medicamentos para el sistema de salud pública, los almacenará en la “Megafarmacia del Bienestar” y, con el apoyo del Ejército, los distribuirá en todo el país… Bajo las órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador, la empresa paraestatal Birmex, creada en 1999 para producir vacunas, se convirtió en una pieza central del sistema de salud pública, pese a que esta institución cuenta con apenas 577 funcionarios –en su mayoría técnicos, químicos y auxiliares de laboratorio–, quienes no cuentan con experiencia ni presupuesto para sus nuevas funciones.
De hecho, Birmex –cuyo nombre oficial es Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, SA de CV,– enfrentó una “situación económica poco favorable” en 2022, a pesar de una aportación de dos mil millones de pesos del gobierno federal, lo que la obligó a cesar por completo la producción de vacunas y a comprar las inyecciones en el extranjero, de acuerdo con su informe de Avance y Resultados 2022.
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Según el mismo documento, en los últimos años Birmex no ha alcanzado las metas de distribución de insumos médicos que le fijó el gobierno federal, en la estrategia impulsada por López Obrador para sustituir las cadenas logísticas de las farmacéuticas privadas. En 2020 la paraestatal distribuyó 21.74% menos que la meta, en 2021 dejó de entregar 28.92% de insumos y en 2022 no logró entregar 13.78 por ciento.
Pese a estas limitaciones, el pasado 22 de diciembre el presidente emitió un decreto mediante el cual encargó a Birmex la compra consolidada de los “medicamentos e insumos para la salud” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) e IMSS-Bienestar, las tres principales instituciones de salud pública del país, y le ordenó asegurar “la cadena de suministro de los medicamentos e insumos para la salud, con la finalidad de que el Estado mexicano asegure y garantice el abasto a la población”.
Se trata del cuarto intento del mandatario, en cinco años de administración, para centralizar la adquisición de medicamentos. Antes de Birmex fracasaron en esta misma misión la Secretaría Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Oficina de las Naciones Unidas para Proyectos y Servicios (UNOPS) en conjunto con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), y la Secretaría de Salud (SSA), lo que generó un problema crónico de desabasto de medicamentos.
En esta ocasión el éxito de Birmex no está garantizado… Encabezada por el general de División en retiro Jens Pedro Lohmann Iturburu, la paraestatal no tiene la estructura necesaria para hacerse cargo de los complejos procesos de compra consolidada para el sector salud. En la dirección de Administración y Finanzas no existe ningún área dedicada a la compra de medicinas a gran escala: solamente hay una “gerencia de adquisiciones”, pero su titular, Ignacio Cruz Zúñiga, no debería estar en su cargo, pues tiene su licenciatura en administración “trunca”, según determinó la Secretaría de la Función Pública (SFP) en el informe de auditoría interna 02/2023, consultada por Proceso.
Aparte, la SHCP no contempló ningún recurso extra a Birmex para el próximo año. En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 (PEF) la dependencia dirigida por Rogelio Ramírez de la O previó un flujo de efectivo de 11 mil 48 millones de pesos en la paraestatal, sin aportaciones federales para comprar medicamentos al sector salud.
Fracaso
Aunque Birmex fracasó en su labor de distribución de medicamentos, López Obrador sigue apostando en la paraestatal para resolver el rompecabezas del desabasto, que se materializó con 15.2 millones de recetas no surtidas por las instituciones de salud pública en 2022.
El mandatario encargó a Birmex la “Megafarmacia del Bienestar” –a la que el gobierno federal ha nombrado en ocasiones Almacén Nacional de Medicamentos (ANM) y en otras Centro Federal de Almacenamiento y Distribución de Insumos (Cefedis)–, un recinto de 94 mil metros cuadrados ubicado en Huehuetoca, Estado de México, que la administración compró a la empresa Liverpool por un costo total cercano a los tres mil 500 millones de pesos, para amontonar 286 millones de piezas de medicamentos y distribuirlas en cualquier hospital o centro de salud del país en un plazo de 24 a 48 horas.
De acuerdo con la información dada a conocer durante la conferencia matutina del viernes 29 último, la “Megafarmacia del Bienestar” servirá como respaldo a las instituciones de salud para surtir medicamentos. Así, en los casos en que las farmacias del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar no cuenten con la medicina recetada, los derechohabientes podrán llamar a la farmacia de Birmex para tramitar el envío del insumo, y se le notificará “cuándo y dónde” podrá recogerlo. El almacén no tendrá “todas las medicinas del mundo”, como lo ha repetido López Obrador en los últimos meses, sino mil 806 claves de medicamentos, vacunas y material de curación.
El éxito de una estrategia de abasto de medicamentos gratuitos basada en una megafarmacia ha despertado serias dudas en el sector farmacéutico. En noviembre pasado la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), el organismo cabildero del sector privado, advirtió que sería “difícil que se puedan cubrir las necesidades a través de un ente centralizado”, pues se necesita una buena planeación para enviar los medicamentos “en tiempo y forma” a sus lugares de destino.
Desde el arranque del sexenio, el gobierno federal se ha enfrentado a serios problemas logísticos para almacenar y distribuir los medicamentos del sistema de salud pública. De hecho, el mandatario aseveró que Birmex realizará la distribución de medicamentos de la mano con la Sedena, pues en su conferencia matutina del pasado 27 de diciembre recalcó que contará con “con el apoyo de las Fuerzas Armadas, con aeronaves de la Fuerza Aérea, transporte terrestre y también aéreo”.
Con ello, el mandatario dio una nueva tarea a la Sedena, que en este sexenio obtuvo el control sobre las aduanas terrestres, el Tren Maya, la nueva aerolínea Mexicana de Aviación, nueve aeropuertos y el hangar presidencial en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y tres hoteles, así como la administración de la Guardia Nacional y la responsabilidad de la seguridad pública.
Poco transparente
En 1999 el gobierno de Ernesto Zedillo separó de la Secretaría de Salud a la entonces Gerencia General de Biológicos y Reactivos, que desarrollaba vacunas y sueros, y la sustituyó por Birmex, una empresa paraestatal. Su misión, hasta 2020, consistía en producir, importar y comercializar “vacunas, faboterápicos, y productos de diagnóstico clínico”.
Sin embargo, en el verano de 2020, en plena pandemia de covid-19, López Obrador ordenó cambiar la empresa en una “distribuidora de medicamentos, de equipos y de vacunas, para llevarlos a todos los pueblos de México”. A partir de ese momento, Birmex dejó de producir vacunas propias.
Aunque Birmex no pudo cumplir con la nueva tarea que le encargó el mandatario, y tuvo que pedir ayuda de la Sedena, la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN), el mandatario le dio una nueva función esencial para el sistema de salud: está ahora a cargo de las compras de medicamentos.
La paraestatal tendrá que realizar complejos protocolos de licitación, a pesar de que ha tenido irregularidades en sus propios procesos de contratación. Este año la Secretaría de la Función Pública (SFP) auditó el mecanismo de adquisiciones en Birmex, y descubrió que la administración de Lohmann reportó al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS) apenas cuatro mil 232 millones de pesos de egresos, cuando en realidad gastó ocho mil 612 millones de pesos.
Tras señalar la diferencia, el Órgano Interno de Control (OIC) determinó que “la información proporcionada al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Entidad no es coincidente con el presupuesto ejercido y devengado por la entidad en 2022, por ende, no es posible emitir una opinión razonable sobre las contrataciones públicas”. El auditor observó que la gerencia de adquisiciones no envió al OIC una serie de informes de contrataciones, y de los que envió “no se exhibieron los dictámenes aludidos, donde se hayan manifestado las razones para la adjudicación de los contratos celebrados”, y determinó que los expedientes de los contratos eran “deficientes”.
El despacho Moore –De Anda, Torres, Gallardo y Cía.–, que elaboró el dictamen externo de Birmex para el año 2022, también observó en su informe financiero, consultado por Proceso, que “la entidad no cuenta con un sistema que permita el registro de las operaciones presupuestarias y contables de toda su gestión, así como de otros flujos económicos, existiendo un riesgo al no generar estados financieros, contables, oportunos, actualizados y periódicos”.
Los expertos observaron, entre otros, que la paraestatal tenía en sus almacenes 209 millones 577 mil pesos en medicamentos caducados, los cuales no habían sido incluidos en la reserva de inventario obsoleto. “Cabe mencionar que las caducidades, en algunos casos, tienen una antigüedad mayor a 2 años”, subrayaron.
Birmex tendrá que lograr la compra consolidada de medicamentos para el IMSS, el ISSSTE y el IMSS-Bienestar, una misión en la que fracasaron tres dependencias antes de ella. Por lo pronto, tanto la Sedena como la Semar y Pemex prefirieron llevar a cabo sus propios procesos de adquisición de medicamentos, sin participar en las compras consolidadas de Birmex.
En el arranque de su sexenio, López Obrador desmanteló el sistema de compras de medicamentos, con el objetivo de acabar con el oligopolio de un puñado de empresas farmacéuticas, que acaparaban los contratos mediante prácticas de corrupción, según el mandatario.
Sin embargo, el gobierno no pudo poner en marcha un mecanismo eficiente para sustituir el modelo antiguo: año tras año, los organismos a cargo de las compras consolidadas –primero la SHCP, luego la UNOPS y el Insabi, y finalmente la Ssa– compraron apenas una parte de las claves de medicamentos necesarios, lo que generó un desabasto y obligó a las instituciones públicas a comprarlos de manera individual, mediante “contratos fragmentados y con poca anticipación”, según determinó el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) en un informe publicado en octubre último.
Crecen gastos
De acuerdo con la organización, el nuevo sistema de compras consolidadas logró reducir de manera significativa el acaparamiento de contratos por parte de las 10 principales proveedoras del país –concentraban 76% de los contratos en 2018 y apenas 30% en 2022–, pero causó un incremento de los gastos en medicamentos, pues obligó a las instituciones a comprarlos de último momento y en pequeñas cantidades. Según el informe del IMCO, como producto de estos sobrecostos, el gasto promedio por paciente con hipertensión arterial en el IMSS aumentó 25% entre 2019 y 2022.
Antes de entregar las compras consolidadas a Birmex, López Obrador tenía contemplado encargar esta misión al IMSS-Bienestar, una institución creada este año para sustituir al Insabi, una dependencia del gobierno de la Cuarta Transformación cuya existencia duró apenas tres años. Bajo la dirección del tabasqueño Juan Antonio Ferrer Aguilar, el Insabi no logró implementar el sistema universal de salud que prometió López Obrador en el arranque de su sexenio, y tampoco pudo adquirir y distribuir los medicamentos.
López Obrador colocó al frente del IMSS-Bienestar a Alejandro Antonio Calderón Alipí, un amigo cercano de su hijo, Andrés Manuel López Beltrán, quien formó parte del equipo de Ayudantía del mandatario en el arranque del sexenio.
Calderón Alipí encabezó el área de compras consolidadas en el Insabi, que resultó en un desastre, tanto en su alianza con la UNOPS como cuando encabezó las adquisiciones de manera individual. Así, el pasado 31 de enero, en la segunda ronda de compra consolidada 2023-2024, el Insabi no logró comprar 404 claves, de las más de dos mil que le habían solicitado las instituciones de salud, según documentó en su momento el Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica (Inefam).