Ambos presidentes serán las figuras centrales de La Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas que se realiza en Colombia. Debido a sus posturas contrastantes en esta materia, los expertos dudan que de ahí surja una postura unificada contra el prohibicionismo de estupefacientes
RAFAEL CRODA / PROCESO
Bogotá, Col. (Proceso).– La Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas que se realiza en Colombia tendrá como protagonistas principales a los mandatarios de los dos países de la región más golpeados por el narcotráfico: el de México, Andrés Manuel López Obrador, quien tiene una visión conservadora del fenómeno de los estupefacientes, y el de Colombia, Gustavo Petro, un gobernante progresista.
Mientras que Petro ha proclamado el fracaso “de la irracional guerra contra las drogas” y aboga por la despenalización progresiva de los estupefacientes, López Obrador está anclado en el paradigma del prohibicionismo y ha “incumplido” sus promesas de campaña para abordar el fenómeno con un enfoque de salud pública y derechos humanos.
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La directora de la ONG colombo-mexicana Elementa DDHH, Adriana Muro, dice a Proceso que las posturas de Petro y López Obrador en materia de política de drogas son contrastantes y por eso es importante que Colombia “dé línea” en esa conferencia desde una perspectiva de derechos humanos, de salud pública y de regulación de mercados, más que de prohibición y penalización.
Señala que el balance de cinco años de gobierno de López Obrador en política de drogas ha sido “decepcionante”, pues el mandatario planteó en su campaña y en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que el prohibicionismo “es ya insostenible” por la violencia que ha generado y por sus “malos resultados” en salud pública.
También prometió adoptar un enfoque de salud pública, con tratamientos para los adictos, y propuso considerar la adopción de modelos de justicia transicional que garanticen los derechos de las víctimas y que, al mismo tiempo, hagan posible el desarme y la entrega de los integrantes de las organizaciones criminales.
Pero, en los hechos, la política pública de López Obrador en materia de drogas “ha sido la prohibición, una narrativa que relaciona el uso de drogas con el delito y un alineamiento con la estrategia de Estados Unidos frente al fentanilo”, asegura Muro.
La abogada de la Universidad Iberoamericana de México y maestra en derechos humanos de la Universidad Externado de Colombia sostiene que, en los hechos, le dio continuidad a la política antidrogas de los presidentes Felipe Calderón (2006-2012() y Enrique Peña (2012-2018) y “hasta la fortaleció” al darle más poder al Ejército, al que le entregó el manejo de la seguridad pública.
“López Obrador ha seguido una política de drogas moralina, que desprecia la evidencia, que mantiene el punitivismo y eso ha tenido un impacto en todo el gobierno”, señala la directora de Elementa DDHH, una ONG feminista y de derechos humanos que estudia y monitorea el fenómeno de las drogas.
De acuerdo con Muro, Petro en cambio ha ido a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a hablar del fracaso de la prohibición y su gobierno ha propuesto la despenalización de la hoja de coca, un producto de uso ancestral por parte de las comunidades indígenas de los Andes. También promueve la despenalización del uso recreativo del cannabis.
“Para Petro –dice— la política de drogas que apunta a la superación del prohibicionismo es una prioridad, pero no lo es para para López Obrador, que tiene un discurso de derecha en materia de drogas porque busca mantener el statu quo y no transitar hacia política distinta”.
Escepticismo
La Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas arrancó este jueves 7 en la suroccidental ciudad de Cali con la realización de dos paneles, uno sobre desarrollo alternativo y sustitución de economías ilícitas, y otro sobre derechos Humanos, salud pública, prevención, educación y juventud.
En esos foros, que seguirán el viernes 8, participarán funcionarios colombianos y de Naciones Unidas, expertos en política de drogas y representantes de la sociedad civil.
Petro y López Obrador recibirán las conclusiones de esos paneles el sábado 9, tendrán una reunión para hablar sobre el tema y después ofrecerán una rueda de prensa en la que darán conocer las conclusiones de la cita.
El analista en temas de seguridad urbana, Luis Fernando Quijano, considera que el hecho de que la conferencia de drogas sea encabezada por dos mandatarios que tienen posturas diferentes frente a la política de drogas “complejiza” la expectativa de que América Latina comience a formular una postura unificada contra el prohibicionismo y a favor de la regulación de las drogas y de enfoques de salud pública y derechos humanos.
“La conferencia –dice– es una oportunidad, pero tengo muchas dudas de que vaya a ser aprovechada, principalmente porque no es un tema que López Obrador haya abordado con una perspectiva progresista, de izquierda, como Petro, sino más bien lo ha hecho con aproximaciones conservadoras”.
Además, señala, a esta conferencia no van a asistir otros presidentes latinoamericanos progresistas, que favorecen la despenalización y le reformulación de la estrategia contra las drogas, como el boliviano Luis Arce, el chileno Gabriel Boric y, en menor grado, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el argentino Alberto Fernández.
El especialista en drogas y cultivos ilícitos de Colombia, Ricardo Vargas, plantea su escepticismo frente a la conferencia en Cali “porque cada país tiene una manera muy particular de asumir el problema y los intentos del pasado para dar un tratamiento común al asunto han fracasado”.
Señala que López Obrador, a quien le queda poco más de un año de gobierno, no parece dispuesto a mover muchas piezas en política de drogas y explorar alternativas al prohibicionismo, ni parece que algún país latinoamericano tenga ese tema entre sus prioridades, a pesar de la violencia que genera el narcotráfico en varias naciones de la región.
“Lo que podemos esperar es una especie de solidaridad de unos con otros, pero de ahí no va a pasar –asegura–. Además, un esfuerzo de ese tipo requiere mucho trabajo previo, y en este caso no lo hubo”.
Adriana Muro tampoco espera mucho de esa conferencia, a menos que acabara por imponerse el discurso anti-prohibicionista de Petro, lo que no cree que vaya a ocurrir.
El pasado 22 de agosto, un centenar de organizaciones civiles y expertos en drogas y derechos humanos de varios países latinoamericanos y Estados Unidos llamaron a Colombia y México a dejar atrás el enfoque bélico contra las drogas y ayudar a construir un consenso regional basado en la evidencia, la salud pública, la participación y el respeto por los derechos humanos.
En un comunicado, alertaron sobre el riesgo de que la conferencia se centre en la estrategia internacional impulsada por la “Coalición global para abordar las amenazas de las drogas sintéticas”, liderada por Estados Unidos, cuyo foco es la lucha contra el fentanilo.
“Si bien comprendemos el impacto negativo que el uso de fentanilo tiene en la salud y la vida de las personas, nos preocupa que la celebración de dicha conferencia (se oriente únicamente) a atender el fenómeno del tráfico y consumo de esta sustancia desde la narrativa fallida de ‘un mundo libre de drogas’ y a través del enfoque bélico y punitivo”.
Además, expresan su preocupación por la política de drogas desarrollada en México por López Obrador, quien en los últimos 5 años ha basado su estrategia de seguridad “en el estigma, la criminalización y la militarización de la seguridad pública” al tiempo que frenó del proceso legislativo para la regulación de uso adulto del cannabis.
