César Astudillo observó que el presidente ha mostrado resistencia con respecto a la actuación de los otros poderes.
MARITZA PÉREZ / EL ECONOMISTA
Luego de que el mandatario Andrés Manuel López Obrador enviara una misiva al presidente de la SCJN para que investigue al juez que otorgó una suspensión provisional a la Ley de la Industria Eléctrica impulsada por su gobierno, dicho acto es considerado por juristas como una presión excesiva contra el Poder Judicial de la Federación (PJF), lo cual también se podría traducir en que se resiste a respetar la autonomía de todos los poderes de la Unión.
Diego Valadés, quien fuera ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destacó que tras el envío de dicha carta, está claro que el mandatario no incurre en ningún acto ilegal. Sin embargo, consideró que desde un punto de vista político, “sí está ejerciendo una presión excesiva”.
Luego de destacar la respuesta del presidente de la Corte quien, dijo, reafirmó los valores principales del poder Judicial que son su independencia y autonomía, el ministro en retiro destacó que en todo caso el resultado sobre una investigación contra el juez no dependerá de la presión que el mandatario ejerza “sino de la capacidad que tengan las instituciones que son objeto de presión para doblegarse o para reafirmar la autoridad y su competencia”.
El doctor en derecho e investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, añadió que tal acto presidencial no tiene precedentes.
A la vez, el jurista reconoció que en efecto se han dado decisiones por parte de los juzgadores que no corresponden a las expectativas, sobre todo en cuanto a la acción jurisdiccional para castigar a los presuntos delincuentes, pero argumentó que esto no depende de la voluntad de los jueces, ya que muchas veces depende de factores como la mala integración de los expedientes de los fiscales, y también de una legislación extremadamente protectora de los interés de los justiciables.
“Lo que estamos viendo en este momento obliga a que revisemos con mucho detenimiento tanto las disposición constitucionales como las legales en materia de justicia porque están generando una fricción excesiva entre los órganos del poder, particularmente del presidente y la Judicatura mexica”, dijo.
Misiva inusual
Por su parte, César Astudillo, también investigador del IIJ de la UNAM, definió como inusual la carta enviada por el Ejecutivo, ello debido a que “detrás de la solicitud del presidente, hay un indicio de que esta suspensión se otorgó de manera irregular y por eso se pide que se investigue, lo cierto es que los tramites ordinarios cuando hay un indicio con pruebas que determinen la probable comisión de un ilícito por parte de juez, se presentan al Consejo de la Judicatura.
“Imaginemos lo que significaría que por cada suspensión que no nos gusta mandáramos a investigar a los jueces, eso no sería imposible”, resaltó.
Además, explicó que dicha suspensión es provisional y se tienen que esperar a un amparo definitivo para tener mayores elementos de acusación, lo cual, añadió, podría tardar meses.
“Me parece totalmente inadecuado y manda un mensaje de poco respeto”, al tiempo que subrayó que el presidente, muy a su estilo, utiliza las mañaneras para señalar todo aquello que no le gusta y los obstáculos para que se concrete su proyecto, lo cual se podría traducir en que existe una resistencia por parte del gobierno encabezado por López Obrador sobre los otros poderes.
Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Ven-expertos-presion-excesiva-contra-el-PJF-20210316-0012.html