EFRAIN NÚÑEZ / LA JORNADA DE ORIENTE
Grupo Proyecta pagó 10 millones de pesos como contraprestación a la Asamblea Ejidal de Santa María Malacatepec para adquirir a través de un “contrato de usufructo” por 30 años 245 hectáreas para construir el desarrollo inmobiliario de lujo City Lomas Ocoyucan, revelaron los integrantes del Campamento de Resistencia por la Defensa de la Tierra y el Agua en la comunidad.
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Lo anterior equivale a que la firma pagó 4.08 pesos por cada metro cuadrado adquirido en la zona de uso común para edificar el desarrollo cuyo impacto ambiental fue negado hace unas semanas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) al contener un cúmulo de inconsistencias.
En conferencia de medios, Hilario Alonso, abogado de los afectados, reveló que en el documento firmado el 28 de febrero de 2016 se establece el contrato de usufructo a favor de Alejandro Rafael Ventosa Posada y Rafael Posada Alonso.
De esta forma los empresarios se hicieron de las 245 hectáreas donde pretenden construir su desarrollo inmobiliario de lujo en una zona de uso común del ejido de Malacatepec, la cual, por ley, no puede venderse.
Sostuvo que para ello pagaron 10 millones de pesos, lo que equivale a que por cada metro cuadrado de las 245 hectáreas pagaron 4.08 pesos, mientras que tendrán una plusvalía en dólares en caso de concretarse el proyecto.
Manifestó que adicionalmente la empresa ha entregado en promedio entre 700 mil a un millón de pesos a los ejidatarios para que aceptaran el contrato y para que acepten cada una de sus imposiciones y combatir a la oposición de ejidatarios, encabezados por Emiliano Zambrano.
Subrayó que resulta contradictorio que tan solo dos usufructuarios, que se hacen pasar como ejidatarios, cuenten con más de 100 hectáreas cada uno, cuando el resto cuenta con una y media cada uno.
Pedirán la protección de la zona
Hilario Alonso informó que el siguiente paso en la defensa de la zona de uso común es solicitar formalmente al Congreso del estado que extienda a los cerros de Santa María Malacatepec la declaratoria de zona protegida.
Recordó que hay zonas colindantes, como la Sierra del Tentzo y los humedales de Valsequillo, que ya tienen esta protección.
De lograr que se considere como una zona protegida se evitará que en el futuro Grupo Proyecta se adueñe de la misma.
Y es que subrayó que a pesar de la negativa por parte de Sermarnat a autorizar el impacto ambiental por el City Lomas Ocoyucan, continuará el asecho y las presiones en contra de sus representados.
Documento estaba “escondido”
Hilario Alonso subrayó que aunque el contrato de usufructo se firmó en 2016 fue hasta 2019 que fue inscrito en el Registro Agrario Nacional.
Sostuvo que fue muy complicado rastrearlo para los ejidatarios que se oponen al proyecto debido a que estaba “escondido”, lo que revela las artimañas de la empresa para que no se conocieran los pormenores del “acuerdo”.
Agregó que la intención de Grupo Proyecta es que la zona de uso común se convierta en parcelas y de esta forma se pueda “regularizar” y quedarse con las tierras en comento.
Al respecto Hilario Alonso afirmó que una vez parceladas, los usufructuarios tendrán preferencia en el cambio de destino.
Agresiones son en venganza por la negativa de Semarnat: Zambrano
Durante la conferencia de medios, José Emiliano Zambrano Aguilar, líder del campamento, denunció que las presiones en su contra son una venganza por parte de la empresa, luego de que la Semarnat negó la autorización de impacto ambiental para llevar a cabo el proyecto.
Recordó que la semana pasada el presidente del comisariado ejidal, Heriberto Gómez Robles, acudió a su domicilio con un trascabo con la intención de causar daños.
Asimismo, presentó la documentación que lo avala como ejidatario, a pesar de que el presidente del comisariado, cercano a Grupo Proyecta, afirmó que no tenía acreditación en el ejido.
Pidió la intervención de las autoridades estatales y federales para frenar cualquier tipo de atentado en contra suya o de los integrantes del campamento.
Cabe resaltar que en el acto, los afectados recibieron el respaldo por parte de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA), de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, así como del activista de los 20 Pueblos de la región de Cholula y expreso político, Alejandro Torres.
Este último les sugirió que presenten un queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, debido al aumento de agresiones en contra de los integrantes del campamento, quienes además de ser perseguidos, han sufrido la quema de sus viviendas, amenazas de muerte y otras presiones.
Venden hasta las barrancas en Coltzingo a Grupo Proyecta
Por separado, Miguel Ángel Soriano, expresidente del Comisariado Ejidal de Coltzingo, denunció que el actual titular está vendiendo hasta brechas y barrancas en el ejido a Grupo Proyecta.
Subrayó que a pesar de contar con una sentencia del Tribunal Agrario a su favor, la empresa continúa haciendo su voluntad en la zona.
Indicó que la pretensión de la firma es la deforestación de la zona para que no tenga ninguna utilidad.