Los casos en que la Fiscalía General de la República ha fracasado, en su intento de procesar a exfuncionarios y empresarios, muestran que la mayoría no tienen fundamento legal y son formas de presión política.
DIANA LASTIRI / PROCESO
Ciudad de México (Proceso).- Durante el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, la autonomía de la Fiscalía General de la República (FGR) ha quedado en entredicho al convertirse en un instrumento de presión política contra los opositores al gobierno federal o los enemigos de su titular, Alejandro Gertz Manero, lo que ha derivado en una seguidilla de reveses en su contra en el Poder Judicial de la Federación, donde los casos se le han caído por falta de evidencias.
El último golpe que la FGR recibió fue en el caso del supuesto fraude millonario al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) por el cual el gobierno federal acusó a los hermanos Rafael y Teófilo Zaga Tawil, dueños de la empresa Telra Investments, por el pago de una indemnización otorgada por el propio organismo.
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Este no es el único caso en el que la FGR ha sido evidenciada por jueces de control, de amparo o tribunales colegiados por judicializar carpetas sin pruebas suficientes o solicitar órdenes de aprehensión sin cumplir con los requisitos básicos de motivación y fundamentación.
Como respuesta, la FGR ha iniciado carpetas de investigación contra los juzgadores y presentado diversas quejas en su contra ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
“Estafa Maestra”
Del caso de la Estafa Maestra, la única integrante del gabinete federal de Enrique Peña Nieto que fue imputada fue Rosario Robles, extitular de Sedesol y Sedatu. Nunca fue señalada por el desvío millonario de la Estafa Maestra sino por supuestamente tener conocimiento de los desvíos millonarios a través de contrataciones y subcontrataciones irregulares en Sedesol y Sedatu y no hacer nada para evitarlas.
En 2019 Robles fue sujeta a prisión preventiva justificada y para agosto de 2022 se le concedió el cambio de medida cautelar, pero en febrero de este año el juez de control Rodrigo Paredes Gorostieta declaró sobreseído el caso al considerar que las autoridades debieron proceder por la vía administrativa y no la penal, pues la ley que aplicaron para acusarla no tenía previsto el delito de ejercicio indebido del servicio público que le fue imputado.
En junio de este año, Robles consiguió un amparo contra una orden de aprehensión que la FGR obtuvo en 2020 para procesarla por delincuencia organizada y lavado de dinero por la Estafa Maestra, misma que nunca ejecutó, pues la fiscalía deberá realizar bien su solicitud del mandamiento de captura.
El exgobernador
El 28 de febrero de este año, Proceso dio a conocer que un juez federal ordenó cancelar la orden de aprehensión contra el exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por delincuencia organizada y lavado de dinero.
La FGR obtuvo una primera orden de captura luego de que solicitó desaforar al exgobernador, al obtener un revés en la Suprema Corte, esperó a que concluyera su cargo para volver a solicitar el mandamiento.
El juez octavo de Distrito de Tamaulipas señaló que la FGR violó el debido proceso del exgobernador al intentar juzgarlo dos veces por los mismos hechos, pues indicó que el juzgador que emitió la orden de aprehensión acomodó dos tipos penales a las mismas acciones atribuidas por la fiscalía al tamaulipeco. Es decir, que la supuesta pertenencia a un grupo criminal (delincuencia organizada) no acredita automáticamente el lavado de dinero.
Lozoya
En los casos contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, la FGR logró que él denunciara a más de 70 personas por supuestos actos de corrupción. De todos ellos, sólo ha podido proceder contra el exsenador Jorge Luis Lavalle Maury por supuestamente recibir sobornos para votar en favor de las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, pero el asunto no ha llegado ni siquiera a la audiencia intermedia.
Además, la FGR ha intentado proceder contra Carlos Treviño, exdirector de Pemex, pero hasta el momento no lo ha logrado debido a que ha tramitado diversos amparos en los que asegura que Lozoya fue torturado para presentar la denuncia.
A Lozoya lo imputó desde 2020 y en el caso Odebrecht el inicio del juicio permanece suspendido porque la FGR apeló la determinación del juez de eliminar más de la mitad de sus pruebas contra el exfuncionario, y en el de Agronitrogenados no se ha llevado a cabo la audiencia intermedia por irregularidades en las negociaciones de un acuerdo reparatorio en el que el gobierno federal incrementó la cantidad exigida, de 10 a 30 millones de dólares, sin explicar sus razones.
Abogadosgate
En mayo de 2022 la FGR intentó proceder penalmente contra los abogados Juan Antonio Araujo, César Omar González, Isaac Pérez y el asesor financiero David Gómez, por asociación delictuosa, tráfico de influencias, extorsión agravada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Los fiscales señalaron que el grupo está vinculado con el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, pero no procedieron contra él.
Al final, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna sobreseyó el asunto al desestimar todos los datos de prueba presentados por la FGR y ordenó dar vista a la CNDH al advertir la posible violación de los derechos humanos de los implicados, quienes habían sido denunciados por Juan Collado en busca de un criterio de oportunidad para librar las acusaciones de lavado y delincuencia organizada que lo mantienen en prisión desde 2019.
¿Fraude al Infonavit?
El pasado 13 de julio, el Tercer Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México canceló las órdenes de aprehensión emitidas contra Rafael Zaga Tawil y Elías Zaga Hanono por el supuesto fraude al Infonavit de cinco mil millones de pesos.
La resolución puso fin a gran parte de una acusación armada desde 2019 contra la familia Zaga Tawil. El presidente López Obrador tenía gran interés al presumirla como muestra de su lucha anticorrupción y la FGR inició por lo menos tres carpetas de investigación, pero ninguna ha tenido éxito.
La acusación derivó de la firma de un convenio en el año 2014 entre el Infonavit, entonces encabezado por Alejandro Murat, y Telra para el desarrollo de una plataforma de movilidad inmobiliaria que implicaba una ganancia para la empresa de 30 mil millones de pesos.
Se trataba de una aplicación que facilita a los trabajadores la búsqueda de casas para ejercer sus créditos de Infonavit con la opción de que, si en algún momento necesitaban cambiar de domicilio, pudieran llevarse su crédito.
El inmueble desocupado sería remozado por Telra para que, una vez que estuviera listo, consiguiera un nuevo cliente para rentar o comprar la casa y la ganancia para la empresa de los Zaga sería una comisión de 40% de la venta o renta, 30% del valor de cada vivienda intercambiada y 30% de lo que el Infonavit recibiera por venta o renta.
En 2016 Murat salió del Instituto y llegó David Penchyna, quien afirmó que fueron detectadas supuestas irregularidades en la contratación de Telra y suspendió temporalmente el convenio para negociar la terminación anticipada del mismo pues, afirmó, violaba la Constitución.
En un proceso de mediación que concluyó en 2017, Telra exigía una indemnización de 15 mil 700 millones de pesos por daños y perjuicios y los derechos de propiedad intelectual para que el Infonavit se quedara con la plataforma.
Finalmente el Consejo de Administración del Infonavit, organismo que no recibe recursos públicos y por tanto no está sometido a las reglas de la Administración Pública Federal (APF), autorizó indemnizar a Telra con cuatro mil 800 millones de pesos por daños y perjuicios, más 100 millones por derechos de propiedad intelectual.
Los casi cinco mil millones de pesos fueron pagados en 2018, meses antes de la renuncia de Penchyna, pero los derechos de propiedad no fueron pagados.
Pese a que el Consejo de Administración aceptó y ratificó por unanimidad la indemnización, Penchyna denunció a los trabajadores del Infonavit que participaron en la contratación de Telra.
La carpeta de investigación concluyó con un acuerdo de no ejercicio de la acción penal y, en un intento por “revivir” ese caso, los representantes legales del Infonavit reconocieron que la indemnización fue adecuada, razón por la que en esa denuncia no señalaron a Telra.
A partir de la entrada del actual gobierno federal, la persecución fue retomada por la FGR de Gertz Manero, ahora contra Telra. De acuerdo con una de las demandas de amparo que Rafael Zaga tramitó durante todo el conflicto, a principios de 2020 el fiscal Gertz Manero lo mandó llamar a su despacho, adonde acudió en compañía de su abogado, Eduardo Amerena.
Ahí, dijo, Gertz Manero le exigió la devolución de todo el dinero que obtuvo por la indemnización, para lo cual le dio una semana. El empresario le dijo que podía entregar el dinero al día siguiente con la condición de que se reactivaran los contratos con el Infonavit. El fiscal fue tajante y rechazó la oferta.
En febrero de ese año, los hermanos Elmann, que desde 2011 se incorporaron a Telra Investments, se sabían parte de la investigación de la FGR y firmaron un acuerdo reparatorio con el que entregaron un cheque por dos mil millones de pesos al fiscal Gertz Manero, quien lo exhibió en una conferencia matutina del presidente López Obrador y afirmó que lo entregaría al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).
El mandatario federal lo presumió como un acto inédito de la lucha anticorrupción de su gobierno. El cheque no tenía fondos y el dinero jamás ha formado parte de las arcas del gobierno federal.
Después de este acto, Rafael Zaga recibió un citatorio sobre una carpeta derivada del pago de la indemnización en la que no se le mencionaba de ninguna manera, que nunca fue judicializada y en la que apenas hace seis meses le fue notificado que ya no tiene carácter de imputado.
Rafael Zaga declaró el ingreso de la indemnización como exento de impuestos, porque no se generó por la realización de un trabajo sino del pago por una ganancia que dejó de percibir por la decisión del Infonavit de terminar anticipadamente el contrato.
Por ello, la FGR lo acusó de fraude fiscal. El juez de control que conoció de este asunto determinó no vincularlo a proceso, decisión que actualmente se encuentra firme.
Posteriormente, la FGR intentó acusar nuevamente al empresario, esta vez por lavado de dinero, pero envió la carpeta de investigación a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y para diciembre de 2020 consiguió una orden de captura contra Teófilo y Rafael Zaga Tawil y el hijo de éste, Elías Zaga Hanono.
Rafael y su hijo solicitaron amparos contra esas órdenes en las que refirieron que el empresario recibió amenazas contra su familia. Además, durante todo ese tiempo la FGR ejecutó siete cateos en los inmuebles de Rafael Zaga.
En esos amparos, que ya concluyeron con la resolución del colegiado, los magistrados determinaron que ni el dinero que entregó el Infonavit es ilícito, ni fue ilegal que le pagaran la indemnización de cuatro mil 800 millones de pesos a Telra.
Teófilo Zaga, en cambio, sí fue detenido y permanece en el penal del Altiplano, pero su defensa puede solicitar el sobreseimiento del caso tomando en consideración los argumentos de los magistrados. La sentencia del colegiado ya fue notificada al juez de control para que ordene la cancelación de las órdenes de aprehensión y se espera que en los próximos días se materialice la orden.