El árbitro electoral advierte a los aspirantes presidenciales de que pueden perder el derecho a registrarse como precandidatos si violan la ley
ZEDRYK RAZIEL / EL PAÍS
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha intervenido en la contienda interna de Morena en la víspera de que las corcholatas presidenciales inicien giras y actos de promoción de sus aspiraciones. La Comisión de Quejas del árbitro electoral ha advertido de que aún no inician oficialmente los tiempos de precampaña y mucho menos de campaña, por lo que ha ordenado a los seis aspirantes del partido en el Gobierno que no hagan llamados al voto, que no promuevan la plataforma de Morena ni hagan promesas electorales, tal como establece la ley. El INE ha advertido de que la violación a estos lineamientos puede derivar en que pierdan el derecho a registrarse formalmente como precandidatos y participar en las elecciones presidenciales de 2024. La prohibición emitida este viernes por el instituto está explícitamente dirigida a la ahora exjefa de Gobierno de Ciudad de México Claudia Sheinbaum, el ahora excanciller Marcelo Ebrard, el exsecretario de Gobernación Adán Augusto López, el exsenador Ricardo Monreal, el exdiputado Gerardo Fernández Noroña y el exsenador Manuel Velasco.
El INE ha puesto así claridad de límites a un proceso partidista de selección de candidaturas extremadamente anticipado. De acuerdo con la ley mexicana, el proceso electoral de 2024 —que comprende la precampaña, campaña, jornada de votación y calificación de resultados— comenzará la tercera semana de noviembre próximo. La precampaña es el proceso que se da al interior de los partidos para definir sus candidaturas. En esa etapa, los aspirantes tienen la calidad de precandidatos y pueden promoverse solo ante la militancia, con la finalidad de convertirse en candidatos a un cargo.
Dado que el periodo de precampañas aún no comienza, las corcholatas de Morena no pueden llevar a cabo actos propios de esa etapa, según lo establecido este viernes por la Comisión de Quejas del INE. “Ello resulta de especial relevancia para evitar que quienes aspiran a ocupar un cargo público realicen actos anticipados de precampaña y/o campaña, en virtud de que ello implica, por sí mismo, una ventaja indebida en detrimento de los demás aspirantes o contendientes, trastocando así el principio de equidad en la contienda”, señala el acuerdo aprobado por unanimidad de los integrantes de la comisión.
Los lineamientos establecidos ahora por el INE atan de manos a los aspirantes morenistas y reducen sus eventos a la posibilidad de meras reuniones informativas con militantes. Por ejemplo, los contendientes no podrán hacer llamados explícitos a votar, ni por ellos mismos ni en contra de otros personajes o partidos políticos; no podrán dar a conocer sus propuestas de gobierno ni promover la plataforma electoral de Morena, y no deberán promoverse en comerciales de radio o televisión, en el entendido de que todo eso podrán hacerlo cuando inicie la etapa de precampañas, pero no ahora. El instituto también ha ordenado a las corcholatas entregar por adelantado el calendario de los eventos que tendrán cada semana, y elaborar y entregar un control de gastos a fin de que sean auditados.
Los aspirantes de Morena han renunciado ya a sus cargos públicos para estar en condiciones, a partir del lunes y hasta el 27 de agosto, de visitar los Estados y reunirse con simpatizantes, de cara a la encuesta con la que Morena definirá quién será su candidato o candidata presidencial. Lo anticipado del proceso partidista de selección y la manera como financiará cada corcholata sus aspiraciones los próximos dos meses ha prendido las alertas tanto en los partidos de oposición como en las autoridades electorales. El acuerdo del INE debe ser acatado, al menos de momento, pues los inconformes pueden recurrirlo ante el Tribunal Electoral federal, que tendrá la última decisión: echarlo atrás y dar rienda suelta a los aspirantes morenistas, o dejarlo vigente y ponerles un freno para equilibrar la contienda.
Este mismo viernes, la magistrada Janine Otálora, integrante del Tribunal Electoral, ha señalado que los actos de promoción de las corcholatas representan “grandes retos” para los jueces. “[Debemos] lograr que las y los actores políticos respeten las reglas electorales que ellos mismos han establecido a través de nuestros representantes. Y esto llama particularmente a la no realización de actos anticipados de precampaña y de campaña. El respeto a los tiempos legales electorales es fundamental en nuestro sistema democrático”, ha afirmado. “No podemos permitir que en paralelo a un sistema constitucional y legal camine un sistema ilegal o paralegal, inventado por los actores políticos que, finalmente, se traduce en un fraude a la ley”, ha agregado.
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