Por Fernando Manzanilla Prieto
En los últimos años los avances tecnológicos han revolucionado nuestras vidas de formas inimaginables. La creciente dependencia de Internet y las nuevas tecnologías han generado innumerables beneficios en diversos aspectos de nuestra sociedad, como el desarrollo económico, la educación, conectividad e incluso la comunicación instantánea. Sin embargo, también ha abierto las puertas a una serie de amenazas cibernéticas que afectan a individuos, empresas y entidades gubernamentales.
Puebla no es una excepción, y enfrenta importantes desafíos en este ámbito tanto para la ciudadanía como para las autoridades encargadas de prevenirlos, ya que estos son más frecuentes de lo que imaginamos.
Precisamente, hace unos días que tuve la oportunidad de visitar el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, y platicaba con algunos de sus ciudadano, uno de ellos me confió su enorme preocupación debido a que le habían “hackeado” su cuenta de WhatsApp.
Juan me decía que no se había dado cuenta de este hecho hasta que sus familiares le marcaron para saber cuál era el problema que lo había llevado a pedir dinero prestado a sus contactos. Sin embargo, no era él el que estaba haciendo estas peticiones vía mensajes de WhatsApp, fue ahí donde se dio cuenta del ciberfraude que los delincuentes ya habían cometido a algunos de sus conocidos.
Y es que uno de los principales retos que enfrenta la ciudadanía en relación con los ciberdelitos es la falta de conciencia y educación sobre las medidas de seguridad en línea. Muchos usuarios desconocen las precauciones básicas que deben tomar al navegar por internet o con las cuentas de redes sociales y mensajería instantánea, lo que los hace más vulnerables a estafas, robo de identidad, fraude en línea y otras formas de ciberdelincuencia. La falta de conocimiento sobre contraseñas seguras, la protección de datos personales y la identificación de correos electrónicos y sitios web fraudulentos son solo algunos ejemplos de estas vulnerabilidades.
Otro desafío importante es el rápido avance de las técnicas y herramientas utilizadas por los ciberdelincuentes. Los hackers y estafadores están constantemente adaptando sus métodos para eludir las medidas de seguridad existentes. Esto requiere una respuesta eficaz y actualizada por parte de las autoridades encargadas de la seguridad cibernética. Mantenerse al día con las últimas tendencias y tecnologías en el campo de la ciberseguridad es un reto constante que implica una inversión significativa en recursos humanos y tecnológicos.
En este sentido es que considero muy importante dar un fuerte impulso a la Policía Estatal Cibernética (PEC), adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, encargada de vigilar la no colisión de los delitos cibernéticos, y la cual brinda apoyo a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía General de la República.
Tan solo durante el 2022, la PEC atendió más de 8 mil reportes por ilícitos cometidos a través de las redes sociales, en la que las principales víctimas fueron menores de edad y adultos mayores.
Es por ello que es imprescindible apostar al ámbito de la prevención, en el que las autoridades también se enfrentan a obstáculos considerables, ya que la falta de recursos y presupuesto para implementar programas efectivos de educación y concientización sobre ciberseguridad dificulta la tarea de proteger a la ciudadanía.
Además, es fundamental la colaboración entre diferentes entidades gubernamentales y la coordinación con organismos internacionales de lucha contra el ciberdelito para hacer frente a esta problemática. La ciberdelincuencia no conoce fronteras, por lo que es necesario establecer alianzas y compartir información para enfrentarla de manera efectiva.
Asimismo, la legislación y los marcos legales también deben adaptarse para abordar los ciberdelitos, como lo es en el caso de Puebla el Código Penal del Estado, ya que la falta de leyes específicas y actualizadas puede dificultar el enjuiciamiento de los delincuentes cibernéticos y disminuir la disuasión para cometer estos delitos.
Desde luego, es esencial establecer mecanismos legales que fomenten la cooperación entre las autoridades y promuevan la denuncia de los delitos cibernéticos, ya que, en muchos casos, como el que les platiqué de Juan, no hay denuncia.
La ciudadanía está ávida de tener más información para prevenir y saber actuar ante estos lamentables hechos que además de afectar su economía, hacen mella en su propio bienestar emocional y mental. Hago votos para que autoridades, academia, empresarios y la sociedad en general, trabajemos de la mano para ponerle un alto a los ciberdelincuentes.