La relación entre México y EEUU atraviesa un periodo de tensión en el que legisladores estadounidenses han reclamado al Ejecutivo mexicano su falta de compromiso en el combate contra el tráfico de fentanilo y el crimen organizado
MAURICIO HDEZ. CERVANTES / EL CONFIDENCIAL
Cada hora, un mínimo de una persona desaparece en México. La cifra, publicada el año pasado, es de la ONU, pero la realidad del país la describe mejor el miedo que viven a diario millones de mexicanos cuando salen de casa por la mañana sin la certeza de que por la tarde volverán. Durante 2022, en promedio, cada día fueron asesinadas 85 personas. En 2021 ese número fue de 91. ¿Y los feminicidios? El año pasado alcanzaron el número récord de 3.754, es decir, 11 por día —las activistas elevan esa cifra a 20, al contar todas las muertes que no se han denunciado—. ¿Y los periodistas? México es el país más peligroso del mundo para ejercer este oficio: 17 profesionales de la información perdieron la vida el año pasado, más del doble que en Ucrania.
Todos esos datos pertenecen a un Gobierno mexicano que se perfila como el más violento de la historia de la democracia mexicana. Sin embargo, esa realidad no forma parte del discurso del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) —»Nosotros tenemos otros datos», ha argumentado en el pasado—. En lugar de reconocer estos problemas, el mandatario siempre ha encontrado enemigos a los que señalar. Dentro del país, los conservadores y neoliberales son sus enemigos habituales. En el extranjero, su saco de boxeo habitual ha sido España, especialmente desde que exigió en 2019, por carta a la Corona, un perdón histórico por los hechos acontecidos durante el periodo de La Conquista.
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Pero recientemente, el discurso soberanista del presidente mexicano parece haber encontrado otro villano favorito. Ahora ha llegado el turno de Estados Unidos, su principal socio comercial y con el que comparte 3.152 kilómetros de frontera. Este giro sucedió a finales de marzo, cuando el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, lanzó ante el senado (y bajo juramento) una innegable verdad sobre México: que las organizaciones criminales tienen el control de varias zonas del país. En ese contexto, otros legisladores estadounidenses, en este caso del Partido Republicano, se sumaron a la denuncia y sugirieron, incluso, la intervención armada. ¿El motivo principal? Frenar el tráfico de fentanilo que cruza desde México, una droga que ya deja más de 107.000 muertes al año en Estados Unidos.
Ante esas posturas, tildadas de intervencionistas, las reacciones del Gobierno mexicano no tardaron en hacerse presentes. El encargado de Asuntos Exteriores, Marcelo Ebrard, defendió a ultranza la soberanía de su país, siguiendo la línea de AMLO, que inclusive ha negado que en México se produzca fentanilo y que el crimen organizado tenga el control del país. «Ningún país combate el tráfico (de esa droga) como México«, afirmó.
Para poner la guinda sobre el pastel, el pasado 1 de abril López Obrador publicó un polémico tuit que echó un bidón de gasolina al incendio. «Amenazan con invadir, venden armas de alto poder en sus tianguis (mercadillos), no hacen nada por sus jóvenes, padecen —lamentablemente— de la terrible y mortal pandemia del fentanilo, pero no atienden las causas. No les preocupa el bienestar, sólo el dinero, ni fortalecen valores morales, culturales y espirituales; tampoco limitan el consumo de drogas, por el contrario, lo fomentan hasta en el deporte. Es penoso y decadente», publicó, en una clara referencia a Estados Unidos.
Y mientras todo este episodio de discrepancia política entre ambas administraciones norteamericanas sucede, cada día aparecen más fosas clandestinas en México, con decenas de cuerpos que tardan años o décadas en ser identificados. Todos ellos, producto de las actividades criminales solapadas por la impunidad que asfixia al país y que alimentan incontables autoridades corruptas. Poco después de las declaraciones de Blinken, un grupo criminal secuestró a cuatro jóvenes estadounidenses y asesinó a dos de ellos, un caso que se resolvió de forma exprés y en el que hasta el cártel al que pertenecían los asaltantes pidió disculpas. Fue todo un contraste en un país en el que, de acuerdo con la organización Impunidad Cero, el 94% de los delitos no se denuncian. De los que sí son denunciados, sólo el 1% se resuelve judicialmente y terminan con sentencias condenatorias para los criminales.
El Estado se está viendo cada vez más superado por el crimen organizado. Localidades como Celaya, donde operan los cárteles que obtienen ganancias millonarias por el robo y venta de huachicol —combustible robado— y las extorsiones, están prácticamente controladas por el hampa. En esa misma ciudad, el año pasado, el hijo del alcalde fue asesinado frente a una farmacia.
Vecinos poco amistosos
Diego Gomez-Pickering, diplomático y escritor mexicano, cuenta a este diario que las recientes declaraciones sobre una posible intervención estadounidense en territorios mexicanos son sintomáticas de una desarticulación entre el diálogo político y la diplomacia de alto nivel entre Estados Unidos y México. Este fenómeno, asegura, se ha dado particularmente durante la presente administración.»Desafortunadamente para los intereses de México, esta situación (de tensión diplomática) ha dejado de lado la relación con el Congreso de Estados Unidos, es decir, un actor fundamental en la política exterior de ese país», comenta el también ex embajador mexicano en Reino Unido, y ex cónsul general en Nueva York.
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Si hay un tema constante en la relación bilateral, independientemente de la administración en turno, es la inmigración ilegal en la frontera entre México y Estados Unidos. En el marco de esta crisis diplomática, sucedió la tragedia en la que 39 migrantes murieron en un incendio en las instalaciones de un centro de detención del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez. Y eso ha complicado más la posibilidad de una pronta solución al conflicto.
El suceso ocurrió a finales de marzo, cuando un grupo de internos en aquel centro de detención organizó una protesta para no ser deportados a sus países de origen (Guatemala, El Salvador, Venezuela, Colombia, y Honduras) que terminó en tragedia. Incendiaron unos colchones, pero las llamas descontroladas jamás fueron atendidas y las celdas nunca se abrieron. Se habla de negligencia por parte de las autoridades y seis agentes ya han sido detenidos, aunque la responsabilidad de los hechos aún no ha sido atribuida.
El problema va mucho más allá. El doctor Jorge Santibañez, presidente del Mexa Institute, publicó en Los Angeles Times que esta tragedia no es más que el resultado de unas políticas migratorias ineficientes acordadas por el mismo Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador desde la gestión de Donald Trump. Sostiene que el primer error fue cuando, en 2019, el gobierno mexicano firmó un acuerdo migratorio en el que, entre otras cosas, México se comprometía a recibir a los solicitantes de asilo que Estados Unidos hubiese rechazado. Y, entre otros beneficios, se comprometía a ofrecerles oportunidades laborales, acceso a la salud y educación para ellos y sus familiares, así como proteger sus derechos fundamentales.
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«Un gravísimo error» es la opinión del autor, ya que tras ese acuerdo México pasó de ser un país de tránsito de migrantes de centro y Sudamérica a ser uno de contención. «Por supuesto, a esos migrantes, contenidos en las localidades fronterizas, nunca se les ha ofrecido empleo ni acceso a la salud o educación y mucho menos se han protegido sus derechos humanos», escribe Santibañez, y sostiene, además, que muchas de esas localidades fronterizas no están preparadas para recibir a esos migrantes que quedan a su suerte vagando por las calles, discriminados por la sociedad o simplemente expuestos a las garras del crimen organizado.
Un país inundado de armas
México es el quinto país del mundo con más armas ilegales, según datos del propio gobierno. De acuerdo con Small Arms Survey, existen 13 millones de armas de fuego en circulación en el país. Una cifra que no para de crecer, dado que cada año se trafica más de medio millón de ellas desde Estados Unidos. Se estima que más del 80% de las pistolas y escopetas relacionadas con crímenes en México tienen un origen en el país vecino del norte.
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Para Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el problema no solo es la cantidad, sino las características de las armas, pues la mayoría fueron diseñadas para uso militar y eso incrementa la violencia con la que los grupos criminales mexicanos operan. Dejan, como así lo dijo ante la OEA, «masacres con decenas de muertos en un par de minutos».
Entre 2015 y 2018, según datos oficiales, los asesinatos con arma de fuego aumentaron un 83%. Y, también según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 2015 y 2022 el porcentaje de asesinatos a menores de edad creció un 136%. Por otra parte, el último reporte de la plataforma EVA, elaborado por el Instituto Igarapé, señala, en el periodo de 2010 a 2020, los ataques contra mujeres en México con pistolas y escopetas aumentaron un 486%.