Ocho personas, entre ellas cinco vigilantes, han sido señalados por la Fiscalía, que investiga el caso como homicidio, como culpables de las 39 muertes
BORJA RAMA / Corresponsal México / ABC
El pasado enero el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, nombraba cónsul honorario en México por segunda vez a Elías Gerardo Valdés Cabrera. Al reciente cargo diplomático en el estado mexicano de Nuevo León habría que añadir el también fronterizo Coahuila. Valdés se encuentra en el punto de mira ya que su empresa de Servicios Especializados de Investigación y Custodia (SEICSA) se encarga de la seguridad del centro de internamiento del Instituto Nacional de Migración (INM) donde 39 migrantes murieron el pasado lunes en un incendio, mientras varios agentes de inmigración abandonaban el centro en llamas dejando atrás a decenas de detenidos en celdas cerradas con candados.
El Gobierno mexicano, que investiga lo sucedido como homicidio, a través de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Rosa Icela Rodríguez, señaló el miércoles a tres funcionarios, cinco guardias de seguridad privada y a un inmigrante como culpables de las muertes.about:blank
El trabajo periodístico de Tania Rosas destaca el enmascaramiento de la empresa bajo el supuesto centro de atención a migrantes nicaragüenses. Y va un paso más allá afirmando que «un cónsul honorario de la dictadura de Nicaragua se volvió súbitamente multimillonario contratista de la Cuarta Transformación (el plan ideológico de López Obrador para su sexenio). Es el extraño caso del señor Valdés».
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Por su parte, el digital ‘Latinus’ informa que Valdés recibió su primer contrato durante el sexenio de Peña Nieto, mientras que ha recibido 130 contratos durante el actual mandato del presidente López Obrador, cuyo monto económico suponen tres mil millones de pesos (casi 150 millones de euros).
Según el periodista Loret de Mola, azote del actual Gobierno de México, la empresa especializada en seguridad privada y espionaje industrial se habría visto favorecida para obtener la vigilancia de 20 instituciones mexicanas clave como los Bancos del Bienestar, la Fiscalía General de la República, la Comisión Federal de Electricidad, el Banco del Bienestar, el Instituto para devolverle al pueblo lo robado y el IMSS (el Insalud mexicano).