En un pronunciamiento firmado por seis consejeros ciudadanos, los expertos llamaron a la CNDH a acudir de inmediato a Nuevo Laredo para “atender y apoyar a las víctimas y a sus familiares».
GLORIA LETICIA DÍAZ / PROCESO
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la masacre de cinco jóvenes y las lesiones graves a otro provocadas por efectivos del Ejército mexicano la madrugada del pasado domingo 26 de febrero, integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) exigieron a la presidenta Rosario Piedra Ibarra “una investigación objetiva y exhaustiva de los hechos”, ante lo que se revela como una ejecución extrajudicial, como parte de la militarización que se vive en México.
Los consejeros pidieron al organismo que solicite al presidente Andrés Manuel López Obrador, como “comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, que ordene lo conducente para que las fuerzas armadas se conduzcan en apego a los criterios nacionales e internacionales para el uso de la fuerza y de las armas, en estricto apego a los derechos humanos”.
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En un pronunciamiento firmado por seis consejeros ciudadanos, los expertos llamaron a la CNDH a acudir de inmediato a la ciudad fronteriza para “atender y apoyar a las víctimas y a sus familiares, pues hasta ahora el personal del organismo no se ha desplazado al lugar de los hechos.
Tomando como base información divulgada por medios de comunicación, asociaciones civiles y el mismo comunicado de prensa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) del 28 de febrero, los consejeros ciudadanos reprobaron que “funcionarios públicos militares, encargados de hacer cumplir la ley y velar por de derechos humanos, agredieron con arma de fuego y públicamente vidas humanas”.
Por la descripción de los hechos de la propia Sedena de que los siete jóvenes que viajaban en la camioneta agredida “no portaban armas ni objetos prohibidos ni estaban cometiendo delito flagrante alguno, por lo que la acción de los militares podría ser constitutiva de lo que en el derecho internacional se reconoce como ejecución extrajudicial”, lo que “resulta absolutamente carente de legalidad, constituyendo una gravísima violación a los derechos humanos, además de ser una grave afrenta al pueblo de México”.
Al destacar que después de la agresión, ante las protestas ciudadanas por la masacre, “personal militar agredió a estas personas y detonó, nuevamente, sus armas de fuego en contra de los civiles”, los defensores de derechos humanos reprocharon al organismo su posicionamiento orientado a “denostar e intentar limitar la libertad de expresión de periodistas y sociedad civil”.
Lo anterior, al resaltar que la primera reacción de la CNDH ante los hechos fue emitir un llamado a “asociaciones civiles, activistas y medios de comunicación que han divulgado lo acontecido sobre este caso, a fin de evitar la generación de desinformación mediante la difusión de datos no verificados y de versiones extraoficiales”.
Los consejeros de la CNDH firmantes reiteraron su “temor fundado de que los hechos de violencia descritos presuntamente cometidos por personal militar en agravio de la población civil sean consecuencia, entre otras causas, de la creciente militarización de nuestro país y de la inclusión de personal militar que no está sensibilizado o capacitado en materia de Derechos Humanos, en actividades de seguridad competencia exclusiva de autoridades civiles”.
En el pronunciamiento dirigido a la CNDH, los consejeros hacen una serie de recomendaciones, empezando por pedir a la titular del organismo llamar la atención del presidente López Obrador para ordenar que las fuerzas armadas se conduzcan con respeto a los derechos humanos, así como vigilar que la Fiscalía General de la República (FGR) “lleve a cabo una investigación objetiva y exhaustiva para aclarar los hechos, determinar responsabilidades e imponer las sanciones que haya lugar”.
Alertaron que la investigación del organismo deberá tener “cuidado con la veracidad de las evidencias aportadas por la Sedena sobre el caso a evitar validar falsos positivos”, como se le llama a la fabricación de culpables, y que “demande y vigile que las personas detenidas como presuntas responsables de los hechos sea recluidas en centros de detención civiles y que sean juzgadas dentro del fuero civil y no del militar”.
Urgieron a la CNDH a que “inmediatamente brinde el apoyo y orientación a las víctimas, sus familiares e integrantes de las asociaciones de la sociedad civil implicadas”, así como que gestione ante las autoridades “las suficientes y oportunas medidas de protección a las víctimas, a sus familiares y asociaciones civiles involucradas o comprometidas con los hechos”.
Asimismo, recomendaron que en las investigaciones la CNDH incluya los acontecimientos ocurridos horas después de la primera agresión del personal militar, “en contra de la población civil, medios de comunicación y defensores civiles de los Derechos humanos”.
Finalmente llamaron a que emita una recomendación de todos los hechos ocurridos en Nuevo laredo, “a efecto de promover la sanción a las personas responsables, demandar la reparación integral del daño y solicitar medidas de no repetición”.
Firmaron el documento los consejeros ciudadanos Georgina Diédhiou Bello, Tania Espinosa Sánchez, Adalberto Méndez López, Bernardo Romero Vázquez, Jorge Alejandro Saavedra López y Ángel José Trinidad Zaldívar.