Por Fernando Manzanilla Prieto
La pobreza es un problema persistente en México que afecta a una parte significativa de la población. Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) correspondientes al año 2020, el 41.9% de la población mexicana vive en situación de pobreza.
En nuestro país, esta condición se manifiesta de diferentes formas, incluyendo la carencia de acceso a servicios básicos como salud, educación y vivienda adecuada, así como falta de oportunidades económicas.
A pesar del deseo latente de combatirla por parte de las autoridades, de acuerdo con el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2022, recién publicado por el propio CONEVAL, entre 2018 y 2020, en 19 de las 32 entidades federativas se observó un aumento en el porcentaje de la población en situación de pobreza.
Desafortunadamente, Puebla fue una de las entidades en las que creció esta condición en más de 4 puntos porcentuales, al pasar de un 58% de población en pobreza en 2018 a un 62.4% en 2020. Este retroceso la ubicó a nivel nacional de un quinto lugar en población en situación de pobreza en 2018 a un tercer lugar en 2020, quedando tan solo detrás de Chiapas y Guerrero.
Pero no sólo ello, en este periodo aumentó en el estado de manera notable la población en situación de pobreza extrema, al alcanzar un crecimiento de 4.6. puntos porcentuales, lo que la ubicó en 2020 en un 12.7%.
El retroceso también impactó los indicadores de carencia social en la entidad, ya que estos crecieron de manera sustancial en tres ámbitos. El primero fue el rezago educativo, el cual aumentó de 21.3% en 2018 a 23.2% en 2020. Asimismo, la carencia por acceso a los servicios de salud pasó de 20.8% a 32%, mientras la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad creció de un 24.5% a un 30.8%.
De igual forma, el porcentaje de la población con ingreso inferior a la Línea de Pobreza por Ingresos (LPI), que considera, además de la canasta alimentaria, bienes y servicios como el transporte, educación, salud, prendas de vestir, entre otros, mostró en Puebla un considerable aumento al pasar de17.8% a 26.2% entre 2018 y 2020.
Más allá de estos números, es importante saber el cómo viven este retroceso las familias poblanas en la realidad y, desde luego, poder actuar para combatirlo.
Un ejemplo de ello me lo dio doña Juana, una ama de casa de La Resurrección, con la que platiqué hace algunos días. Me dijo que, a pesar de vivir en la capital del estado, sentía que cada día ella y su familia estaban más olvidados, marginados y aislados de la sociedad.
Me confesó que esta exclusión social la observaba en sus calles y en los servicios públicos que, desde hace tiempo, en lugar de mejorar habían empeorado. Desde luego, lo que más le afectaba eran las escasas oportunidades laborales, pues no tenía trabajo bien pagado ni para ella por su edad, pero tampoco para sus hijos.
Esta dolorosa realidad, me lleva a hacer un escueto análisis de los retos que debemos afrontar en el corto plazo y de manera urgente para combatir la pobreza. El primero es el fomentar el desarrollo económico. Esto significa atraer nuevas empresas y oportunidades de empleo, así como invertir en la educación y en la formación de habilidades laborales.
Ya hace una semana, en este mismo espacio, hablaba de la imperante urgencia de que el gobierno emprenda una agresiva estrategia para atraer inversiones extranjeras, en el sentido de las múltiples oportunidades que se están abriendo para el país con fenómenos como el “nearshoring”.
Por otra parte, también se debe asegurar que todas las personas tengan acceso a servicios básicos, como educación, atención médica y vivienda. Esto requiere inversiones significativas en infraestructura y en programas de asistencia social, pero sobre todo a voltear a ver a las colonias y juntas auxiliares, que reclaman una atención focalizada y urgente.
Por último, otro reto importante es abordar la desigualdad en la sociedad. Esto implica la implementación de políticas públicas para reducir la brecha entre los ricos y los pobres, así como la promoción de la inclusión social y la igualdad de oportunidades.
En este sentido, se deberá realizar en la entidad el establecimiento de programas de asistencia social para ayudar a las personas más necesitadas. Esto puede incluir la distribución de alimentos y suministros médicos, así como programas de asistencia financiera.
Sin lugar a dudas, lo más importante, es actuar y no ser indiferente a esta realidad que viven miles de personas, quienes son parte fundamental de la sociedad y cuyo potencial y talento ha quedado marginado por la fata de oportunidades.