El Instituto Nacional Electoral consideró ilegales las modificaciones en el PRI que llevarían la presidencia de Alejandro Moreno Cárdenas en el partido hasta 2024; Alito podrá recurrir la resolución.
REDACCIÓN PROCESO
CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) invalidó la extensión de mandato de Alejandro Moreno Cárdenas al frente del PRI, luego de considerar que las recientes modificaciones a sus estatutos incumplieron con los procedimientos establecidos en el propio organismo político.
El 20 de diciembre último, en la sesión extraordinaria que realizó el Consejo Político Nacional (CPN) del partido, se modificó la fracción 37 del artículo 83 de los estatutos del PRI, con la finalidad de extender la presidencia de Alejandro Moreno hasta que termine el proceso electoral 2024, y no el 18 de agosto de 2023, como se establecía cuando Alito fue electo presidente nacional del PRI.
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Los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, entre otros miembros de diversas corrientes dentro del PRI, se inconformaron ante el INE señalando que los cambios debieron darse en la Asamblea Nacional, como lo marcan los estatutos, y no en el Consejo Político.
El INE aceptó la queja y con un voto de diferencia entre los 11 miembros del Consejo General rechazó los cambios a los estatutos del PRI que permitían a Alito permanecer más tiempo en la presidencia del partido e intervenir en la elección del candidato presidencial, las nominaciones para diputados y senadores, así como de los gobiernos de los estados en la elección de 2024.
Pese al rechazo del INE, la resolución aún puede ser impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La defensa de Rubén Moreira
En su resolución, el INE determinó que el Consejo Político Nacional del PRI, controlado por Alito, incumplió con el procedimiento establecido en sus propios estatutos. Dicho Consejo, que es la máxima autoridad interna del PRI, argumentó que realizó las modificaciones de los estatutos para adecuarse a las modificaciones de la Reforma Electoral y para el fortalecimiento de la organización partidista.
Al manifestar su rechazo, el diputado Rubén Moreira, representante del PRI en el Poder Legislativo, subrayó que el Consejo Político Nacional no se trata de un órgano dominado por alguien, sino que tiene una conformación plural.
“¿Qué pasa si no aprueban nuestra modificación a los estatutos? Tendríamos, entre otras cosas, un daño irreparable porque estamos en procesos electorales de Coahuila y Estado de México porque es inminente que se publique la ley, no hay nada que nos diga que no se vaya a publicar”, dijo.
Sin embargo, el proyecto aprobado por el INE señala “que el proceso legislativo de la reforma electoral, conocida como Plan B, aún no concluía para las fechas en que se emitieron las convocatorias para realizar sesiones extraordinarias, con la finalidad de armonizar los Estatutos del PRI”.
En su momento el consejero Ciro Murayama expuso que “hice del conocimiento de la dirigencia del PRI, cuando me visitó, mi convicción de que la autoridad electoral debe ser plenamente respetuosa de la vida interna de los partidos, que no puede haber una injerencia que lastime la capacidad de autodeterminación y que, en la medida en que los partidos definan su vida interna, tendremos un real sistema de partidos”.
A su vez el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, consideró que es legítimo que el Consejo Político Nacional pueda modificar los estatutos, y no tiene que pasar necesariamente por la Asamblea General.
Sin embargo, dijo que los cambios se hicieron por la Reforma Electoral, que no había sido aprobada en ese momento, por lo que no se sostiene la justificación.
Señaló que, independientemente de la decisión del Consejo General, prevé que se impugne la resolución ante el Tribunal Electoral.
La consejera Carla Humphrey rechazó el proyecto al señalar que está fuera de las facultades y competencias del Consejo General, porque sólo tiene atribuciones para declarar la inconstitucionalidad y legalidad de los documentos básicos.
La propuesta fue aprobada con los votos en favor de Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Norma de la Cruz, Claudia Zavala, Jaime Rivera y Martín Faz.
En contra votaron la consejera Carla Humphrey, Adriana Favela, Dania Ravel, José Roberto Ruiz y Uuc-kib Espadas.