La percepción de la aparición de un «narcoterrorismo» deja la impresión de que el Estado Mexicano ha sido bloqueado, detenido o acaso secuestrado.
Por Jesús Manuel Hernández
Las noticias de la semana dejaron una percepción prácticamente generalizada de la incapacidad del Estado mexicano para hacer frente a los alcances del avance del crimen organizado.
Analistas de varias tendencias ideológicas, académicos de universidades diversas coincidieron en aportar el calificativo de “Terrorismo” a los hechos suscitados en Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y Baja California. Todos los eventos tuvieron el común denominador de haber registrado acciones del crimen organizado contra los civiles para detener las estrategias de captura por parte de la milicia mexicana.
Cuando estos fenómenos suceden, usar a la población civil para desviar al ejército, es que se habla de terrorismo. Y cuando quienes usan la fuerza de las armas contra los civiles representan al crimen organizado y a los carteles del narcotráfico, la expresión que aparece es “narcoterrorismo”, por lo menos así se desprende de las recomendaciones académicas.
México no ha tenido nunca la experiencia del terrorismo, menos ha trazado una política pública, de defensa, de protección de los civiles de una acción terrorista, como sucede en otros países.
El escenario se antoja como uno de los vectores más importantes en el entorno de la adjudicación por Decreto Presidencial, de la Guardia Nacional a la Sedena, y seguramente será un factor de influencia en la sucesión presidencial y en las elecciones en Estado de México y Coahuila.
Para los estudiosos la relación de los grupos mafiosos y el Estado son una constante y afloran los intereses en momentos de definiciones.
Hace algunos años el sociólogo y politólogo Charles Tilly, de la Universidad de Columbia, aportó algunas reflexiones, quizá interesantes en estos momentos dado el escenario sufrido en México.
Un artículo titulado: “Guerra y construcción del estado como crimen organizado”, escrito en 1982 sostenía entre otras premisas que: “los gobiernos, muchas veces, son las mayores amenazas contra el sustento de sus propios ciudadanos…”, o sea, que los gobiernos funcionan básicamente como las bandas del crimen organizado. Tilly basaba su afirmación en los textos del historiador Frederic Lane quien aseguraba que “los gobiernos, al igual que las bandas criminales, se dedican a vender protección… tanto si la gente la quiero como si no… El cobro de impuestos a sus súbditos les permite financiar ejércitos capaces de repeler a sus rivales, extranjeros y nacionales. A la hora de la verdad, la única diferencia entre el trabajo del estadista y los mafiosos es de escala, no de principios. En este modelo, la depredación, la coacción, la piratería, el bandolerismo y la extorsión están metidos en el mismo saco que sus parientes honrados de los gobiernos responsables…”.
Visto así el escenario en el mundo se vienen dando cada vez más casos donde las mafias se van apoderando de los Estados. Esas nuevas élites han sido identificadas en las últimas décadas, según Moisés Naím, “desde Rusia y Hungría hasta Venezuela, Nicaragua, Turquía y, sorprendentemente, Estados Unidos…”,
Resulta obvio que México no ha podido escapar a estas circunstancias. Los gobiernos posteriores a la Revolución Mexicana presentan varios ejemplos. El camino de la droga o del alcohol, desde Veracruz a San Luis Potosí y Chihuahua, pasando por Puebla, no es nada nuevo, varios historiadores, como Juan Alberto Cedillo y más concretamente Francisco Gerardo Haghenbeck en su “Primavera del Mal”, dan cuenta de la intromisión de los chinos en el mercado de la droga de México hacia Estados Unidos, dando origen así a los primeros carteles del narcotráfico.
El caso es que los gobiernos de los Estados y el de la República no fueron ajenos a esas actividades, en muchos casos, se toleraron, se controlaron o se aprovechó su influencia para obtener beneficios económicos, pero el “trato” se salió de control y hoy día los mexicanos enfrentan un Verano del Mal, cercano a lo que los académicos denominan “el narcoterrorismo”.
La percepción crece en el sentido de que el Gobierno ha sido bloqueado, detenido o acaso secuestrado por el crimen organizado.
O por lo menos, así me lo parece.