El cambio de gobierno -de EPN a AMLO- no implicó ni menos víctimas ni menos actos de corrupción en las instituciones del país, aunque el presidente López Obrador asegura que esta ya va de salida.
REDACCIÓN LA-LISTA
“No somos iguales” ha repetido en diferentes ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando quiere distanciarse de los sexenios anteriores.
El mandatario hizo del combate a la corrupción una promesa de campaña, que según él ya cumplió. En sus conferencias matutinas ha sacado varias veces un pañuelo blanco, al tiempo que asegura que “se acabó la corrupción arriba, ya el gobierno no está dedicado a robar como era antes”.
Sin embargo, el cambio de gobierno -de Enrique Peña Nieto a López Obrador- no implicó ni menos víctimas ni menos actos de corrupción en las instituciones del país.
La corrupción sigue siendo uno de los problemas más sentidos por los mexicanos: el 86.3% de la población considera que estos actos son frecuentes en las instituciones de gobierno, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2021, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
En 2017, el último año completo del gobierno de Peña, la tasa de población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó algún acto de corrupción fue de 14 mil 635 por cada 100 mil habitantes a nivel nacional.
En 2021, a la mitad del gobierno de AMLO, la tasa de incidencia fue de 14 mil 701 víctimas de corrupción por cada 100 mil habitantes a nivel nacional.
En cuanto a casos, en 2017 había una tasa de 25 mil 541 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes, mientras en 2021 la tasa alcanzó los 25 mil 995 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes.
Es decir que con López Obrador prácticamente se mantienen los niveles de corrupción del sexenio de Peña.
Las condiciones para cometer un acto de corrupción siguen siendo las mismas en el pasado y en el presente, explica el doctor Fernando Nieto, investigador del Colmex y especialista en administración y función pública, corrupción, burocracia y transparencia en el gobierno.
“Sigue siendo muy fácil, por ejemplo, crear en México una empresa fantasma; sigue siendo relativamente fácil coludirse para obtener una licitación pública; seguimos sin tener servicios civiles profesionales, que garanticen que aquellos que llegan a los puestos públicos son personas competentes y no solamente leales a un grupo político”, expone en entrevista.
En ese sentido, “parece que la política de la actual administración se ha centrado en la cuestión simbólica y discursiva“.
“Las políticas públicas que se han venido desarrollando, las pocas que hay, han sido inefectivas… No estamos reduciendo ni la percepción de que México es un país donde la corrupción sucede frecuente o muy frecuentemente y tampoco estamos reduciendo las oportunidades digamos cotidianas para que la corrupción suceda”, señala.
El doctor Nieto aclara que “la corrupción no es solamente una cuestión del ámbito gubernamental estrictamente, la corrupción es un problema social, en el sentido de que está extendido a otras esferas, por ejemplo las empresas privadas”.
En una revisión que se hizo de las dependencias y sus titulares, se pueden encontrar prácticas de posible corrupción tanto en el sexenio anterior como en este.
La Conade, bajo la lupa con Guevara y con Castillo
La Comisión Nacional del Deporte (Conade) cumple dos sexenios bajo la lupa y con acusaciones de corrupción por parte de sus titulares y pese al cambio de gobierno.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en 2019 un uso irregular de más de 100 millones de pesos (mdp) por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), que lidera la exmedallista olímpica Ana Gabriela Guevara.
Ese año, la entonces titular de la Secretaría de Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, informó que se encontraron irregularidades por un posible daño al erario por 50.8 millones de pesos por el uso de facturas falsas, costos de viajes “inflados”y pagos indebidos a entrenadores.
En su auditoría, la ASF encontró que la Conade adjudicó de forma directa el contrato de servicios sin justificar; no realizó la supervisión, control y verificación de los servicios contratados; y pagó 57.9 mdp sin presentar la documentación comprobatoria que acreditara la prestación del servicio contratado.
La ASF también halló que la Conade realizó pagos por 26.5 mdp con recursos públicos federales de 2019 por compromisos adquiridos en 2018, sin contar con la documentación necesaria que acreditara la prestación de estos.
Posteriormente, en la auditoría de 2020, la ASF volvió a encontrar un manejo irregular de 377.1 mdp por parte de la Conade, por actividades similares a las detectadas en 2019.
La ASF indicó que la Conade adjudicó de forma directa servicios sin justificación; realizó pagos con recursos públicos federales del 2020 por servicios adquiridos en 2019 sin acreditar o comprobar que estos se hayan recibido.
Además, se detectó que se adquirieron bienes con características tecnológicas específicas, sin contar con la infraestructura necesaria para su óptimo funcionamiento; y no se encontraron los expedientes integrales de los beneficiarios del Fondo para el Desarrollo del Deporte de Alto Rendimiento.
Pese a estas irregularidades presentadas en la Conade, el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la labor de Ana Gabriela Guevara al frente de la dependencia.
En 2021 la SFP inhabilitó del servicio público por 10 años a Alfredo Castillo, exdirector de la Conade, debido a la omisión en su declaración patrimonial de seis cuentas bancarias a su nombre y de su cónyuge con más de 18.3 millones de pesos.
La Secretaría de la Función Pública indicó que tiene como una de sus atribuciones realizar la verificación de la evolución patrimonial de las y los servidores públicos, y en el ejercicio de esa atribución se detectaron omisiones de la persona sancionada en sus declaraciones presentadas ante esa dependencia.
Desde 2018, la ASF señaló que la autoridad tributaria no encontró registros de 21 proveedores a los que que se canalizaron 262 millones 142 mil 300 pesos, es decir, que habrían sido dirigidos a “empresas fantasma”.
De acuerdo con el Informe de Resultado de Fiscalización de la Cuenta Pública 2017, realizado por la ASF, la Conade tampoco presentó el soporte documental de los 498 contratos o requisiciones del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y sólo documentó 25.
A esto habría que sumarle 72 millones 292 mil 500 pesos del programa “Atención al Deporte”, que serían para adquirir y contratar bienes y equipos para deportistas, que la ASF tampoco pudo comprobar.
Gertz y Cervantes: dos titulares polémicos
El titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz, al igual que el de la PGR de Enrique Peña Nieto, Raúl Cervantes, no están exentos de escándalos de supuesta corrupción.
En el caso de Gertz, es uno de los pocos funcionarios del gobierno que no ha hecho pública su declaración patrimonial. Aún así, su riqueza no puede ocultarse.
En diciembre pasado, un reportaje de El Universal reveló que una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera detectó gastos de más de 109 millones de pesos entre 2013 y 2021, tan solo para la compra de automóviles.
Además, entre 2013 y 2014 Gertz realizó transferencias internacionales por más de 4 millones de pesos. De 2003 a 2021 se detectaron retiros para manejo de efectivo por 737 mil pesos. Y en ese mismo periodo el hoy fiscal recibió pagos electrónicos interbancarios por más de 38 millones de pesos. Sin embargo, Pablo Gómez, de la UIF, salió después a negar esa investigación, por lo que esta podría corresponder a su antecesor Santiago Nieto.
En septiembre 2021, Proceso publicó que en 2012 la Universidad de las Américas Ciudad de México, representada por su entonces rector Alejandro Gertz Manero, adquirió una casa en Las Lomas como pago a él mismo como parte de un supuesto adeudo de la casa de estudios. La residencia forma parte de los bienes que el fiscal no ha hecho públicos.
En abril de este año, Gertz fue denunciado de “tráfico de influencias, asociación delictuosa y coalición de servidores públicos” por el exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra.
En el sexenio de Peña Nieto, Raúl Castillejos, titular de la PGR, no sólo fue criticado por no avanzar en las investigaciones de casos de corrupción como Odebrecht y la Estafa Maestra, sino que también porque le descubrieron que registró un Ferrari 458 Coupé, con valor de 3 millones 800 mil pesos en una privada de casas de interés social en Xochitepec, Morelos.
Un reportaje de Mexicanos contra la corrupción apuntó que la casa de la privada de Paseo de la Lealtad donde se registró el coche de Cervantes es una vivienda deshabitada.
Cervantes Andrade presentó su renuncia ante la Junta de Coordinación Política del Senado, luego de múltiples señalamientos porque existía el temor de que se convirtiera en “fiscal carnal”, pues como último titular de la PGR podría haber pasado en automático a ocupar la titularidad de la FGR gracias a una reforma.
Como procurador desechó expedientes de corrupción, como uno contra César Duarte, ex gobernador priista de Chihuahua, en el que se le acusaba del desvío de 65 millones de pesos.
Scherer y Castillejos, el poder para fines personales
Julio Scherer Ibarra y Humberto Castillejos son de los consejeros jurídicos de la Presidencia más polémicos de los últimos sexenios.
La primera polémica de Scherer -quien salió del gabinete el año pasado- fue el no haber incluido en su declaración patrimonial la posesión de un departamento en una de las zonas más exclusivas de Nueva York, en el Upper East Side de Manhattan.
El departamento fue adquirido en enero de 2014 por un pago de 1.7 millones de dólares (en ese momento unos 22 millones de pesos), de acuerdo con el diario El Universal.
Este año, el abogado Juan Collado -actualmente preso- denunció al exconsejero jurídico, Julio Scherer Ibarra, así como a tres abogados más y a un operador por los delitos de extorsión, asociación delictuosa, lavado de dinero y tráfico de influencias.
El abogado denunció que le ofrecieron conseguirle su libertad a cambio de entregar todas las acciones de su empresa Caja Libertad y entregar 2 mil millones de pesos, lo cual negó Scherer Ibarra. Finalmente, el caso fue desestimado por un juez.
Previamente, el abogado Paulo Díez Gargari ya había acusado al exconsejero jurídico de la Presidencia de encabezar una red de corrupción y de extorsión, conformada por una serie de despachos de abogados que obtenían contratos multimillonarios, aprovechándose de la importancia del cargo público del entonces colaborador de Andrés Manuel López Obrador.
Humberto Castillejos, al igual que Scherer, fue señalado en 2019 de haber encabezado una red de extorsiones durante la administración 2012-2018, indicó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP), Santiago Nieto Castillo.
En entrevista para Aristegui Noticias, Nieto dijo que, de acuerdo con las declaraciones de tres informantes, ese esquema de extorsión existía dentro de la propia UIF y actuaba bajo las órdenes de Castillejos. Sin embargo tras la salida de Nieto de la UIF ya no se ha sabido más de esa investigación.
SFP exonera por Casa Blanca, Casa Gris y por casas de Bartlett
Los encargados de investigar corrupción o conflictos de interés en el anterior sexenio y este han sido criticados por exonerar a los implicados.
El mayor escándalo que ha sacudido a la actual administración es la vida de lujos en el extranjero que se da José Ramón López Beltrán, hijo mayor de López Obrador, la cual contrasta con el discurso de austeridad de su padre.
Una investigación conjunta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Latinus reveló en enero que el hijo del presidente y su pareja, Carolyn Adams, habitaron en dos residencias al norte de Houston, ambas un valor comercial de un millón de dólares, lo que equivale a 20 millones de pesos mexicanos.
En la primera casa que habitaron López Beltrán y Carolyn Adams, desde septiembre de 2019 a mediados de 2020, pertenecía a Keith L. Schilling, quien fue un alto ejecutivo de Baker Hughes, una empresa petrolera que cuenta con contratos vigentes con el gobierno de AMLO por más de 151 millones de dólares.
Uno de los autores de esa investigación, el periodista de MCCI, Raúl Olmos, dijo a La-Lista que “hay indicios muy claros de que hay corrupción, aunque eso le toca determinarlo a la autoridad, la corrupción es un actuar que implica un delito, no correspondería a los periodistas señalarlo, sin embargo sí hay claros indicios de posible tráfico de influencias y de compadrazgo ahora que sabemos que hay una relación de compadres entre Carolyn Adams y un contratista que se ha vuelto beneficiado en algunas obras”.
Sin embargo, la SFP concluyó en mayo pasado que no se encontraron evidencias que acrediten que el Presidente Andrés Manuel López Obrador y “particulares” incurrieron en actos u omisiones que representen una falta administrativa con relación a la polémica de la “Casa Gris”.
Esta dependencia actuó de manera similar con la casa blanca de Enrique Peña Nieto, uno de los mayores escándalos de corrupción en su sexenio.
El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en el anterior sexenio, Virgilio Andrade Martínez, exculpó a Peña Nieto y descartó que haya incurrido en un conflicto de intereses al adquirir la casa, ya que no tenía participación directa en asignación de contratos a Grupo Higa, la empresa que hizo la casa y había sido favorecida por su administración por ejemplo con la construcción del Tren México-Querétaro, el cual finalmente fue cancelado.
“No hubo ninguna participación del licenciado Enrique Peña Nieto en los procedimientos de contratación, lo que excluye la existencia de un beneficio, provecho o ventaja”, determinó el extitular de la SFP en agosto de 2015.
De forma similar, en diciembre de 2019, la Secretaría de la Función Pública (SFP), encabezada entonces por Irma Eréndira Sandoval, exoneró a Manuel Bartlett, director de CFE, de haber ocultado bienes, ya que estos no le pertenecen a él, sino a su pareja e hijos.
En aquel año, en la página de internet de Carlos Loret se reveló que el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, omitió incluir en su declaración patrimonial 25 propiedades y 12 empresas vinculadas su esposa e hijos.
La investigación realizada demostró que la fortuna de Bartlett era 16 veces mayor a la que declaró a inicios de ese año, únicamente en propiedades que adquirió a partir del 2001.
El titular de la CFE reportó tener una fortuna de 51 millones de pesos (mdp), e ingresos anuales de 11 mensuales, pero el medio reportó que a través de su familia y prestanombres adquirió 23 casas y dos terrenos con un valor aproximado de 800 millones de pesos.No te pierdas:Fiscalía Anticorrupción investiga colapso de puente colgante en Cuernavaca
Segalmex – Diconsa: cambio de nombre, pero con sombras similares
Otro de los de casos de corrupción que se presentaron en la actual administración fue el fraude suscitado en el organismo de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) por más de nueve mil millones de pesos, según detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En la auditoría de 2019, la ASF señaló que se encontraron irregularidades en el manejo de 3 mil 721.4 millones de pesos por parte de Segalmex; mientras que en la 2020 se evidenció la misma situación, pero con 5 mil 640 mdp.
Algunas de de las irregularidades encontradas en la auditoría de 2019 fue que Segalmex no proporcionó los documentos necesarios que amparen la compra de trigo por 516.1 mdp; además de que el organismo realizó pagos en exceso por 51.1 millones de pesos.
En tanto, en 2020 se detectó pagos que excedieron el tonelaje o precios de garantía establecidos para el maíz y frijoles; pagos sin acreditar la prestación del servicio de subcontratación de personal y recepción de pesticidas; pagos fuera de vigencia del contrato se servicios de fletes; entre otras irregularidades.
En esta dependencia sí hay detenidos, aunque por otra situación.
El extitular de la unidad de administración y finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) fue vinculado a proceso en abril pasado por su probable responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
La FGR acusa que durante sus funciones como servidor público, René “G” presuntamente autorizó la compra de 100 mil títulos bursátiles con un valor total de 100 millones de pesos, utilizando para ello recursos públicos provenientes del patrimonio de Segalmex.
Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad ha revelado, desde agosto de 2020, múltiples irregularidades en Segalmex, incluidas las adjudicaciones millonarias a empresas “fachada”, el favoritismo, presunto nepotismo, desvíos de subsidios y contratos amañados.
Tras los escándalos de corrupción en Segalmex, Leonel Cota Montaño fue designado como director del organismo, en lugar de Ignacio Ovalle, aunque a este se le dio la coordinación del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal.
En Diconsa, como se llamaba al organismo del gobierno encargado de llevar productos de la canasta básica a comunidades rurales y marginadas, se detectaron por parte de la ASF posibles desvíos por 325.2 millones de pesos en 2017, penúltimo año de Enrique Peña Nieto en la Presidencia.
En un esquema muy parecido al de la llamada Estafa Maestra, la Auditoría descubrió que Diconsa incurrió en un esquema en el que una institución de gobierno firma un convenio con una universidad pública y esta, a su vez, subcontrata a empresas para que cumplan con el servicio contemplado, sin que se compruebe si esto se lleva a cabo o no.
En 2017 el titular de Diconsa era Héctor Velasco Monroy, quien tampoco está acusado directamente, pero los posibles desvíos ocurrieron en su administración.
Sedesol y Bienestar, los apoyos que no llegaron
Rosario Robles, extitular de la Sedesol y Sedatu en el sexenio de Enrique Peña Nieto, actualmente presa, fue señalada por permitir la llamada Estafa Maestra, un ‘modus operandi’ que utilizaron, al menos, once dependencias federales entre 2013 y 2014 para desviar más de 7 mil 670 millones de pesos en recursos públicos, de los cuales, 3 mil 433 mdp no se supo a dónde fueron a parar.
Ocho universidades públicas participaron de este esquema de corrupción de la siguiente manera: las dependencias federales contrataban a las instituciones educativas para realizar alguna actividad para la cual no estaban capacitadas, luego éstas tenían que subcontratar a otra empresa que tampoco podía hacerlo, y así se repetían las subcontrataciones hasta dar con quien podía realizar la labor.
La investigación de Animal Político y MCCI indicó que este patrón se repetía 5591293210 ocho veces, además de que en muchos casos nunca se prestó el servicio por el cual se pagó, ni tampoco se entregaron los bienes que se adquirieron.
Un total 186 empresas fueron las que recibieron los recursos desviados, pero 128 de ellas eran fantasma, no existían, no contaban con antecedentes registrales, no tenían dirección fiscal, fueron desmanteladas, o la razón social no coincidía con los servicios por los que fueron contratados. Sólo 58, que representa menos de una tercera parte del total, estaban en aparente regularidad.
Una de las dependencias involucradas fue la Sedesol que, gracias al convenio con las universidades autónomas del Estado de México y Morelos, desvió más de dos mil millones de pesos entre 2013 y 2014, cuando Rosario Robles fue secretaria, quien luego fue sustituida por José Antonio Meade, excandidato presidencial del PRI en 2018.
De acuerdo con Proceso, hasta septiembre pasado se habían acumulado 4 mil 583 denuncias por irregularidades en el uso de recursos públicos contra funcionarios de la Secretaría del Bienestar -como ahora se le llama a lo que era Sedesol- así como contra “superdelegados” y “servidores de la Nación”. La Auditoría Superior de la Federación ya detectó en este sector un boquete financiero cercano a 900 millones de pesos que no ha sido solventado.
La dependencia cambió recientemente de titular en enero pasado cuando asumió Ariadna Montiel en lugar de Javier May, en cuya administración se reportó el faltante.
Delfina Gómez y la SEP de EPN, recursos a distintos fines
La actual titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez, arrastra un caso de corrupción de cuando era la presidenta municipal de Texcoco.
Cuando Delfina Gómez ocupó dicho cargo – de 2013 a 2015 – retuvo el 10% del salario de 550 empleados del ayuntamiento y DIF de Texcoco.
Durante ese periodo, se retuvo un total de 12 millones de pesos (mdp) del salario de estos empleados que presuntamente autorizaron voluntariamente que se aplicaran estos descuentos.
El Instituto Nacional Electoral (INE) investigó la situación, producto de una queja presentada por el partido Acción Nacional (PAN), y encontró que Morena se benefició con 2.1 mdp de este esquema de retención de salarios, los cuales no reportó ante la autoridad electoral.
El INE comprobó que ese dinero se utilizó para el pago a proveedores de Morena y gasto de campaña de Delfina Gómez cuando contendía por ser diputada federal en 2015 y gobernadora del Estado de México en 2017.
Producto de esta red de financiamiento irregular, el órgano electoral multó a Morena por 4 millones 529 mil pesos, sanción que ratificó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en enero de este año.
Según documentó Animal Político, María Victoria Anaya Campos – quien fue secretaria de Delfina Gómez cuando era presidenta municipal y una de las encargadas de manejar el dinero obtenido por la retención de salarios – hoy coordina la entrega de programas sociales del gobierno federal en Texcoco.
Uno de los casos de mayor relevancia en el sexenio de Enrique Peña Nieto ocurrió en la Secretaría de Educación Pública (SEP), con la “desaparición” de 23 mil millones de pesos (mmdp) de una partida presupuestal.
La organización Mexicanos Primero reveló que la dependencia de educación manejó de 2014 a 2018 una partida presupuestal de 23 mmdp, que se desconoce en qué se gastaron ya que su uso fue discrecional.
El programa en cuestión al que se destinaron estos recursos de uso discrecional fue al U080 Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación de la SEP, el cual tenía la finalidad de apoyar a los estados a solventar los gastos inherentes a la operación y prestación de servicios de educación mediante apoyos no regularizables.
De acuerdo con Mexicanos Primero, el monto asignado a este programa creció en un 2000% de 2014 a 2018.
En ese periodo los secretarios de educación pública fueron: Emilio Chuayffet (2012-2015), Aurelio Nuño (2015-2017) y Otto Granados Roldán (2017-2018).
La directora de Mexicanos Primero, Jennifer O‘Donoghue, explicó a Excélsior que el programa U080 “no contaba con objetivos, ni lineamientos claros” y destacó que los 23 mmdp de los que “se perdió el rastro” representaban el doble de presupuesto que se destinaba a las escuela de tiempo completo, el cual era de 11 mmdp.
Ninguno de los secretarios de educación fue sancionado por este menejo irregular de recursos. Chuyyaffet fue relevado al frente de la SEP por decisión de Peña y Nieto; Aurelio Nuño dejó el cargo para ser el coordinador de campaña del entonces candidato del PRI en la elección presidencial de 2018, José Antonio Meade; mientras que Granados Roldán culminó sus funciones con la llegada del gobierno de AMLO.
Con información de Gustavo Sánchez y Michael González
Fuente: https://la-lista.com/politica/2022/08/03/niveles-de-corrupcion-con-amlo-similares-a-los-del-gobierno-de-epn