El tratado comercial ha favorecido la vigilancia para impedir el trabajo de menores de edad en compañías exportadoras, pero las empresas que venden sus productos en el mercado mexicano están quedando fuera de la inspección. La asistencia técnica para cumplir las normas es otra brecha, señalan especialistas.
BLANCA JUÁREZ / EL ECONOMISTA
Hará unas semanas que Elías Santiago llegó a Estados Unidos, la empresa agrícola para la que trabaja en México lo envío por primera vez a sus campos en Florida. En Sinaloa siembra verduras asiáticas para la comunidad china en el país del norte. “Todo debe ir perfecto, se envía lo mejor de la cosecha”, cuenta antes de partir. “Y a veces nos visitan los inspectores del trabajo, por eso no nos dejan tener a nuestros hijos en el campo, pero tampoco les podemos decir lo que nos pasa”.
El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) prohíbe las importaciones producidas con trabajo infantil forzoso u obligatorio. La administración Joe Biden-Kamala Harris ha puesto especial atención al sector agrícola mexicano, aunque otros, como el automotriz, tengan más peso económico. Las exportaciones agropecuarias a la Unión Americana superaron los 2,074 millones de dólares en abril; las de la manufactura automotriz, 13,255 millones de dólares, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El gobierno estadounidense ha puesto el foco en los campos agrícolas porque “la mayor proporción de trabajo infantil se presenta ahí, y porque es uno de los sectores” con menor verificación de las normas, señala Óscar Castillo, director del programa Campos de Esperanza, una iniciativa de la organización de asistencia World Vision, en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil que se conmemora el 12 de junio.
Según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI), el sector agrícola es el que más ocupa las fuerzas de niñas, niños y adolescentes. Los últimos datos de esta medición, financiada por el gobierno estadounidense, reflejan que la población que labora en el campo es cercana a 589,300 menores de edad; el 87% son varones.
La pandemia de covid-19 incrementó el riesgo del trabajo infantil. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que por cada punto que aumenta la pobreza, el empleo de menores de edad sube 0.7 por ciento. En México, la pobreza creció 9.1 puntos en 2020, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), al pasar de 41.5 a 50.6 por ciento. Eso significaría que al menos 210,000 niñas y niños más comenzaron a trabajar.
Pero para el senador Ricardo Monreal (Morena), la pandemia originó “una nueva mirada al campo, como un espacio para el desarrollo y el crecimiento de México”. A principios de año participó en el foro Oportunidades Laborales para Jóvenes en el Sector Agropecuario, convocado por el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) para impulsar una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para permitir que adolescentes de 16 y 17 años laboren en el sector agrícola.
En ese espacio defendió la reforma, “ya lo hemos platicado con Juan (Cortina Gallardo, presidente del CNA) y con varios de ustedes”, dijo. “El campo se nos está avejentando y es importante que los jóvenes volteen a verlo como un sector de oportunidades”, apuntó Cortina Gallardo.
Desde 2017, el CNA trabajó por modificar el artículo 176 de la LFT y lo consiguió en febrero de 2022. Hay actividades que ese grupo de adolescente puede realizar “sin poner en riesgo su salud”, sostuvo Juan Cortina en el encuentro. “Muchos buscan en actividades que no son lícitas fuentes de ingreso para salir adelante”, argumentó, ligando la prohibición a su captación por el crimen organizado.
En abril, el Departamento del Trabajo de Estados Unidos dispuso para México de una partida de 28 millones de dólares para proyectos que combatan el empleo infantil.
Reforma no permite el trabajo infantil: STPS
Eliminar era más fácil que normar, dice la senadora Nancy Sánchez (Morena), autora de la reforma a la LFT que permite a adolescentes mayores de 15 años laborar en actividades agrícolas. En 2015 “se prohibió el trabajo en el campo para estos jóvenes, porque son jóvenes no adolescentes”, hace hincapié, “pero lo que se necesitaba era regularlo”.
En febrero, el Congreso modificó el artículo 176 de la LFT, el cual señala los trabajos prohibidos a menores de 18 por ser peligrosos o insalubres, entre ellos están las labores agrícolas. La reforma le añadió una condición: no podrán dedicarse a ellas si implican “el uso de químicos, manejo de maquinaria, vehículos pesados, y los que determine la autoridad competente”.
Sin embargo, “no sólo la maquinaria y químicos, sino que en el trabajo agrícola las personas están sujetas a temperaturas extremas, a riesgos ergonómicos (por pasar tanto tiempo agachadas, por ejemplo), a cargas mayores a lo que establece el marco normativo”, explica Omar Estefan, director general de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
La STPS tiene hasta octubre para crear una Norma Oficial Mexicana (NOM) que determine qué actividades podrán realizar y bajo qué condiciones.
México es el segundo país de América Latina, después de Brasil, con más niñas, niños y adolescentes trabajando, según la Comisión Económica para América y el Caribe (Cepal). De acuerdo con la ENTI, en 2019 esta población superaba los 3.3 millones y de ese universo, 2 millones laboraba en ocupaciones peligrosas o no permitidas para su edad.
La mayor parte, el 31% de esta población, se dedica a actividades agrícolas, ganaderas, forestales, caza y pesca. “Las condiciones sociales son más precarias en el campo que en la ciudad, por eso se necesita regular este trabajo Pudiera no ser lo deseable, pero a los 17 años muchos son padres” y necesitan el empleo, argumenta la senadora.
El crimen organizado y el trabajo
“En México, el trabajo de niñas, niños y adolescentes en el sector agrícola está prohibido”, señaló tajante la STPS en un boletín a principios de mayo. La reforma “no abre la posibilidad de contratar a menores de edad en el sector agrícola”.
La NOM se construirá sobre los principios del “interés superior de la niñez, de progresividad de derechos, de no revictimización y con visión transversal de derechos humanos y del trabajo digno”, señala en entrevista Omar Estefan.
Nancy Sánchez presentó la iniciativa de reforma en diciembre de 2017, cuando era diputada federal por el PRI, y en 2018 fue aprobada y pasó al Senado. También ella llegó a esa Cámara, ahora por Morena, y desde ahí impulsó su propuesta hasta que en febrero fue avalada.
“Para elaborar esa ley tuvimos reuniones con jornaleros y jóvenes organizados, hijos de jornaleros, quienes para poder estudiar tienen que trabajar”, asegura.
“Pero también hay otra razón, en estos años que no pudieron trabajar en el campo quien sí les dio trabajo fue el crimen organizado y eso, desgraciadamente, nos hizo perder muchos jóvenes”.
Las prohibiciones laborales para menores de edad aprobadas en 2015 lograron que más de 25,000 adolescentes dejaran de trabajar y casi 50,000 regresaran a la escuela. Esto señala un estudio de las investigadoras Fernanda Martínez Flores y Mireille Kozhaya, del Instituto Renano-Westfalia de Investigación Económica de Alemania (RWI).
“Me parece interesante la relación que se hace de agricultura y crimen, pero no hay pruebas científicas que demuestren que eso sea cierto”, apuntó en entrevista Fernanda Martínez.
El reto de reconocer el trabajo infantil
Cuando comenzaron con el programa Campos de Esperanza, en 2017, había una resistencia por parte de las compañías agrícolas “a reconocer la existencia del trabajo infantil o la confusión en cuanto a los términos”, dice Óscar Castillo.
“Antes era muy difícil encontrar empresas que hablaran de estos temas, que dijeran ‘tengo problemas de trabajo infantil’”, dice Alejandro Martínez, director del Centro de Derechos de la Niñez y las Empresas. El T-MEC, pero sobre todo, ha sido por “el escrutinio público, la voz de los consumidores, los medios de comunicación y las redes sociales”, agrega.
Sin embargo, “el énfasis de la vigilancia está en las empresas exportadoras y hay una brecha en el resto”, señala Óscar Castillo. “En las producciones de menor escala es donde puede existir un mayor riesgo de trabajo infantil”. También se ha dejado de lado la comercialización, “nos hace falta analizar más allá de la postcosecha. No tenemos datos concretos, pero sí hemos visto” que en la venta de los productos hay trabajo infantil.
“En la agricultura hay múltiples situaciones que violan los derechos humanos laborales”, de entrada, a personas adultas, apunta Alejandro Martínez. Pero para quienes son menores de edad es peor, porque no pueden tener un contrato, las jornadas exceden las 6 horas permitidas, no siempre se les paga de manera directa y muchas veces ni siquiera se les paga, apunta.
“El tema del trabajo infantil atraviesa la trata laboral, explotación, abuso, separación familiar y migración”, puntualiza. El T-MEC está presionando para cambiar esto, y habla de trabajo forzoso, “porque las condiciones en que se da el trabajo infantil muchas veces son la antesala al trabajo forzoso”.
México tiene una de las legislaciones laborales más avanzadas, dice el especialista, pero la falla está en la inspección y el acompañamiento de asistencia técnica. “Sí pasan los inspectores, pero los patrones nos dicen lo que tenemos que responder, que todo está bien, que tenemos un lugar limpio para comer, pero es una mesa en el campo con caca de pájaro, donde no cabemos todos”, expone Elías Santiago.
Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Trabajo-infantil-agricola-entre-las-presiones-del-T-MEC-y-de-los-productores-20220610-0076.html