Una ley aprobada en 2021 por el Gobierno de López Obrador podría abrir esta puerta a la administración de Joe Biden y empresarios estadounidenses, incluso cuando la reforma constitucional en materia eléctrica fue rechazada por el Congreso mexicano.
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Aun cuando la reforma constitucional en materia eléctrica fue rechazada por el Congreso mexicano, no se descarta que en las próximas semanas la administración de Joe Biden y empresarios estadounidenses llamen a tribunales internacionales al Gobierno del presidente López Obrador con el objetivo de defender contratos que corren el riesgo de ser revocados por una ley aprobada en 2021.
La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, promulgada en marzo del año pasado, y que fue objeto de más de 250 amparos, finalmente fue declarada constitucional por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la primera semana de abril. Esta resolución de la Corte sienta un precedente para desechar los amparos que alegan inconstitucionalidad de la Ley, sin embargo, muchos otros seguirán su curso.
Es decir, aquellos amparos donde se argumenta que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica «atenta con la libre competencia», «genera incertidumbre en el mercado», «daña el medio ambiente» y «no respeta los compromisos de los acuerdos comerciales internacionales» —particularmente el T-MEC, suscrito por México, EE.UU. y Canadá— aún están pendientes de resolución por parte del Poder Judicial.
Los juicios en contra de la reforma a esta Ley no serán librados solamente en el plano interno, sino también en tribunales internacionales. El embajador de EE.UU. en México, Ken Salazar, quien se ha dedicado a cabildear junto con otros funcionarios norteamericanos para que el presidente López Obrador reoriente su política energética, se declaró «preocupado» ante el fallo de la Suprema Corte mediante un comunicado de prensa.
«El Gobierno de EE.UU. respeta la soberanía de México y sus procesos democráticos. Es en este tenor de cooperación y respeto que nos preocupa que la Ley de la Industria Eléctrica de 2021 probablemente abrirá la puerta a litigios sin fin, generando incertidumbre y obstruyendo la inversión».
La de Salazar fue la última, pero no la única advertencia. Apenas una semana antes de la publicación de este comunicado, la representante comercial de EE.UU., Katherine Tai, envió una carta a Tatiana Clouthier, titular de la Secretaría de Economía, en la que apunta que por lo menos unos 10.000 millones de dólares de inversionistas estadounidenses «están en riesgo» debido a un trato que consideran «arbitrario» por parte del Gobierno de la denominada ‘Cuarta Transformación’.
En la misiva, la funcionaria estadounidense sostiene que «desafortunadamente», aun cuando su Gobierno ha tenido un ánimo «constructivo» a la hora de abordar sus «preocupaciones», por parte de México «no ha habido cambios en la política (energética)».
Y concluye informando que la representación comercial a su cargo está dispuesta a tomar en cuenta «todas las opciones disponibles» bajo el T-MEC para atender estas «preocupaciones». El mensaje es claro: llevar los alegatos ante tribunales internacionales para defender las inversiones de empresas de EE.UU. en el mercado eléctrico mexicano.
«Resistir todas las presiones», la respuesta del Gobierno de México
Desde los primeros meses de 2021, cuando se aprobó la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, el Gobierno de López Obrador ha logrado «resistir todas las presiones» que han venido desde Washington y sus corporaciones, sostiene Ángel Balderas Puga, profesor universitario especializado en temas de energía.
El catedrático destaca el hecho que ninguno de los altos funcionarios de la Administración de Joe Biden haya logrado disuadir al mandatario mexicano de ‘dar un giro’ a su política energética, enfocada en conseguir la autosuficiencia y rescatar empresas públicas como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).
Balderas Puga recuerda que, un día después de su reunión con John Kerry, López Obrador desmontó en su conferencia de prensa uno a uno de los argumentos esgrimidos por la delegación estadounidense por un supuesto incumplimiento de las reglas del T-MEC.
La Ley de la Industria Eléctrica de 2021 permite que la CFE tenga prioridad en el despacho eléctrico, así como que contratos de autoabasto puedan ser cancelados si son considerados fuera de la legalidad. Y este es el principal motivo detrás de un eventual ‘choque’.
Por ejemplo, en el documento de 10 puntos que el presidente mexicano expuso ante la delegación estadounidense se lee que su Gobierno mantiene la invitación para que empresas privadas participen en distintos rubros del sector energético, con lo cual, «no se sostiene el argumento de que hay un trato nacional discriminatorio».
Balderas Puga puntualiza que, a pesar de que la reforma constitucional en materia eléctrica no fue aprobada, el hecho de que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica de 2021 no haya sido declarada inconstitucional por la Suprema Corte permite que la CFE tenga prioridad en el despacho eléctrico, así como que contratos de autoabasto puedan ser cancelados si son considerados fuera de la legalidad.
Y este es el principal motivo detrás de un eventual ‘choque’ entre México y EE.UU. en tribunales internacionales. El presidente López Obrador se dice seguro de que le asiste la razón, toda vez que, asevera, las mismas cláusulas del T-MEC establecen que «no se acepta la corrupción» bajo ninguna circunstancia.
«Los contratos de autoabasto, si la Suprema Corte los ha declarado ilegales, no los podemos aceptar, eso es corrupción, y eso también está en el tratado (comercial)», sentenció el inquilino del Palacio Nacional el 1 de abril.
El mandatario mexicano se declaró incluso dispuesto a presentar «pruebas» de actos de corrupción ante tribunales internacionales como parte de la defensa frente a empresas estadounidenses que presenten litigios en contra de su Gobierno.
Para Ángel Balderas Puga la exhibición de «datos precisos» sobre corrupción de empresas estadounidenses por parte del Gobierno mexicano representa un «recurso de gran solidez» a la hora de enfrentar controversias.
«También es corrupción que no se paguen las tarifas justas de porteo, es corrupción que no te hagas cargo del costo del respaldo de tu energía intermitente y es corrupción que firmes contratos por más de 20 años en total desventaja para el Estado mexicano».
«En EE.UU. no ven con ‘buenos ojos’ el fortalecimiento de la CFE»
En entrevista exclusiva con RT, Rosío Vargas Suárez, consejera independiente del Consejo de Administración de la CFE, y quien antes se desempeñaba como investigadora en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM, considera que los reclamos por parte de EE.UU. obedecen a que «busca imponer su hegemonía» en la industria eléctrica de su vecino del Sur.
La especialista en temas de energía y geopolítica refiere que como tal «no existe exclusión» de las empresas estadounidenses. Asegura que el Gobierno del presidente López «no le ha cerrado las puertas a la inversión extranjera» en el sector energético.
Vargas Suárez detalla que se «ha convocado a empresas norteamericanas a participar en el sector en una enorme cantidad de rubros», bien sea a través de la compra de gas natural, bien sea a través de la asignación de contratos para la construcción de la refinería de Dos Bocas (Tabasco) y otros proyectos de infraestructura, por mencionar algunos ejemplos.
De tal forma que, de acuerdo con la consejera independiente de la CFE, «no hay exclusión ni un trato nacional discriminatorio» por parte del Gobierno mexicano en contra de las empresas estadounidenses como han venido argumentando altos funcionarios de la administración de Joe Biden.
Todo apunta a que el «asunto de fondo», asevera Vargas Suárez, es que «en EE.UU. no ven con ‘buenos ojos’ el fortalecimiento de la CFE», empresa pública que el Gobierno de López Obrador busca rescatar junto con Pemex.
Y es que, a diferencia de Gobiernos anteriores, emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), bajo la perspectiva de la denominada ‘Cuarta Transformación’ la energía representa un «asunto estratégico y de seguridad nacional», explica la también especialista en temas de integración energética regional.
Es que uno de los objetivos de la administración de López Obrador es, asegura Vargas Suárez, que México recupere su «soberanía energética», mientras que desde la Casa Blanca lo que se busca es «profundizar la dependencia» hacia EE.UU., de ahí que no sea «bien visto» que empresas públicas como la CFE ganen protagonismo en el mercado eléctrico.
«La CFE es muy fuerte y eficiente, es una empresa que está haciendo buenos negocios y que tiene la capacidad de garantizar una transición energética exitosa para México bajo la perspectiva de constituirse como parte de un gran proyecto nacional con efectos multiplicadores para el país», concluye.
Ariel Noyola Rodríguez
@noyola_ariel
Fuente: https://actualidad.rt.com/actualidad/427396-tribunales-internacionales-industria-electrica-mexico-eeuu